Maria Elvira Espinosa es una campesina del Tolima que desde que nació ha sido desplazada de su tierra. Lleva más de 40 años luchando por ser dueña del terreno en que trabaja.
Cuando Maria Elvira Espinosa tenía apenas un día de nacida sus padres tuvieron que sacarla corriendo de su hogar en Pastales, departamento del Tolima. La violencia del 48 hizo que a su familia no le quedara más remedio que trasladarse a Ibagué y dejar sus tierras.
“Mi papá era campesino. No sabía nada más que recolectar café y sembrar plantas” recuerda Maria Elvira. Así que toda la familia lo ayudó a trabajar unas tierras en Ibagué que algunos amigos les prestaban o arrendaban. Por eso, tanto ella como sus hermanos iban muy poco a la
escuela. Sólo estudiaron hasta quinto de primaria.
Años después se fue a vivir con un compañero a Santander en donde, durante 16 años, trabajaron las tierras de otros. En ese momento la violencia la representaban los paramilitares, quienes le mataron a un hijo y le quitaron la posibilidad de seguir su labor en el campo. Corría el año 88. Tuvieron que deambular por el departamento buscando sobrevivir. “En esa época el conflicto en Santander era tenaz. Trabajamos en algunas fincas pero eso no era rentable. Entonces en el 90 decidimos venir a Bogotá para probar suerte”, comenta.
Mientras vivieron en Santander hicieron parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR). Sin embargo, su continuo desplazamiento hizo que perdieran el contacto. Afortunadamente se reencontraron en Bogotá, ya para el año 1992, y volvieron a vincularse a la organización. Mientras tanto, el marido de María Elvira se dedicó a trabajar en un cultivo de flores en Madrid, Cundinamarca.
Paralelamente, un grupo de campesinos del Sur del Cesar a los que los paramilitares también les habían arrebatado sus tierras y a quienes les mataron dos líderes, arribaron a Bogotá en 1996 en busca de una solución por parte del Estado. Durante ocho meses se tomaron el INCORA y la Defensoría del Pueblo. Fue tal su insistencia que, según María Elvira “El INCORA ya no se los aguantaba más y les entregó lo que hoy se llama Hacienda la Miel, Barrio Nueva Esperanza, en Ibagué”.
Como este grupo de campesinos había trabajado de la mano con ANUC - UR se estableció que cinco de los miembros de esta organización recibieran una parte de las tierras de la Hacienda la Miel. Una de las beneficiadas fue María Elvira, quien como cabeza de familia —su antiguo compañero se había ido— tuvo participación en la entrega de los predios.
Sin embargo, la luna de miel duró muy poco pues el INCORA les puso unas condiciones que, a largo plazo, resultaron muy difíciles de cumplir. Lo primero que les exigieron fue que trabajaran como una empresa comunitaria. “Eso para el campesino es muy duro porque uno está acostumbrado a trabajar de manera individual. Además, al final los recursos los terminan manejando los hombres y a las mujeres las dejan por fuera. Trabajamos de esa manera durante cinco años pero no funcionó, entre otras razones, porque unos laboraban más que otros. Eso se
nos salió de las manos”, explica María Elvira.
Así que hace cinco años decidieron dividirse las tierras. Cada uno quedó con entre cinco y siete hectáreas. “El problema es que es un terreno en el que se ha sembrado gran variedad de productos. En un tiempo fue algodonero, luego se prestó para la ganadería y después sirvió para sembrar caña. Son tierras que están demasiado cansadas. Necesitan mucha tecnología y abonos para recuperarse. Eso nos ha constado mucho trabajo porque se necesita mucho material extra y toca pedirle dinero al banco para que la tierra se pueda mover y queda uno endeudado. Además, los bancos sólo prestan cierta cantidad que no es suficiente”.
Para rematar, el INCORA no les entregó las escrituras inmediatamente sino que les exigía que pagaran el 30% del valor de los predios, dinero que el grupo de campesinos se rehusó a pagar. Así que para obtener los documentos decidieron aceptar la oferta de una compañía privada que les ofreció pagar el valor que hacía falta a cambio de que la dejaran instalar una recicladora de basura en los predios.
“Así fue como supuestamente adquirimos las escrituras. A cambio de tener una compañía extraña en el terreno. Pero no somos los dueños de las tierras porque tenemos que esperar 10 años después de firmar el contrato para ser los propietarios legales. Y eso que ya nosotros llevamos 13 años viviendo allí. Todavía nos falta esperar cinco años más”, explica María Elvira.
Entonces, su lucha por tener una tierra legalmente y poderla trabajar sigue en pie. Cree que el Estado no debió haberles exigido ese dinero. “No deberíamos pagar nada a cambio de las tierras que habíamos perdido antes”. Además, se queja de que las capacitaciones que les hacen son muy esporádicas y que no los ayudan a crecer y consolidarse. Es muy difícil que les presten recursos y los intereses son muy altos. Por eso considera que a pesar de que es claro que la tierra es un derecho, a la hora de la verdad, no se cumple. “Uno se da cuenta de que el Estado es sordo. Si uno exige, inmediatamente lo tildan de revolucionario”.
“Me gustaría que las cosas cambiaran, que los campesinos pudieran trabajar su propia tierra en vez de formar cordones de miseria en las ciudades. No solamente les serviría a ellos sino a todos. Así viviríamos mejor. Uno sufre sabiendo que hay ‘tantas tierras en pocas manos y muchas manos sin tierra’”, concluye.
Publicado en Mujer rural. Derechos, desafíos y perspectivas. Memorias Conversatorio Internacional 7, 8 y 9 de julio de 2010. CINEP/PPP, ILC, FIDA.
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