La sorpresa del invierno

A los pocos meses de haberse posicionado como presidente, Santos debió asumir un problema que no estaba entre sus planes de gobierno: el invierno. Recuento sobre las acciones emprendidas para enfrentar la emergencia y los retos a futuro.

Por Lucía Camargo Rojas*

Camas, mesas y sillas se veían flotando en medio de lo que parecía ser un río interminable. Colombianos de diferentes regiones estaban, literalmente, con el agua hasta el cuello. Otros, por su parte, debían aguantar el trancón o usar vías alternas por culpa de los derrumbes. La oleada invernal de 2010 a 2011 afectó a más de 3 millones de personas en 93% de los municipios

En mayo de 2010 las agencias internacionales, técnicas y científicas dieron la alerta: se aproxima el fenómeno de la niña (ver recuadro). A finales de julio fue una realidad en la Costa Atlántica. A esto se le añadió el inicio del invierno. La mezcla entre fenómeno de la niña y temporada invernal fue un coctel explosivo para el país. Poco a poco las imágenes de poblaciones enteras bajo el agua coparon los noticieros. En noviembre era evidente. El país estaba totalmente inundado.

Ese mes el comité operativo y el comité técnico del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de desastres (SNPAD) alertaron a Juan Manuel Santos, presidente de la República. El 7 de diciembre se dio la declaratoria de desastre en el territorio colombiano y el estado de emergencia económica, social y ecológica. “Esta emergencia hizo mucho daño porque fue continuada y disparaba dardos permanentemente a toda la población. Atacaba en varias regiones de Colombia de forma simultánea y durante un largo periodo de tiempo, lo que produjo un efecto multi-amenaza, multiemergencia y diferentes afectaciones: unas por deslizamientos, otras por inundaciones y otras por cierre y bloqueo de vías que, combinadas, generaron un problema crítico para todo el país” explica Walter Cotte, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, entidad que atendió a casi el 50% de los damnificados.

La emergencia tomó a todos los colombianos por sorpresa, incluido el primer mandatario quien debió cambiar sus planes de gobierno y jugar rápidamente unas fichas que no tenía previstas: la creación de Colombia Humanitaria y la inclusión del tema en el Plan Nacional de Desarrollo.

Colombia Humanitaria

Para atacar el problema, Santos decidió crear, como primera medida, un Fondo para la emergencia y la rehabilitación dentro del Fondo Nacional de Calamidades que administra el SNPAD. Posteriormente, creó un Fondo de adaptación que es administrado directamente por Presidencia. Estas dos cuentas se enmarcan dentro de la campaña denominada Colombia humanitaria, que también cobija todas las acciones para atender la emergencia realizadas tanto por el gobierno nacional como por los departamentales.

La gran mayoría de los recursos (4.5 billones) del Fondo para la emergencia y la rehabilitación ya se han comprometido ylo gestionan los ministerios y las entidades descentralizadas: gobernaciones y alcaldías. Las primeras se encargan de los alimentos y aseo y las segundas de las obras mayores y menores. La entidad es quien dice cuántos recursos se necesitan, para qué y quién será el operador (una ONG, la Defensa civil, etc). La novedad consiste en que el actual gobierno creó el Fondo de adaptación (de 12 billones) que, aunque comenzó a pensarse en diciembre de 2010, inició labores en julio de 2011, y tiene proyectada una existencia de cuatro años. Busca, junto con los ministerios, hacer un seguimiento a las obras que iniciaron con los recursos del de emergencias, pero también realizar un acompañamiento psicosocial y cultural, así como una activación económica en las regiones.

De acuerdo con Lucía González, coordinadora técnica de Colombia Humanitaria, el Fondo de adaptación pretende refundar o construir de modo que el país pueda adaptarse al cambio climático. Además, actualmente se está trabajando para que este fondo promueva mecanismos de formación en ética planetaria, una institucionalidad y una legislación mucho más precisa en relación con el entorno, y una conciencia sobre la vulnerabilidad social en la que se encuentran la mayoría de afectados por el invierno: los más pobres de los pobres.

“Los objetivos finales consisten en que Colombia Humanitaria promueva el accionar de un Estado entero (toda una apuesta por la institucionalidad y la gobernabilidad) para combatir la calamidad, pero simultáneamente que esa experiencia sirva para fortalecer el SNPAD. Es una apuesta mucho más de fondo. La calamidad va a seguir sucediendo, y lo importante es dejar una capacidad instalada en el territorio y un imaginario diferente de institucionalidad” explica González.

“El país no estaba preparado”

Según el director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, el país estaba acostumbrado a emergencias medianas y pequeñas que se atendían de manera colectiva, pero no estaba preparado para una emergencia como la que ocurrió entre 2010 y 2011. “Armero era el analfabetismo, la emergencia de Paez la primaria y el terremoto del Eje Cafetero el bachillerato. Este invierno era la universidad pero no nos hemos graduado todavía. La respuesta del gobierno fue grande y fuerte, pero no fue suficiente porque el problema era demasiado grande para todos”.

De acuerdo con Ómar Agudelo, director del Centro de Estudios para prevención de desastres (Ceprevé) de la Universidad Nacional, un invierno como el pasado ya había ocurrido entre 2007 y 2008 en Sucre, Córdoba y Sur de Bolívar con cifras de damnificados igualmente alarmantes. “Nosotros deberíamos ser expertos en las dinámicas del agua y no en declararnos sorprendidos. Actuamos sobre la emergencia y no tenemos una cultura de planificación”, explica el experto.

Por su parte Rafael Colmenares, ex director de Ecofondo, alerta sobre cómo un fenómeno como la reciente emergencia invernal no sólo es atribuible al fenómeno de la niña y al cambio climático sino también a problemas más domésticos que fueron identificados por el Estudio Nacional del Agua del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (1996) en donde se explica que todo lo que ocurre en las zonas altas (páramos) y medias (industria) del país va a parar a donde confluyen las aguas.

“Como los niveles de contaminación y deforestación han aumentado en la zona andina, las lluvias no encuentran cobertura vegetal que amortigüe las precipitaciones y el agua arrastra sedimentos, causando los desbordamientos de los ríos. El resultado no puede ser diferente al de las inundaciones”, sentencia Colmenares y añade que el problema radica en creer que la reciente ola invernal es un evento particularmente trágico y no percatarse de que fue un efecto acumulado de un proceso que viene de mucho tiempo atrás.

Hacia futuro

“El invierno fue una cachetada, un agente de presión duro más allá de los discursos que obliga a que cambiemos de mentalidad y pensemos en generar sistemas y en planificar nuevos escenarios mucho más acordes con el cambio climático” comenta Cotte.

Los diferentes analistas consultados por Cien días parecen coincidir en un punto: definitivamente la emergencia invernal demostró la necesidad de que el país tenga un enfoque de reducción de riesgo y pensamiento proyectivo que se canalice en un Sistema nacional de atención y prevención

de desastres más fuerte y consolidado. Los nuevos fondos de Colombia Humanitaria parecen enfocarse en lograrlo. Pero el reto es inmenso. Cotte, por ejemplo, llama la atención para que el país tenga más capacidad de reacción y respuesta colectiva a través de un componente de mitigación, reducción del riesgo a nivel local, sistemas de alerta temprana y fortalecimiento de capacidades locales. Además, evidencia el apoyo de la Cruz Roja a la dirección de gestión del riesgo para actualizar y promover la ley 46 de 1988, por la cual se crea y organiza el SNAPD.

Por su parte, Agudelo insiste en que el país debe centrarse en mitigar la vulnerabilidad. El experto alerta sobre cómo el mapa de inundación (ver mapa) demuestra cómo la mayor afectación ocurrió en las comunidades más vulnerables, por lo que es necesario mejorar su desarrollo social y económico para que la situación no se repita. Incluso, recuerda la famosa frase de Omar Darío Cardona, docente de la Universidad Nacional sede Manizales: “Los desastres corresponden a los problemas no resueltos por el desarrollo”.

Frase con la que el presidente de la República pareció estar de acuerdo cuando afirmó, en medio de la tragedia invernal, que el invierno era la oportunidad para el desarrollo de las comunidades afectadas. Para lograrlo, argumenta Agudelo, el país debe entender qué es ‘gestión de riesgo’, un término que, según el investigador, se ha puesto de moda pero pocos están atendiendo. “La gestión del riesgo no es la gerencia del desastre sino un proceso que va desde la prevención hasta la reconstrucción, en donde los eventos amenazantes y la vulnerabilidad están en posibilidad de manifestarse y, por consiguiente, hay que intervenirlos”.

De acuerdo con Agudelo, al crear los fondos de Colombia Humanitaria, el gobierno le quitó autonomía a la dirección de gestión del riesgo del SNPAD, entidad que debería ser la que fije las prioridades de los fondos. Además, a diferencia de González, considera que el SNPAD debería manejar todo el tema de la emergencia y no una nueva entidad como Colombia humanitaria.

¿Está el SNPAD preparado para atender nuevas emergencias y para reducir la vulnerabilidad de la gran mayoría de regiones del país? ¿Se tiene que fortalecer en sí mismo o necesita de una ayuda externa como Colombia Humanitaria? ¿Maneja el sistema un enfoque de gestión del riesgo como proceso? ¿Lo maneja en este momento Colombia Humanitaria? Son algunas de las preguntas que empiezan a hacerse las entidades relacionadas con la emergencia. Lo cierto es que el invierno demostró que, definitivamente, el país no está enfocado en prevenir.

Los analistas consideran que el gobierno se la metió toda para atender la emergencia (socorro) y

ha hecho un gran esfuerzo por fomentar la reducción de riesgo y pensar a futuro (planificar y prevenir) a través del Fondo de adaptación. Pero no es suficiente. Se hace urgente que las diferentes entidades involucradas den la discusión sobre cuál puede ser la mejor estrategia para fortalecer el SNPAD. El modelo de Colombia Humanitaria dará pistas pero debe estar en permanente discusión con el SNAPD y demás entidades.

Pero además, la emergencia alerta, como plantea Colmenares, sobre cómo las alteraciones del ciclo hidrológico también contribuyen a generar nuevos problemas de inundación que seguirán pasando si se promueven sistemas productivos que alteren los ciclos naturales. El gobierno ha dado pasos pero parece que el tema del invierno, mezclado con el ambiental, puede llegar a generar situaciones que desborden todas las capacidades. “Esta tragedia la podemos convertir en una oportunidad pero va a depender mucho más del Fondo de adaptación. De que logre corregir errores de la infraestructura, pero sobre todo si es capaz de profundizar en el compromiso que todos tenemos con el medio ambiente”, comenta González.

Sin embargo, la eficiencia del uso del dinero de los fondos también dependerá de la transparencia con la que se destinen los recursos del invierno. Por la premura de la emergencia, se decidió que la “Ley de Garantías” no aplicará para la ejecución de los recursos provenientes del Fondo de calamidades y aunque en un comunicado de Colombia Humanitaria se afirma que “las entidades deben minimizar el riesgo de que se presente una indebida utilización de los recursos” la Misión de Observación Electoral (MOE) ha alertado sobre cómo su distribución puede terminar convirtiéndose en botín electoral (El Tiempo, 2011). Por eso la MOE accederá a la información sobre la destinación de recursos semanalmente. Pero, de acuerdo con esa entidad, es necesario que haya una fuerte vigilancia de la Contraloría y los mismos ciudadanos.

En octubre vendrá una nueva oleada invernal y todas las entidades esperan estar más preparadas. Pero los inviernos más fuertes se presentarán cuando se vuelva a juntar el periodo invernal con el fenómeno de la niña. Del gobierno, y de todos los colombianos, dependerá que no sea una cachetada en la otra mejilla del país.

Recuadro:

Fenómeno de la niña y cambio climático

Los fenómenos del niño y la niña son procesos que se dan en Suramérica y en las costas de Australia porque el Océano Pacífico se calienta de forma anómala y en algunos casos se enfría. Este cambio drástico de temperatura en el mar hace que el patrón de vientos se transforme y, por lo tanto, que la cantidad de precipitaciones que migra a nuestro territorio varíe drásticamente. Cuando en nuestro país hay exceso de precipitaciones estamos ante la presencia del fenómeno de la niña o el fenómeno frío del Pacífico. En cambio, cuando llueve menos se está ante la presencia del fenómeno cálido o del niño.

En la comunidad científica se empieza a especular que, probablemente, el fenómeno de la niña —un ciclo natural del planeta que ha ocurrido, por lo menos, desde hace 1200 años — se ha vuelto más recurrente por el cambio climático. Sin embargo, Efraín Domínguez, docente de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana es enfático en afirmar que es necesario encontrar la evidencia para comprobar esa hipótesis. Es claro que este fenómeno no es particularmente cíclico pero sí es recurrente. No obstante, daría la impresión de que en la última década se ha presentado de forma más frecuente. En los últimos 70 años estaba ocurriendo con una periodicidad de más o menos cada 12, 14 o 20 años, mientras que en las últimas dos décadas se ha presentado cada siete años.

Si la temperatura global del planeta se ha vuelto cada vez más caliente por causa del cambio climático, es probable que también lo haga la superficie del océano. Sin embargo, Domínguez aclara que, en la medida en que la tierra es un sistema natural, busca autoregular su temperatura y, por lo tanto, los patrones tanto de corrientes atmosféricas y oceánicas necesariamente tienen que cambiar. Pero aún la comunidad científica no ha medido la magnitud ni la periodicidad de ese cambio.

Referencias:

• El Tiempo.com, 2011, “Que ayuda a damnificados no se convierta en botín electoral” en El

Tiempo.com, Bogotá, julio 4. Disponible en:

• Colombia Humanitaria.gov.co, 2011, “’Ley de Garantías’ no aplica para los contratos que se

celebren con ocasión de emergencia invernal” en Colombiahumanitaria.gov.co, julio 1 de

2011.

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*Periodista del equipo de comunicación del CINEP/PPP

Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 73, agosto de 2011.

La ruta de Santos. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Analistas de diferentes corrientes reflexionan sobre el mapa de navegación del gobierno Santos: el Plan Nacional de desarrollo 2010-2014 que tiene como objetivo “lograr mayor prosperidad para toda la población”.

Por Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa*

1. ¿Cuáles son los avances y retrocesos del PND 2010-2014 en relación a los de gobiernos anteriores?

Hernando José Gómez. En el PND buscamos identificar los elementos que valía la pena retomar del pasado y partir de un diagnóstico claro que permitió interconectar armónicamente cada uno de los lineamientos estratégicos y políticas. Uno de los grandes avances consistió en partir de lo regional a lo general y no al contrario. El problema de inequidad del país en gran medida comienza por la divergencia que existe entre las regiones, y se apuesta a reducirlo teniendo claridad en que no todas las políticas funcionan de igual manera en cada región.

Otro avance importante fue recuperar la idea de que sí puede haber políticas sectoriales, pero sólo cuando tienen suficiente equilibrio entre lo público y privado. Ni el Estado ni el sector privado tienen la información completa sino que entre los dos la construimos para tomar las mejores decisiones de política sectorial que ya no pueden seguir orientadas al proteccionismo ni a subsidios individuales sino a la producción de bienes públicos a través del fomento de la ciencia y tecnología, la infraestructura, las tecnologías de la información, etc.

César Ferrari. Un avance importante de este PND con respecto a los anteriores es la manera como se hizo el diagnóstico de cada una de las regiones del país. En ese sentido, el énfasis en el desarrollo regional es positivo y la caracterización y reconocimiento que se hace de la situación socio-económica de las regiones es sumamente valiosa. Sin embargo, el plan no llega a plantear una solución ni cuáles serían los proyectos acordes con ese diagnóstico, sólo nombra un futuro “programa nacional para la formación y/o consolidación de corredores y áreas de desarrollo regional” que estaría aún en proceso de construcción.

Adicionalmente, el plan tiene una gran dificultad: carece de una política económica. Sorprende que aspire a un crecimiento elevado y sostenido sin proponer cómo lograrlo a partir de los instrumentos de política fiscal, monetaria y de regulación. En ese sentido, el PND es un rosario de buenas intenciones, pero falta plantear cómo resolverlas. Además, no hay claridad en cómo se articulan las cinco locomotoras. Por ejemplo, se plantean retos para reducir el desempleo pero simultáneamente el énfasis en hidrocarburos, que no genera empleo, señala que va a haber problemas con respecto a la tasa de cambio. Si la tasa de cambio no es competitiva va a afectar a los sectores transables y a la agricultura. Pero el plan no plantea una sola palabra sobre manufactura, sector generador de empleo, ni sobre una política respecto a la tasa de cambio.

Olga Lucía Acosta. Es un plan que aprende de anteriores, se fija objetivos alcanzables y propone las políticas para lograrlos. Las metas sectoriales están definidas para los distintos departamentos y se cuenta con mecanismos para alcanzarlas. Se propone reducir las brechas regionales y tiene metas muy ambiciosas en las regiones más atrasadas, pero su éxito dependerá también del compromiso de los gobiernos locales y de otros actores. Otro avance importante consiste en que se hará seguimiento de los resultados a través de un sistema de indicadores en el que están involucradas todas las agencias del gobierno.

El plan tiene metas y objetivos precisos en materia de empleo, pobreza y seguridad. Propone mejorar las condiciones de crecimiento económico para promover más empleo y la formalización laboral, así como la articulación de estas políticas con los programas sociales para la consolidación del Sistema de Protección Social. Entre los principales avances en materia social están la definición de rutas de salida de los programas asistenciales hoy agrupados en el Sistema de promoción social, hacia políticas que promuevan su tránsito a los programas de protección social para toda la población. Otra mejora importante consiste en medir la eficacia de la política social por el número de familias que salgan de la pobreza y no por el número de subsidios que se otorgan.

Eduardo Sarmiento. Los planes de desarrollo de estas dos últimas décadas han girado alrededor del Consenso de Washington (libre comercio, inversión extranjera y asistencialismo), y el plan de este año sigue con esa línea. Además, al igual que los dos últimos planes, mantiene a la minería y la infraestructura como los elementos dominantes. Por último, el PND se equivoca al renunciar a que el Estado tenga un alto grado de presencia para orientar directrices y fomentar que la organización económica esté basada en estímulos individuales.

Darío Fajardo. El plan se enfoca fundamentalmente en la atracción de inversiones para minería y agroexportables en la altillanura. En ese sentido, va por la misma línea del PND del gobierno Uribe. El ex presidente buscaba promocionar estos proyectos de gran inversión y producción intensiva de capital y veía como problema la protección de la economía campesina que ahora Santos desmonta. Así se evidencia una continuidad importante entre los lineamientos de la política de los gobiernos Uribe y Santos. Por otra parte, el posicionamiento de grandes inversiones tanto nacionales como internacionales en el gobierno Uribe hizo que se diera el fenómeno de la pérdida de la producción. Esas inversiones tienen un lugar muy favorable en el plan actual.

2. ¿Las estrategias de seguridad, justicia y derechos humanos garantizan los derechos humanos y la consolidación de la paz?

Hernando José Gómez. Uno de los pilares del plan de desarrollo es la consolidación de la paz en el país que se basa en la seguridad, entendida de una manera integral: íntimamente relacionada a la restitución de tierras y la ley de víctimas, y con el plan de consolidación. A esto se le añaden la seguridad ciudadana y la eficiencia de la justicia.

La consolidación de la paz se basa en todos esos niveles. La restitución de tierras va de la mano de promover alianzas productivas y subsidios para los proyectos. El plan de consolidación, además, parte de la evaluación de las necesidades de la región para hacer gestiones más completas y así poder recuperar el territorio. En la medida en que lo vayamos logrando, estaremos armando comunidad y, evidentemente, tendremos el mismo nivel de respeto de derechos humanos que hay en las zonas del país en donde no hay conflicto.

César Ferrari. Los conflictos sociales se derivan de problemas económicos irresolutos. Mientras no se resuelva el problema de crecimiento económico para generar empleo, va a seguir persistiendo la inequidad, que genera problemas de insatisfacción y de conflicto social. No tiene sentido plantear una política de seguridad cuando se manejan tan altos niveles de desempleo y de subempleo. Las políticas asistencialistas no resuelven nada o sólo urgencias, pero no generan soluciones permanentes. Se necesita un crecimiento elevado, sentido y que sea amplio en la generación de empleo.

Olga Lucía Acosta. Las políticas para lograr la paz están basadas en estrategias de seguridad, acceso a la justicia y garantía a los derechos humanos. El PND parte de reconocer los problemas del pasado y declarar que en este país no pueden volver a ocurrir los hechos que han significado violaciones a los derechos humanos y al DIH. La aprobación de la Ley de víctimas, en la que muchos actores venían trabajando hace años, logra consenso con el apoyo de este gobierno y apunta en la dirección de las estrategias propuestas en el plan, así como la reforma al sistema judicial. El documento plantea la educación de todos los ciudadanos en la observancia a los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y el respeto de las diferentes identidades.

Eduardo Sarmiento. En el plan hay una serie de enunciados en los tres temas pero esos aspectos no garantizan los derechos humanos. Por ejemplo, con la restauración de las víctimas y la restitución de las tierras se avanza con relación al gobierno anterior, pero de ninguna manera se da la garantía para los derechos humanos. Una de las consecuencias del modelo económico que se aplicó en estos veinte años es que se ha manifestado en la tasa de empleo más alta de América Latina. Eso ha traído consigo un aumento de la informalidad y una exclusión de casi la mitad de la población que se observa en cómo el índice de pobreza se ha mantenido en 50% en los últimos años.

Darío Fajardo. El actual gobierno ha hecho una operación mediática en la que se exalta la restitución a las víctimas a la vez que continúa con el mismo modelo de expropiación de la tierra y de apoyo a grandes proyectos del gobierno Uribe. No veo ninguna perspectiva de consolidación de la paz porque el tema de la usurpación de tierras continúa y aunque se han hecho algunas correcciones, persiste el mismo modelo.

Un proceso de paz no se hace con palomas ni con discursos o margaritas, sino cambiando las condiciones de vida. Colombia es uno de los países con mayor inequidad, factor que está relacionado directamente con la guerra. Mientras se estén generando expresiones de rechazo y hostilidad derivadas de la inequidad, no va a haber paz.

3. ¿En el PND se armoniza la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo de desastres con el desarrollo extractivo y económico?

Hernando José Gómez. Los mamos tienen que convivir con los mineros. Hay modelos buenos y malos del sector extractivo. Hay países que se han empobrecido con la minería porque se les ha revaluado la tasa de cambio, porque se ha dado corrupción alrededor del negocio, o porque la minería no multiplica progreso a las comunidades. Por eso los retos que tenemos en el sector minero-energético son múltiples. Nos hemos esforzado en distribuir mejor los recursos que recibirá el Estado y en pasar el acuerdo legislativo que mejora el reparto de las regalías a nivel de todo el país. Pero aún debemos implementar adecuadamente toda la normatividad ambiental. En el plan se enfatiza en que no debe haber ni exploración ni explotación minero-energética en los páramos, en las zonas de coral, o en las zonas de humedales, para así garantizar eficiencia por el lado del otorgamiento o rechazo a las licencias ambientales. Pero aún debemos mejorar para garantizar el cumplimiento de la norma.

César Ferrari. La minería quiere que se le concesionen todos los terrenos en donde se generan los abastecimientos de agua y en el plan se priorizan los intereses mineros. En ese sentido, no se ve una armonización clara con las necesidades ambientales del país. Si desde ya no se toman medidas este enfoque del plan va a generar muchos problemas.

Olga Lucía Acosta. El tema de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo minero fue uno de los más ampliamente analizados en el proceso de elaboración del PND. Con la discusión que se llevó a cabo en el Congreso se logró limitar la minería en páramos o la exploración en áreas de arrecifes de coral. Sin embargo, el deterioro de las instituciones encargadas del otorgamiento de licencias y el desarrollo de la minería sin control tiene ya hondas consecuencias que no alcanzan a ser enfrentadas con los instrumentos con los que cuenta la nueva administración. Será necesario fortalecer estas instituciones para buscar la explotación de los recursos mineros, con una regulación y control que mitigue el daño ambiental y prohíba la explotación en las áreas protegidas.

Eduardo Sarmiento. No. Hay una prioridad minera que tiene efectos nocivos en materia ecológica, al punto de que se podría decir que la extracción ha tenido prioridad sobre el medio ambiente y luego sobre la prevención de desastres que ya se vio con las dos olas invernales. El país no tiene las carreteras, ni las previsiones, ni la destinación de recursos para anticipar y manejar situaciones ambientales críticas que luego de la globalización y de los daños al medio ambiente se han vuelto más frecuentes.

Darío Fajardo. Esa expresión confusa de sostenibilidad que se usa para referirse a lo ambiental, lo político y lo social se diluye con la política de sostenibilidad fiscal. La regla fiscal es una dictadura de lo presupuestal sobre lo requerido que no responde a las circunstancias en las que está Colombia. Por ejemplo, el invierno demostró que con las variaciones climáticas se profundiza la vulnerabilidad de los sistemas de asentamientos por lo que se hace necesario reasignar muchos de los recursos para otro tipo de funciones. Pero tan sólo el reparar las vías va a absorber todos los recursos y la regla fiscal impondrá topes que impedirán que se asignen otros que se necesiten.

4. ¿De qué manera las locomotoras para el crecimiento económico y la generación de empleo podrían impulsar o frenar el desarrollo social del país?

Hernando José Gómez. Si entendemos desarrollo social no solamente como si la gente tiene empleo o no, sino que se reduzcan los índices de pobreza extrema en el país, que los niveles de participación ciudadana se incrementen y haya más tejido social, podremos impulsar el desarrollo social en la medida en que, gracias a las locomotoras, la economía se consolide y tengamos crecimientos superiores al 5% y esto repercuta, por ejemplo, en tasas de desempleo de menos de un dígito. Por otra parte, somos conscientes de que nuestros programas sociales muchas veces no llegan a los más pobres, por eso buscamos con Red Unidos ayudarnos a focalizar la política y tener mayor impacto.

Con el plan también buscamos fortalecer las bases regionales a través de las comisiones regionales de competitividad que permitan definir planes con apuestas productivas que realmente generen procesos autosostenibles en las regiones y, de esta manera, podamos garantizar el desarrollo social en todo el país.

César Ferrari. Si el enfoque que tiene actualmente el plan no se resuelve con crecimiento y generación de empleo, la conflictividad no va a disminuir y, por lo tanto, se va a frenar el desarrollo social.

Olga Lucía Acosta. El objetivo del PND es que estas cinco locomotoras impulsen el desarrollo del país: la innovación, la agricultura, la vivienda, el transporte y la minería. Con la locomotora de la innovación se busca impulsar el desarrollo de sectores estratégicos: la biotecnología, la energía, los sectores industriales y de servicios con mayor potencial, las industrias creativas y culturales, entre otros. La locomotora de la agricultura busca hacer compatible el desarrollo rural de pequeños campesinos con zonas donde las actividades agropecuarias a gran escala puedan convertirse en propulsoras del progreso de algunas regiones. El sector vivienda busca un manejo integral de las políticas de asentamientos humanos, agua potable y saneamiento, en la búsqueda de ciudades sostenibles. El sector de infraestructura de transporte pretende crear las condiciones institucionales para que Colombia cierre la brecha que tiene en vías, puertos y aeropuertos. La locomotora de desarrollo minero pretende sacar provecho de las riquezas mineras y de la experiencia y potencial eléctrico del país en una coyuntura excepcional de los mercados mundiales.

Eduardo Sarmiento. El plan promueve sectores que son seguidores y complementos, como la minería, y no menciona las actividades que son de verdad locomotoras, como la industria y la agricultura —sectores de mayor expansión y de mejores oportunidades de empleo bien remunerado—. Así, el PND promueve una locomotora que no impulsa otros sectores y que no genera empleo ni promueve realmente el sector servicios.

Darío Fajardo. Eso es muy difícil porque el marco económico en el que se inscribe el PND sigue siendo el mismo de los años 90, es decir, todo el modelo liberal de protección al capital y control al trabajo. Es una economía orientada a enriquecer y favorecer capitales y grandes inversiones en la minería, sector intensivo en capital pero no en empleo. Ese modelo económico supone que si hay desarrollo y beneficio para los de arriba algo va a caer para los de abajo, pero lo que se ha visto es que eso no sucede. Las ganancias del sector financiero, que son impresionantes, no han mejorado las condiciones de los sectores populares en acceso al crédito, a la vivienda o a la educación.

5. ¿Los ejes y las estrategias planteadas en el PND son suficientes para garantizar su objetivo de lograr mayor prosperidad para toda la población?

Hernando José Gómez. Aspiro a que sí. Nosotros definimos prosperidad para todos en términos de que haya más oportunidades de empleo y trabajo. Nos pusimos como meta lograr una tasa de desempleo de un dígito y un mayor nivel de formalización en la economía. Segundo, tenemos metas muy ambiciosas de reducción de pobreza y pobreza extrema. Y tercero, buscamos seguir consolidando los temas de seguridad con un enfoque mucho más amplio. Para eso el gobierno sacó la ley de víctimas y restitución de tierras, y ha seguido atacando tanto a la guerrilla como a las bandas criminales.

Pensamos en que en la medida en que vamos siendo exitosos en cada una de estas áreas estamos cumpliendo con el objetivo de la prosperidad para todos. Prosperidad desde el más rico hasta el más pobre. Necesitamos no solamente que los colombianos salgan de la pobreza sino que haya una senda de desarrollo individual y social que permita que la persona obtenga un empleo formal, y que así empiece un camino para que además sus hijos se puedan inscribir a la universidad y empiece a haber un proceso de movilidad social en Colombia. Al final del día, ese proceso nos llevaría a garantizar la equidad.

César Ferrari. No veo una estrategia clara y definida para lograr el objetivo. Por ejemplo, se dice que el país va a invertir más en ciencia. Pero no se piensa en que se invierte poco en ciencia, tecnología y desarrollo por una razón elemental: la incertidumbre de invertir en productos que no se conocen es muy alta, por lo que se requiere de una rentabilidad gigantesca. Así que nadie invierte en innovación porque es muy riesgoso. Pero el problema principal que el plan tiene para llevar a cabo su objetivo es la omisión de una propuesta consolidada y coherente de política económica, incluyendo una política monetaria que oriente la política y la ejecución monetaria del banco central.

Olga Lucía Acosta. Los ejes y las estrategias constituyen una apuesta importante de una administración, con metas alcanzables en cuatro años, pero con la claridad de que la prosperidad para toda la población requiere una construcción de más largo aliento de los diferentes grupos sociales. Los énfasis y la dirección que ha puesto el PND fortalecen las posibilidades que tiene Colombia para brindar un mejor nivel de vida a los colombianos. Es necesario persistir en el esfuerzo para alcanzar un objetivo que es de más largo aliento.

Eduardo Sarmiento. No, el modelo no lleva a cumplir ese objetivo. En primer lugar, porque se basa en el mismo modelo económico que no funcionó en estos 20 años. El PND no da crecimiento económico sino que amplía las brechas entre el capital y el trabajo y promueve una inclusión social por la vía de un asistencialismo que alivia el estado del ser humano y las condiciones de los pobres, pero no cambia su posición relativa. Es un plan basado en una serie de teorías que no son válidas en la economía colombiana y que tiene un resultado negativo: no da suficiente crecimiento, no reduce considerablemente el desempleo ni la informalidad y no evita la tendencia de ampliación de las desigualdades.

Darío Fajardo. No. El título y la exposición de motivos el PND son un ejercicio para hacer creer, pero los resultados del modelo que se viene aplicando durante dos décadas (Consenso de Washington) son visibles. Las banderas y propósitos que plantea el plan son puramente discursivas. No hay una compatibilidad entre los resultados que se pueden esperar y las estrategias que anuncia. En lo que sí hay consistencia es entre los instrumentos y los resultados que ya acumulamos durante estos años que si se siguen aplicando de igual manera no van a generar resultados distintos.

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*Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa hacen parte del equipo de comunicación del CINEP/PPP.

Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 73, agosto de 2011.

Termómetro de paz

El gobierno Santos ha declarado en varias ocasiones que tiene la llave para abrir las puertas de la paz con los grupos armados. ¿Estamos en una época más proclive a la paz? Cien días entrevistó a cinco analistas de distintas corrientes de pensamiento para medir si, según los expertos, nos acercamos o nos alejamos a una posibilidad real en materia de diálogo.

Por Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa*

1. ¿Nota algún cambio en materia de paz y negociación con los grupos armados, especialmente con las guerrillas, en gobierno Santos con respecto a gobierno Uribe?

Alfredo Rangel: Creo que en política de paz hay más continuidad que cambio entre Uribe y Santos. Considero que ha sido una política de Estado que ha permanecido intacta. Los dos mandatarios han dejado la puerta de los diálogos abierta para la guerrilla y han exigido las mismas condiciones para que los diálogos se ejecuten: cese unilateral de hostilidades, declaración inequívoca de su voluntad de abandonar la lucha armada, cese del secuestro y abandono del narcotráfico.

Carlos Lozano Guillén: No existe ningún cambio de fondo, tal vez sí de forma, pero en lo fundamental Santos continúa la línea de guerra de la seguridad democrática. Su lenguaje es más prudente, a la vez que anuncia que tiene en la mano la llave de la paz para abrir la puerta cuando lo considere conveniente. Pero insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, cuando buena parte de la degradación del conflicto es atribuible al Estado, cuya naturaleza violenta es evidente. La salida política negociada exige gestos recíprocos y voluntad de ambas partes. No es suficiente que el presidente tenga una actitud más decente que la de su predecesor, tiene que romper las ataduras a las presiones uribistas y militaristas y la herencia de los últimos ocho años.

Álvaro Leyva Durán: Hay un cambio fundamental. En la administración Uribe se negó el conflicto interno, mientras que el gobierno Santos no lo ha hecho. Incluso, José Obdulio Gaviria escribió un libro dedicado a demostrar que en Colombia no había conflicto interno. Al negarlo, se evitó la aplicación del DIH y eso trajo todas las consecuencias propias de una confrontación sin reglas de juego como, por ejemplo, que se haya cometido tanta barbaridad so pretexto de que lo que había era exclusivamente terrorismo y delincuencia común.

En cambio en el actual gobierno hay un mayor respeto por los derechos humanos y una intención de aplicar el DIH en la medida de lo posible, hechos que denotan la existencia de un conflicto interno. Eso implica que ya se están abriendo espacios a una solución distinta a la de las armas y, por lo tanto, que hay una puerta abierta antes inexistente. Ojalá se pueda hacer uso de ella. De

hecho, para mí, desde que Uribe no gobierna todos los días son una posibilidad de diálogo.

Carlos Medina: Santos ha sido cuidadoso en el manejo del tema de la paz. Sabe que tiene que tomar distancia de la postura radical del ex presidente Uribe sin erosionar el nivel de legitimidad

con el que llegó al poder. Es consciente de que tiene detrás de sí importantes sectores de la oposición de la extrema derecha que aspiran a que no se produzcan diálogos con la guerrilla y a que se mantenga la estrategia de guerra que fue implementaba a través de la política de la seguridad democrática.

Pero creo que podría estar interesado en un proceso de paz si encuentra que hay voluntad explícita de los grupos insurgentes, en particular de la guerrilla de las Farc, para adelantar un diálogo que pueda llevarse a feliz término y que no genere falsas expectativas que posteriormente tenga que pagar políticamente cuando, imagino, aspire a la reelección. Por esa razón considero que va a ser cauteloso y que va ir creando los consensos y los acuerdos internos en el bloque de la Unidad Nacional que le permitan tomar decisiones al respecto de un posible proceso de paz.

María Victoria Llorente: No hay cambios fundamentales en términos de las condiciones. Se mantiene el discurso de Uribe en cuanto a que la guerrilla tiene que mostrar hechos. En eso Santos mantiene la misma lógica. Pero sí ha habido un cambio muy importante porque se ha des-radicalizado el ambiente.

Además, hay una diferencia grande, y es que el presidente aclaró que si va a haber un tema de la paz, que yo todavía no lo veo muy claro, lo manejará él. Es decir, será una gestión exclusiva del presidente, distinto a como se manejó en el gobierno anterior. Eso permitirá no generarle ruido a los procesos, ni tantos intereses y personas con agendas propias que puedan interferir en cualquier eventualidad.

2. ¿Cree que la ley de víctimas y tierras que está promoviendo el gobierno Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los grupos armados, especialmente con las guerrillas?

Alfredo Rangel: La ley de víctimas es una iniciativa del Estado colombiano para reparar el daño que los grupos armados irregulares han realizado contra la población civil. Esa ley de víctimas es una iniciativa que, a nivel internacional, no tiene ningún antecedente en la historia de los conflictos armados internos de las últimas décadas. Que se ejecute es independiente de la posibilidad de realizar diálogos con las guerrillas.

Carlos Lozano Guillén: La ley de víctimas y la ley de tierras son parte de las reformas que generan condiciones de salida política del conflicto, pero a pesar de ser pasos positivos, son insuficientes. La ley de tierras elude lo fundamental, que es la reforma agraria. Cualquier solución al problema de la tierra pasa por “tocar” la tenencia y la concentración de su propiedad. La existencia del latifundio es una deuda histórica del capitalismo en Colombia con el campo y el conflicto armado. Y es precisamente lo que elude la llamada ley de tierras con todo lo importante que significa quitarle las tierras a las mafias y devolverlas a sus dueños que fueron víctimas del despojo. Por su parte, la ley de víctimas afronta varios obstáculos que le impiden lograr sus objetivos: la falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la ausencia de la consulta previa y de medidas que garanticen el acceso a la verdad y la justicia, y la ley de sostenibilidad fiscal.

Álvaro Leyva Durán: No creo que esa haya sido la intención en el diseño. La ley de víctimas tiene que ver con el proceso de Uribe en torno a las llamadas fuerzas paramilitares y se desprende de la de Justicia y Paz. De tal manera que no corresponde a una visión dirigida a la solución con la guerrilla. Por su parte, la ley de tierras es una necesidad sentida con o sin guerrilla, con o sin paramilitares: devolver las tierras a sus dueños. En ese sentido, tampoco

obedece directamente a una política dirigida en el logro de la paz. Esto no significa que no sea un instrumento útil, porque en el fondo está aproximándose a una de los puntos neurálgicos del conflicto: tenencia y uso de la tierra. De tal manera que si no fue diseñada con el propósito de lograr caminos hacia la paz no deja de ser un tema central que habrá que tenerse en cuenta en el momento de una posible negociación.

Carlos Medina: La ley de víctimas y la de tierras no contribuyen a aclimatar el proceso de paz con las guerrillas. Por el contrario, van a ser tomadas por los grupos armados como una razón más para desarrollar sus guerras o como una bandera para adelantar procesos de paz que busquen la mayor integralidad de las leyes y una profundidad de las mismas en la atención a las víctimas y a la distribución de la propiedad de la tierra en el país.

Estas dos leyes son un proceso de ajuste y de legitimación de dos fenómenos que se produjeron en el desarrollo de la guerra paramilitar en los últimos años. La política de restitución de tierras apenas devolverá dos millones de hectáreas de las 10 millones que fueron expropiadas a campesinos y medianos propietarios. Estos terrenos, además, van a ser difíciles de ocupar porque van a contar con presiones de sus ex propietarios, que las adquirieron por la vía del testaferrato cualificado y de la guerra. Así, esta ley no va a resolver ningún problema en materia de tierras y va a demandar a futuro una reforma agraria integral, que sigue siendo bandera de los grupos insurgentes tanto de las Farc como el ELN. Por otro lado, aunque la ley de

víctimas también busca en un proceso de reparación de la población que fue víctima de la violencia, tiene una gran discusión sobre los topes económicos y fiscales con que se puede llegar a la reparación, sobre la fecha a partir de la cual se reconoce la condición de víctima y sobre la misma condición de víctima que aún debe ser clarificada.

En ese sentido, frente a los actores armados estas leyes no resuelven el problema sino que lo profundizan. Sin embargo, de alguna manera sanan una situación ante la opinión pública.

María Victoria Llorente: La ley de víctimas no se puede entender como una ley para hacer la paz con los grupos armados. Se hace porque este país tiene una enorme cantidad de víctimas con las que el país tiene una deuda muy grande. Creo que esa es una iniciativa de justicia social que

pasa por encima de la agenda de paz con los grupos armados.

Esa iniciativa no necesariamente afecta la negociación con los grupos. Es más, no veo al país muy inclinado a aceptar que el gobierno se siente a negociar una ley de víctimas con las Farc.

3. Además de la ley de víctimas y tierras, ¿qué otras reformas considera usted necesarias para "aclimatar" un posible diálogo con los grupos armados?

Alfredo Rangel: La oferta que ha hecho el gobierno es suficiente. Si la guerrilla está decidida a dejar las armas optará por la paz.

Carlos Lozano Guillén: Se requieren reformas políticas importantes, incluyendo el estatuto de la oposición, es decir, las plenas garantías para que los partidos actúen en el escenario político en igualdad de condiciones. Otras reformas indispensables para lograr el Estado Social de Derecho son la participación ciudadana y la concertación, letra muerta en la carta política de 1991.

Álvaro Leyva Durán: No creo que para poder solucionar el conflicto sea necesario “aclimatar”. La solución debe ser de carácter político con o sin secuestros y con o sin ley dirigida a favorecer a las víctimas. Pienso que es casi una equivocación pretender que para llegar a la paz hay que crear un ambiente distinto de la guerra. Lo que hay que hacer, si uno quiere, es buscar la paz. ¿Cómo? Las circunstancias lo señalan. ¿Difícil? Dificilísimo pero esa es la obligación del Estado: lograr la paz y no mantenerse en pie de guerra. Y para lograrla hay que lanzarse y buscarla y allanar los caminos. Esperar a que se den las condiciones subjetivas y objetivas es una quimera. Pretender que para hablar de paz se requiera que no haya confrontación ni guerra es un contrasentido, porque precisamente de lo que se trata es de crear escenarios que eviten esa confrontación y esa

guerra.

Carlos Medina: No sé qué tipo de reformas podrían darse para que se facilite un proceso, pero tendrían que ser el resultado de procesos de diálogo amplio de las comunidades afectadas, de la sociedad civil y en general de la sociedad colombiana con el gobierno nacional. En ese caso el gobierno debería hacer explícita su voluntad política de recoger las inquietudes de la población, actores armados y otros sectores de la sociedad para llegar a acuerdos consensuados.

María Victoria Llorente: En esas negociaciones hay dos agendas. Una es la de las reformas y la otra es la de los intereses individuales de quienes se están desmovilizando. Entonces, en esa agenda pública hay varias consideraciones que no son solamente la de las reformas que el país requiere y los reclamos históricos de la guerrilla sino qué está dispuesta la sociedad a aceptar como agenda. Y eso pasa, obviamente, por qué tan legítimos son esos grupos para la sociedad.

Actualmente en el ámbito nacional las Farc presentan una crisis de legitimidad. Entonces esa es una pregunta que no es fácil de responder ni yo veo muy claro cuál sería esa agenda que el país aceptaría. Quizás el gobierno tendría que empeñarse en tratar de dilucidar cuál sería la agenda posible.

4. ¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condiciones? ¿Por qué?

Alfredo Rangel: Por lo pronto no hay ningún hecho que dé a entender que las Farc y el ELN estén dispuestos a aceptar las condiciones que pide el gobierno para poder asumir ese diálogo. Esta actitud de los grupos guerrilleros no es promisoria en el corto plazo. Mientras no se convenzan de que su debilitamiento es irreversible –y que además va a aumentar a medida que pase el tiempo– van a insistir en el camino de la fuerza y eso les va a restar posibilidades de llegar a una negociación fructífera.

Carlos Lozano Guillén: No tienen alternativa. Pero es indispensable que sea un verdadero diálogo en donde ambas partes aseguren el pleno conocimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a través de acciones iniciales como la disminución de la intensidad del conflicto y acuerdos humanitarios. El diálogo debe ser útil, constructivo y sin condiciones. El gobierno no debe exigir que el diálogo esté precedido de la desmovilización y otros inamovibles ni insistir en que es la paz de los vencidos.

Álvaro Leyva Durán: Estoy absolutamente convencido de que eso es así. Lo que pasa es que hay que buscar las condiciones y no anticiparlas. Naturalmente cada momento de la guerra lleva a una condición diferente a la que pudo haberse dado para adelantar unos diálogos hace un año. Lo que sí creo es que sin diálogo no hay paz. Y no veo cómo se pueda entrar a conversar si no se lanza uno a buscar el mecanismo para hacerlo. Por lo tanto, las circunstancias tienen que ver con

el modo y los lugares. Llega un momento en que con una vocación de decisión desde el Estado, se buscarán los instrumentos propicios. Por eso hay que conversar. Si no hay una primera conversación todo lo demás es especulación.

Carlos Medina: Las Farc y el ELN han hecho explícito su interés de marchar hacia un proceso de paz que de una solución política del conflicto armado. Sin embargo, como investigador, me preocupa identificar si esa voluntad explícita es real o si, por el contrario, constituye una herramienta de la lucha política pero no una salida al conflicto. Las fuerzas insurgentes deben tomar la decisión explícita, en su interior, de marchar hacia un proceso de paz que

comprometa realmente a la organización en la transformación de sus formas hacia la lucha institucional y democrática en un abandono de la lucha armada y de la guerra.

Creo que ese proceso no se ha dado al interior de las organizaciones y que, por el contrario, todavía tienen en alta estima la vía armada como instrumento de la confrontación política. Por lo tanto, creo que ellos mantendrán durante muchos años el discurso de la solución política negociada sin que hayan tomado la decisión del abandono de las armas y que esos procesos de paz tendrían unas características específicas.

María Victoria Llorente: La lógica de que sentarse a negociar a cualquier precio se perdió después del Caguán. Aquí no volverá a haber ese escenario para la guerrilla. Ni el escenario de las negociaciones que se hicieron con las guerrillas a principios de los 90 en los que se dio favorabilidad jurídica y política. El problema es cómo lograr encontrar unos incentivos políticos y

jurídicos adecuados, o que sean aceptables para estos grupos y para el país, y una agenda política de interés para las Farc. Me parece que es muy difícil pero no imposible. Soy una convencida de que esa sigue siendo la salida por la cual tenemos que trabajar pero sin romanticismos, porque esto no es solamente una cosa de voluntades.

5.

¿Considera usted que luego de ocho años de seguridad

democrática nos encontramos en un nuevo

escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y Políticas?

¿Qué implicaciones tiene eso en las condiciones de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN?

Alfredo Rangel: Después de ocho años de seguridad democrática la correlación de fuerzas ha cambiado a favor del Estado y en contra de la guerrilla, situación que en este nuevo gobierno va a continuar. Eso coloca en manos del gobierno la posibilidad de realizar un diálogo en sus condiciones y no en las de la guerrilla. Así que la única posibilidad que tienen los grupos armados es aceptar las condiciones puestas por el gobierno (en una agenda muy recortada con respecto a la del Caguán). Además, la guerrilla deberá acoplarse a la exigencia del gobierno a abrir compromisos de verdad, justicia y reparación que son ineludibles.

Carlos Lozano Guillén: Estamos en una nueva etapa del conflicto en la cual las causas siguen

siendo las mismas y, como no se modificaron, el conflicto persiste. Lo que sí es evidente es que el marco del conflicto cambió porque ahora la iniciativa o la ofensiva la tiene el Gobierno. En ese sentido, la seguridad democrática le propinó duros golpes a la guerrilla, a pesar de que no logró su objetivo declarado de aplastarla.

Álvaro Leyva Durán: No creo que haya un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y políticas. Aquí lo que hay es un regreso a la guerra de guerrillas clásica. Mientras que hay unos acomodamientos y unos desgastes. Esa es la guerra de baja intensidad de la que se hablaba antiguamente y que causa muertes, desorden, violaciones de los derechos y el tránsito de los guerrilleros y los alzados por todo el territorio nacional.

Ese desgaste no implica que se termine el conflicto. Puede que se esté en otra fase, pero es el mismo conflicto y hay que resolverlo no importa en qué fase se esté. Incluso, ciertos logros que se exhiben como avances en seguridad tienen implicaciones en la manera como la guerrilla continúa. Por ejemplo, si hoy las guerrillas secuestran menos es porque tienen otros ingresos por el narcotráfico que, para mí, hoy es el núcleo esencial del problema. El día en que realmente se logre un diálogo real y se toque el tema del narcotráfico se cambiaría la correlación ya no de fuerzas sino de argumentos y discursos de toda esta confrontación armada.

Carlos Medina: No. Creo que no hay un equilibrio de fuerzas militares y políticas sino una ventaja significativa del establecimiento, del gobierno y del Estado colombiano sobre la insurgencia y sobre otras fuerzas como resultado de los logros alcanzados por la política de seguridad democrática que aunque tiene todos los cuestionamientos del mundo, alcanzó éxitos significativos. Nadie va a desconocer que esta política fue una estrategia relativamente exitosa en la lucha contra el narcotráfico, la insurgencia y el paramilitarismo. Pero también generó nuevos fenómenos como la reingeniería de la guerrilla para poder enfrentar la nueva estrategia militar, el posconflicto paramilitar que se manifiesta a través de las bandas criminales y el surgimiento de un modelo neoparamilitar que se extiende por todo el país y que tiene mucha fuerza en las zonas donde el paramilitarismo fue muy fuerte.

En ese sentido, creo que habrá necesidad de que se tomen en consideración esas circunstancias específicas del orden público para poder garantizar una atmósfera de diálogo en la cual las comunidades hagan explícita manifestación de las presiones que tienen de estos nuevos grupos. Además, creo es que es necesario construir un mapa de riesgos en términos de los grupos y bandas criminales y del neoparamilitarismo que esté articulado al mapa político nacional pero también al mapa de consolidación de los procesos de paz que se puedan ir construyendo. Áreas muy importantes del país deben contar con especial atención por parte de las instituciones de derechos humanos, los organismos internacionales y las brigadas de paz que ayuden a construir una atmósfera democrática de seguridad, de convivencia y de bienestar en las regiones para que sean centro de atención y desarrollo de procesos de paz.

María Victoria Llorente: Hoy en día las Fuerzas militares y de Policía sí están mucho mejor preparadas que hace quince años. Hay una ventaja muy grande e irreversible. El problema es que independiente de esa superioridad militar, que es absoluta y evidente, las Farc todavía tienen mucha capacidad de daño en muchas zonas del país. Pese al continuo asedio al que la organización está sometida, mantiene todavía una línea de mando que no es menor. Creería que si se termina de descomponer al secretariado la organización se dispersaría y probablemente se generaría un problema criminal grande.

6.

¿Cree que la opinión pública ha cambiado su percepción

acerca de un posible diálogo con los grupos

armados en este último año? ¿Cree que la opinión

pública está lista para ver un diálogo de paz con los grupos armados?

Alfredo Rangel: La opinión pública aceptaría hoy diálogos de paz siempre y cuando la guerrilla de pruebas indudables de que tiene la intención de abandonar la lucha armada y dejar la violencia para atacar a la sociedad civil y al Estado. Si diera ese paso creo que la opinión pública acogería con beneplácito la posibilidad de un diálogo de paz.

Carlos Lozano Guillén: Creo que sí. De hecho, hay sectores del establecimiento que se muestran proclives a los diálogos de paz pues son conscientes del fracaso de la seguridad democrática y reconocen la recomposición de las guerrillas, quienes han asimilado los golpes y aún tienen capacidad política y militar. Estos hechos contradicen la supuesta creación

de un “Estado de opinión” belicista que se promueve a través de encuestas de dudosa calidad científica.

Álvaro Leyva Durán: Parte del problema nacional es que aquí se pone el termómetro a la opinión pública para establecer lo que hay que hacer, mientras que hay unas obligaciones de carácter moral y de certeza intelectual, en la medida en que uno tenga la seguridad de que se acerca al bien común, que tienen que estar más allá del termómetro de la opinión. Un hecho importante y lleno de jugosas noticias hace cambiar a la opinión pública, que es básicamente coyuntural. De tal manera que si se inician unas conversaciones secretas, por ejemplo, y llega un día en que aparecen todos los secuestrados, la opinión pública cambiaría de postura porque se le dio una buena noticia.

Carlos Medina: La opinión pública no ha cambiado su percepción porque está atada a los medios de comunicación y sectores políticos que son absolutamente contrarios a los procesos paz. La opinión pública es el ciudadano común y corriente que se construye sobre el principio de la presión informativa de los medios y que no se ha movido de la lógica de aversión a las Farc y a

un posible proceso de paz. Creo que todavía pesan mucho los ocho años del gobierno del presidente Uribe en materia de opinión ciudadana frente al problema de los procesos de paz. En ese sentido, hoy la opinión ciudadana no vería con buenos ojos un proceso de diálogo. Para lograrlo, habría que hacer una pedagogía de medios muy fuerte que retomara el entusiasmo de la ciudadanía hacia un proceso de paz. Hay que educar a la opinión ciudadana, al ciudadano de a pie que todavía no está preparado para encontrarse con eso.

María Victoria Llorente: Creo que hay dos niveles en cuanto a un posible cambio de opinión. Uno es el nivel de los líderes de opinión. Ahí se está empezando a hablar mucho de la negociación como una posible salida. Pero ese cambio no se da en la opinión pública general. No hay nada que odien más los colombianos que las Farc. En ese sentido, ha habido un cambio en los líderes de opinión que no se refleja en la opinión generizada. No creo que la opinión pública esté lista para ver un diálogo de paz. Hay que hacer una tarea de preparación en la que los líderes de opinión ayuden a empezar a generar la conciencia. Todavía está en el ambiente el modo uribista de catalogar a esas organizaciones y eso hay que superarlo.

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Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa hacen parte del equipo de comunicación del CINEP/PPP

Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 72, abril de 2011

Artista brasileña exhibe su obra como preámbulo a ArtBo

La cordillera de los Andes fue fuente de inspiración para que la artista brasilera Chiara Banfi creara una montaña a partir del papel de las partituras musicales, que se exhibe desde el 9 de octubre en las paredes de la sala de exposición de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), sede Salitre. La obra es un abrebocas a lo que será una muestra independiente de cuatro artistas denominada Exactitud errante y que tendrá lugar, del 22 al 26 de octubre, en Artbo 2009.

En el pabellón Artecámara de la feria se albergará la obra de Bianfi junto con la de su compatriota Lia Chaia y los colombianos Beatriz Olano y Andrés Ramírez Gaviria. La exposición de los cuatro artistas latinoamericanos es un espacio de reflexión sobre el pensamiento geométrico y refleja la preocupación por el espacio físico en relación con el proyecto visual.

Según María Iovino, curadora de la exposición "los cuatro artistas comparten el fuerte acento estructural de sus propuestas, el interés por entender la perfección, así como la inquietud por comprender esos aspectos a la luz de lo que significa el movimiento. De ahí que el nombre de la exposición sea Exactitud errante".

Para Chiara Banfi, quien hizo parte de Artbo 2008, poder tener los 20 metros cuadrados que le brinda la sala de exposición de la CCB es un desafío que reta su creatividad. Más aún, hacer parte de Artbo 2009, un trabajo que la honra y entusiasma.

"Lo hermoso de hacer exposiciones en otros países es que hay un intercambio de conocimiento, de información y de gusto", comenta Banfi.

En la versión pasada de la feria, la artista brasilera tuvo la oportunidad de conocer Bogotá. El recuerdo de la cordillera de los Andes que, en palabras de la propia Banfi "se ve desde cualquier parte de la ciudad", fue el que plasmó, junto con la imagen de las montañas que la rodeaban en su infancia, en Lugar (2009), la obra que se exhibe hasta el próximo 13 de noviembre en la CCB.

Además, la visita de Banfi a nuestro país el año pasado le permitió conocer artistas y obras nacionales e indagar en el mundo cultural. Por eso afirma sin titubeos que el arte colombiano tiene "mucho potencial" y confiesa que siente curiosidad por conocer las obras que este año se exhiben en Artbo.

Según Banfi es muy bueno e importante que la Cámara de Comercio haga esfuerzos para que ferias como Artbo se puedan llevar a cabo. "Agradezco que se me dé la posibilidad de trabajar en estos espacios porque es una oportunidad muy positiva que influye en mi trabajo como artista", concluye.

Lucía Camargo Rojas

Publicado en Artboonline.com en septiembre 2009.

¿Atentado contra los DESC?

En el Congreso se está tramitando la ley de sostenibilidad fiscal, una reforma que supeditaría el gasto en materia de Derechos Sociales Económicos y Culturales a la capacidad de pago que tenga el Estado. Una pelea entre quién se queda con el primer lugar: ¿los derechos o los fines económicos?

Por Lucía Camargo Rojas*

”Hay que ahorrar en épocas de vacas gordas para poder gastar en las de vacas flacas”, dice el refrán. Una sabia verdad popular que utilizan economistas y amas de casa a la hora de administrar su dinero y que parece ser el argumento fundamental del proyecto de ley que el anterior ministro de hacienda, Óscar Iván Zuluaga, presentó al Congreso el 20 de julio de 2010, a tan sólo 20 días de que se posesionara el actual Presidente de la República, Juan Manuel Santos.

El Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 “Por el cual se establece la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” busca, fundamentalmente, elevar a categoría de derecho constitucional la sostenibilidad fiscal, es decir, supeditar el gasto social a la capacidad de pago que tenga el Estado. Así, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial tendrían que tomar decisiones de acuerdo a la regla fiscal, una ecuación que determinará el límite del gasto. Palabras más, palabras menos si, por ejemplo, la Corte Constitucional sentencia que un ciudadano tiene derecho a que se le realice una cirugía tendría que revisar si el Estado puede pagarla. Si el gasto de la operación no se ajusta a la regla fiscal, la Corte no podría ordenarla. Con este acto, entonces, se condiciona toda la política social a la disponibilidad de recursos.

La iniciativa que presentó el anterior ministro de hacienda -y que es respaldada por el

actual gobierno, al punto de que es una de sus proyectos bandera junto con el de regalías, víctimas y tierras- supone que el Estado debe obligarse a ahorrar en el presente para asegurar que a futuro pueda tener recursos suficientes para garantizar la promoción de los derechos sociales y los demás objetivos que se proponga. Así, en la ponencia se argumenta que “en la medida en que se asegure la sostenibilidad fiscal, mayores serán las posibilidades de hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales, y aumentará igualmente el número de personas con acceso a los bienes y servicios básicos” pues se considera que la sostenibilidad fiscal es un requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho.

El por qué del proyecto

¿Por qué el gobierno Uribe presentó esta propuesta? ¿Por qué el gobierno Santos la respalda? Según Ricardo Bonilla, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID), la idea de la sostenibilidad fiscal surgió alrededor de la famosa bonanza minera y la necesidad de administrar con prudencia los nuevos ingresos que obtendría el país. “En la medida en que entró más dinero a Colombia la tasa de cambio se revaluó. La idea del marco fiscal surge para controlar la entrada de esos ingresos y para administrarlos de manera efectiva, por ejemplo, en proyectos de inversión, evitando gastar de forma desmesurada”.

Argumento con el que concuerda César Giraldo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, quien explicó en el Programa Espacio Debates Económicos de la UN que el gobierno quiere impedir que se dé la denominada “enfermedad holandesa”: fenómeno que se presentó en los Países Bajos a mediados del siglo pasado y que consistió en que el auge de la exportación minera generó un flujo de divisas tan fuerte que se desestimularon las actividades productivas internas.

Así, el proyecto de sostenibilidad fiscal busca impedir que los ingresos extraordinarios que han entrado en el país en los últimos dos años (y que se espera continúen al menos tres más) terminen por hacer que Colombia sólo viva de la renta petrolera y suspenda otro tipo de actividades productivas. La propuesta, entonces, consiste en que si el ingreso de la producción minero-energética sobrepasa cierto límite, el Estado debe recibir esos recursos y guardarlos en un fondo de estabilización, de tal manera que pueda ahorrarlos y no gastarlos.

Hasta ahí tanto los proponentes de la ley, como los analistas y los congresistas que tienen que aprobarla concuerdan. Es necesario esterilizar esos ingresos extraordinarios y ahorrar en época de bonanza. Sin embargo, el cómo se va a ahorrar y el que la medida se convierta en un derecho es lo comienza a tener inconsistencias y a generar dudas.

Sostenibilidad fiscal ¿Un derecho fundamental?

Como el Acto Legislativo 016 de 2010 busca reformar la constitución, tiene que pasar por ocho debates en dos vueltas que deben cumplirse en dos periodos distintos. El 6 de octubre de 2010 el proyecto pasó con 24 votos a favor y 4 en contra en primer debate, a pesar de las críticas de miembros de Partido de la U, como el vicepresidente de la Cámara Roosvelt Rodríguez y el representante Carlos Eduard Osorio quienes expresaron su preocupación porque con la iniciativa los principios fundamentales de los ciudadanos quedarán supeditados al “derecho” del Estado de responder sólo en la medida en que haya excedentes para cumplirlos.

Días después le fue negada la propuesta en segundo debate al ministro de hacienda y actual abanderado del proyecto, Juan Carlos Echeverry por 62 votos contra 57 por lo que la iniciativa se aplazó para la última semana de octubre y el 29 de ese mismo mes fue aprobada en primera vuelta. Y es que entre los congresistas ya se empiezan a vislumbrar reparos al proyecto. Uno de los más férreos opositores ha sido el representante a la cámara por el Partido Verde, Alfonso Prada, quien ha sostenido que “las medidas que se piensan tomar se están encaminando hacia limitaciones de tipo constitucional que ponen en peligro, entre otras cosas, el alcance de los derechos sociales y económicos”.

En su ponencia para primer debate Prada explica: “Este proyecto de reforma a la Constitución Política va en contravía del paradigma de Estado constitucional y social de derecho, consagrado en la carta de 1991, cambia la jerarquía natural de los principios y me atrevería a decir que constituye por ello una sustitución a la esencia de nuestra Constitución, la que sería cambiada para poner la sociedad al servicio de la economía y no al revés, la técnica y los instrumentos de la organización y estructura del Estado al servicio de la sociedad, de los colombianos y de su dignidad”. Por eso considera que no se debe partir de un análisis de sostenibilidad fiscal para determinar el grado de garantía de los derechos, sino que se debe comenzar por estudiar el mandato constitucional para adecuar a dicha exigencia la sostenibilidad fiscal.

Prada pone de manifiesto que la propuesta de ley de sostenibilidad fiscal presupone una visión tecnicista, economista y pragmática del Estado en la que se subordinan los derechos y su garantía a la consecución de los fines económicos. “Esta última concepción acarrearía un Cambio de Paradigma de Estado contrario a lo establecido por la Constitución de 1991, que es un paradigma de Estado Social de Derecho, cuyo eje normativo y columna vertebral son los Derechos Fundamentales y su garantía”.

Incluso Prada cuestiona el que se catalogue a la sostenibilidad fiscal como un derecho pues, en ese caso habría que preguntarse si sería social, económico, cultural, o colectivo y si la premisa de que es “un requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” es suficiente para que se le denomine como “derecho”.

Prada, así como Giraldo, sostienen que con esta ley lo que se pretende es inclinar la balanza hacia el principio de sostenibilidad fiscal y poner en segundo lugar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). De hecho, para Libardo Herreño, investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), el problema más grave de esta propuesta de ley consiste en que terminaría por recortar las alas a la tutela social y a las competencias de la Corte Constitucional para decidir fallos con contenido económico, especialmente los relacionados con los DESC. “Los jueces tendrían entonces que considerar primero las consecuencias de los fallos económicos que producen mediante tutela, antes que proteger los derechos”.

¿Sólo recorte a los DESC?

Con la medida, además, el gobierno quiere disminuir el déficit fiscal y para hacerlo concluye que hay que recortar el gasto en materia de DESC. Para analistas como Herreño, la iniciativa presupone que el déficit proviene del gasto desbordado en materia de DESC cuando existen otros rubros como el gasto militar, el gasto de Gobierno Central, la corrupción y el pago de la deuda publica que también contribuyen al déficit y a los que no se les piensa imponer la regla fiscal.

De hecho, en la editorial de Portafolio del 19 de octubre de 2010 se explica que “el sesgo del proyecto radica en que no contiene de manera explícita la misma obligación para otras aprobaciones que pueda hacer el Congreso, como, por ejemplo, deducciones tributarias a los inversionistas, contratos de estabilidad jurídica o subsidios a agricultores. Parecería, por lo tanto, que dentro de la lógica del plan la única amenaza a la sostenibilidad fiscal fueran los gastos para atender los derechos sociales y económicos, mientras que otros rubros del gasto público aprobados por el Congreso, incluido el de defensa, no tendrían que ser medidos con este rasero”.

Esa es una de las razones por las que en la Cámara de Representantes se introdujo la siguiente frase al proyecto: "En todo caso el gasto destinado a la concreción de los fines del Estado Social de Derecho tendrán carácter prioritario". La editorial de Portafolio aclara que esa precisión es fundamental, pero pregona porque se imponga a cualquier apropiación de recursos públicos la misma restricción que se quiere aplicar a los gastos sociales.

El debate

Así, por un lado el debate radica en que si se va a ahorrar, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos sociales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero por otro la propuesta de sostenibilidad fiscal termina por evidenciar una contradicción en la misma Constitución: por una parte promulga los derechos y por otra establece que tiene que primar la estabilidad social y macroeconómica. Lo que estaría tratando de hacer el Acto Legislativo 016 de 2010, entonces, es lograr que la economía tenga el sartén por el mango y esté por encima de los derechos.

“Por eso es preocupante que se eleve la sostenibilidad fiscal a un derecho constitucional”, explica Libardo Herreño. “Es un simple instrumento de política económica que sirve para ordenar las finanzas públicas y eso se puede hacer mediante una ley ordinaria, orgánica, que ayude a ahorrar en tiempos de bonanza”.

Según la economista de Viva la ciudadanía, Martha Yaneth Sandoval, “para adoptar y operativizar la regla fiscal propuesta no se requiere de una reforma constitucional que eleve al rango de derecho la sostenibilidad fiscal. Lo que se requiere es una reforma de la ley orgánica del presupuesto, que hasta ahora no ha sido puesta a consideración del Congreso por parte del Gobierno Nacional”.

Si lo que se quiere es ahorrar, pregonan algunos, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos sociales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero eso no significa que ese debate sea necesario darlo en la Constitución. Como bien se cuestionó en la Editorial de El Espectador del 20 de octubre sobre el tema: “¿es la constitución el lugar para resguardar la política económica del país?”. Más aún, ¿qué implicaciones, a largo plazo, puede tener esta reforma? La cuestión es simple: ya los ciudadanos no podrían exigir sus derechos, pues todo estaría supeditado a si hay o no recursos para pagar. La tutela moriría y la Corte Constitucional no podría emitir fallos a favor de los derechos, por ejemplo, los de las víctimas del conflicto armado, porque quedaría supeditada al límite del gasto. Como se ve, la propuesta no es de poca monta y debería generar discusión entre la misma opinión pública. Al fin y al cabo, a la larga, son los ciudadanos los más afectados. Se espera que los congresistas realmente analicen la situación con detenimiento, así como la Corte y la misma ciudadanía. Es un tema de interés público que, antes que nada, debería generar debate.◙

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* Lucía Camargo es Periodista del equipo de comunicación del CINEP-Programa por la Paz

Referencias:

El Espectador (2010), “Sostenibilidad fiscal: un debate pendiente” en El Espectador, 20 de octubre. Portafolio (2010), “Sostenibilidad fiscal sin riesgos” en Portafolio, 19 de octubre.

“Proyecto Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 451 del 23 de julio de 2010.

“Ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 723 del 30 de septiembre de 2010.

“Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 734 del 4 de octubre de 2010.

Sandoval Salazar, Martha Yaneth (2010), “El derecho a la sostenibilidad fiscal limita el alcance de la Corte Constitucional” en Caja de Herramientas, No 137, Viva la ciudadanía, septiembre-diciembre, pp. 8-9.

Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 71, noviembre 2010.

La comunicación santista

En sus primeros meses de gobierno Juan Manuel Santos ha buscado establecer un modelo comunicativo más profesional y acorde con su nuevo tipo de liderazgo.

Por Lucía Camargo Rojas*

Sentado en una biblioteca, vestido de traje y con la bandera de Colombia detrás, Juan Manuel Santos dio su primera alocución presidencial el pasado 23 de septiembre. En un estilo que recuerda a presentaciones como las de Pastrana, más bien republicanas, y que se alejan de los discursos en ámbitos rurales como los de Uribe, el primer mandatario fue al grano. Demostró que en su gobierno se continuará con la seguridad democrática y que esos avances “hoy nos permiten pensar en un futuro de prosperidad para todos”.

No habló de la ley de tierras, de la de víctimas o del desempleo. En su primera alocución quiso evidenciar, nada más y nada menos, que él diseñó y autorizó la Operación Sodoma. Por supuesto, su primera aparición ante todos los colombianos tenía que ser maestra y capitalizar un hecho positivo y qué mejor que el de seguridad, ese único ámbito en el que quiere demostrar que reemplaza al ex presidente Álvaro Uribe. La muerte del Mono Jojoy era una hazaña lo suficientemente trascendental e importante para la opinión pública como para que él apareciera en pantalla.

La profesionalización

Santos no busca estar y figurar en cada detalle, como lo hacía Uribe. Desde el primer momento seleccionó a un equipo lo suficientemente capacitado como para hacer un muy buen trabajo, con el fin de que él se convirtiera en el director de orquesta. “Cambió totalmente el rol. En lugar de ser el Rambo se convirtió en el organizador. Eso implica que la imagen se transforme y que se perciba una figura totalmente distinta”, explica Ómar Rincón, director de la especialización en Periodismo de la Universidad de los Andes.

Así, nombres como el de Juan Carlos Echeverry, ministro de hacienda, Maria Ángela Holguín, canciller y Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura, han adquirido gran protagonismo porque deben responder por sus actuaciones en el día a día. El presidente sólo aparecerá cuando se den los resultados. “En Santos hay un pragmatismo lógico y eso es fundamental. Él sabrá cuándo capitalizar elementos comunicativos a su favor y cuándo hará silencio”, explica Juan Carlos Gómez, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana.

Es un modelo, al fin y al cabo, más sano estratégicamente para el primer mandatario, explica Alberto López Hermida, docente de la facultad de comunicación de la Universidad de los Andes de Santiago de Chile. “Cualquier traspié, problema o crisis que se presente no le estalla en la cara al propio presidente”.

Tanto así que esa clara delimitación de funciones no sólo se evidencia en cabeza de los ministros. También es clara en el protagonismo que empiezan a adquirir sus asesores comunicativos. Por eso escogió a Adriana Vargas, como vocera presidencial. A Juan Mesa, Alto Consejero para las Comunicaciones, como el encargado de la estrategia y la “marca” Santos; a John Jairo Ocampo como Secretario de Prensa y a Andrea Olano como presentadora de los informativos.

Aunque en Uribe existían al menos dos de estos cargos, al ex presidente no le interesaba que adquirieran protagonismo ni que los ciudadanos los tuvieran presentes. Sólo quería que lo recordaran a él. La centralización del proceso comunicativo era tan fuerte, que el anterior primer mandatario dirigía el show en las alocuciones y en los consejos comunales. Él decidía quién hablaba y buscaba que la cámara capturara su discurso de 10 horas sin ninguna interrupción.

En cambio en Santos comienza a haber una profesionalización extrema. Así, por ejemplo, los colombianos presenciaron cómo la maestra de ceremonia de la ley de víctimas fue Adriana Vargas y se han comenzado a familiarizar con la imagen de Andrea Olano, quien presenta los noticieros presidenciales y eventos como los acuerdos para la prosperidad.

Y es que los videos que aparecen ante los ciudadanos están editados y presentados por una comunicadora que narra lo sucedido en las reuniones y muestra algunas imágenes de las mismas. Es decir, se transforman los largos y aburridos encuentros en un formato de noticiero, más sucinto, claro y al grano. Más gerencial, más profesional.

De los consejos comunitarios a los acuerdos para la prosperidad

Pero por más que Santos quisiera dirigir funciones y ser el director de orquesta, no podía descartar del todo los modelos exitosos en materia comunicativa que dejaba Álvaro Uribe. Los consejos comunales, en particular, fueron una herramienta sumamente efectiva (Ver artículo “Uribe TV” en la edición No 70 de Cien días) que había que retomar pero con los cambios de liderazgo propios de cada nuevo presidente.

Así, se pasó de los consejos comunitarios a los acuerdos para la prosperidad, que son eventos sectoriales y más institucionalizados. Su objetivo consiste en dinamizar sectores como la agricultura, comercio, salud y vivienda en cada región, y se realizan cada semana.

A los acuerdos ya no asiste cualquier ciudadano. Santos no tiene interés en dialogar con el “pueblo” sobre cada puente, escuela o vivienda, como era característico de Uribe. Los participantes están cuidadosamente seleccionados: funcionarios, políticos y expertos en el sector elegido son quienes se sientan en las cinco mesas temáticas que preparan los diferentes ministerios para tener todo listo a la llegada del presidente.

Así, los viernes los participantes se reúnen en las mesas, exponen sus inquietudes y llenan matrices con problemas, soluciones, objetivos concretos y acuerdos pactados. El sábado hace entrada triunfal el primer mandatario y abre la plenaria con un resumen de las noticias destacadas de la semana. A continuación, hablan los gobernantes y el ministro y luego se da la palabra a un representante de cada una de las cinco mesas. Después de escuchar las propuestas de los asistentes, Santos opina, plantea compromisos y delega a una entidad del gobierno la función de tramitar las inquietudes.

Según explicó Miguel Peñaloza, Alto Consejero para las regiones y quien estuvo encargado de ejecutar los 306 consejos comunales, a Semana.com fue necesario pasar de los consejos a los acuerdos como una forma de obedecer a las diferencias de estilo entre los dos mandatarios.

"Uribe era un maestro de la improvisación, y Santos es un mago de la administración. Mientras el primero se sentía cómodo despachando en caliente, el segundo prefirió un formato técnico para "aterrizar" su plan de gobierno en temas específicos y frente a audiencias reducidas”.

La urna de cristal

Junto con la innovación en los acuerdos se cambió el formato de la comunicación presencial de Uribe a la Urna de cristal. El 6 de octubre Santos presentó la nueva herramienta como una “revolución de la participación ciudadana”.

“En el país avanzamos mucho durante el gobierno del presidente Uribe para llevar el gobierno a las regiones y lograr un diálogo directo con ellas. Pero tenemos que dar un paso más allá. Las tecnologías de las comunicaciones y la información, y la cobertura que hoy tienen, nos permiten establecer un diálogo directo con todos y cada uno de los colombianos, y debemos utilizarlas para lograrlo. Queremos que el pueblo tenga realmente el poder donde todos y cada uno de los 45 millones de colombianos puedan informarse, participar y colaborar en las decisiones del Gobierno”, explicó el presidente.

La urna es una página web en la que los ciudadanos pueden registrar sus propuestas y opiniones sobre la temática que se tratará en el siguiente acuerdo para la prosperidad. Las 20 preguntas o soluciones más votadas serán respondidas o analizadas por el presidente, ministros y funcionarios del gobierno durante la respectiva reunión del acuerdo y en el programa de televisión “Urna de cristal” que se emite los domingos por el canal Señal Institucional.

¿Cómo se definen las temáticas de la urna cada semana? ¿Hay algún filtro de las propuestas diferente de las 20 más votadas? ¿Se está respetando que sean las 20 más votadas o se hace otra edición? ¿Todos los ciudadanos realmente pueden acceder a la urna? ¿Cómo les ha ido –hasta ahora- con la implementación de esta herramienta? ¿Cuáles son sus beneficios para la relación entre gobierno y gobernados? Son algunas de las preguntas que Cien días quiso hacer al Alto Consejero de las Comunicaciones, Juan Mesa, con respecto a la implementación de la estrategia comunicativa de Santos pero, aunque se intentó concertar una cita durante más de un mes, no se tuvo una respuesta afirmativa.

Sin embargo, aunque no se tenga total claridad en cuanto al funcionamiento de la herramienta, desde ya se puede comenzar a evidenciar que la urna de cristal, de acuerdo con López Hermida, le da una sensación de participación a la ciudadanía. Faltaría ver hasta qué punto efectivamente hacer un click o escribir en la página se convierte en un hecho concreto. Lo que es cierto es que la creación de esta nueva manera de relación entre el presidente y los ciudadanos demuestra, de nuevo, el estilo de Santos: buscar las herramientas más modernas y profesionales para resolver problemas. Y, a su vez, su deseo de no tener que usar el voz a voz. ¿Para qué el cara a cara si podemos usar toda la última modernidad tecnológica?

En esencia, lo que se puede vislumbrar hasta ahora de la estrategia de comunicación de Santos, es que el modelo definitivamente cambió porque estamos ante otro tipo de liderazgo. Y eso está bien. Lo errado sería que hubiera permanecido. Para Rincón, “Uribe es una telenovela clásica, mexicana, de héroe vengativo que se apropia de la hembra, con villano, galán y heroína. En cambio Santos sería una novela coral, como la serie Lost, donde hay ocho o doce protagonistas pero él es el director”. Así, ha habido un cambio comunicativo en consonancia con un nuevo tipo de gobierno.◙

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*Lucía Camargo es periodista del equipo de comunicación del CINEP/PPP

Referencias:

Semana.com, 2010, “Los acuerdos de Santos” en Semana.com, Bogotá, septiembre 11.

Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 71, noviembre 2010.