El gobierno Santos ha declarado en varias ocasiones que tiene la llave para abrir las puertas de la paz con los grupos armados. ¿Estamos en una época más proclive a la paz? Cien días entrevistó a cinco analistas de distintas corrientes de pensamiento para medir si, según los expertos, nos acercamos o nos alejamos a una posibilidad real en materia de diálogo.
Por Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa*
1. ¿Nota algún cambio en materia de paz y negociación con los grupos armados, especialmente con las guerrillas, en gobierno Santos con respecto a gobierno Uribe?
Alfredo Rangel: Creo que en política de paz hay más continuidad que cambio entre Uribe y Santos. Considero que ha sido una política de Estado que ha permanecido intacta. Los dos mandatarios han dejado la puerta de los diálogos abierta para la guerrilla y han exigido las mismas condiciones para que los diálogos se ejecuten: cese unilateral de hostilidades, declaración inequívoca de su voluntad de abandonar la lucha armada, cese del secuestro y abandono del narcotráfico.
Carlos Lozano Guillén: No existe ningún cambio de fondo, tal vez sí de forma, pero en lo fundamental Santos continúa la línea de guerra de la seguridad democrática. Su lenguaje es más prudente, a la vez que anuncia que tiene en la mano la llave de la paz para abrir la puerta cuando lo considere conveniente. Pero insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, cuando buena parte de la degradación del conflicto es atribuible al Estado, cuya naturaleza violenta es evidente. La salida política negociada exige gestos recíprocos y voluntad de ambas partes. No es suficiente que el presidente tenga una actitud más decente que la de su predecesor, tiene que romper las ataduras a las presiones uribistas y militaristas y la herencia de los últimos ocho años.
Álvaro Leyva Durán: Hay un cambio fundamental. En la administración Uribe se negó el conflicto interno, mientras que el gobierno Santos no lo ha hecho. Incluso, José Obdulio Gaviria escribió un libro dedicado a demostrar que en Colombia no había conflicto interno. Al negarlo, se evitó la aplicación del DIH y eso trajo todas las consecuencias propias de una confrontación sin reglas de juego como, por ejemplo, que se haya cometido tanta barbaridad so pretexto de que lo que había era exclusivamente terrorismo y delincuencia común.
En cambio en el actual gobierno hay un mayor respeto por los derechos humanos y una intención de aplicar el DIH en la medida de lo posible, hechos que denotan la existencia de un conflicto interno. Eso implica que ya se están abriendo espacios a una solución distinta a la de las armas y, por lo tanto, que hay una puerta abierta antes inexistente. Ojalá se pueda hacer uso de ella. De hecho, para mí, desde que Uribe no gobierna todos los días son una posibilidad de diálogo.
Carlos Medina: Santos ha sido cuidadoso en el manejo del tema de la paz. Sabe que tiene que tomar distancia de la postura radical del ex presidente Uribe sin erosionar el nivel de legitimidad
con el que llegó al poder. Es consciente de que tiene detrás de sí importantes sectores de la oposición de la extrema derecha que aspiran a que no se produzcan diálogos con la guerrilla y a que se mantenga la estrategia de guerra que fue implementaba a través de la política de la seguridad democrática.
Pero creo que podría estar interesado en un proceso de paz si encuentra que hay voluntad explícita de los grupos insurgentes, en particular de la guerrilla de las Farc, para adelantar un diálogo que pueda llevarse a feliz término y que no genere falsas expectativas que posteriormente tenga que pagar políticamente cuando, imagino, aspire a la reelección. Por esa razón considero que va a ser cauteloso y que va ir creando los consensos y los acuerdos internos en el bloque de la Unidad Nacional que le permitan tomar decisiones al respecto de un posible proceso de paz.
María Victoria Llorente: No hay cambios fundamentales en términos de las condiciones. Se mantiene el discurso de Uribe en cuanto a que la guerrilla tiene que mostrar hechos. En eso Santos mantiene la misma lógica. Pero sí ha habido un cambio muy importante porque se ha des-radicalizado el ambiente.
Además, hay una diferencia grande, y es que el presidente aclaró que si va a haber un tema de la paz, que yo todavía no lo veo muy claro, lo manejará él. Es decir, será una gestión exclusiva del presidente, distinto a como se manejó en el gobierno anterior. Eso permitirá no generarle ruido a los procesos, ni tantos intereses y personas con agendas propias que puedan interferir en cualquier eventualidad.
2. ¿Cree que la ley de víctimas y tierras que está promoviendo el gobierno Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los grupos armados, especialmente con las guerrillas?
Alfredo Rangel: La ley de víctimas es una iniciativa del Estado colombiano para reparar el daño que los grupos armados irregulares han realizado contra la población civil. Esa ley de víctimas es una iniciativa que, a nivel internacional, no tiene ningún antecedente en la historia de los conflictos armados internos de las últimas décadas. Que se ejecute es independiente de la posibilidad de realizar diálogos con las guerrillas.
Carlos Lozano Guillén: La ley de víctimas y la ley de tierras son parte de las reformas que generan condiciones de salida política del conflicto, pero a pesar de ser pasos positivos, son insuficientes. La ley de tierras elude lo fundamental, que es la reforma agraria. Cualquier solución al problema de la tierra pasa por “tocar” la tenencia y la concentración de su propiedad. La existencia del latifundio es una deuda histórica del capitalismo en Colombia con el campo y el conflicto armado. Y es precisamente lo que elude la llamada ley de tierras con todo lo importante que significa quitarle las tierras a las mafias y devolverlas a sus dueños que fueron víctimas del despojo. Por su parte, la ley de víctimas afronta varios obstáculos que le impiden lograr sus objetivos: la falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la ausencia de la consulta previa y de medidas que garanticen el acceso a la verdad y la justicia, y la ley de sostenibilidad fiscal.
Álvaro Leyva Durán: No creo que esa haya sido la intención en el diseño. La ley de víctimas tiene que ver con el proceso de Uribe en torno a las llamadas fuerzas paramilitares y se desprende de la de Justicia y Paz. De tal manera que no corresponde a una visión dirigida a la solución con la guerrilla. Por su parte, la ley de tierras es una necesidad sentida con o sin guerrilla, con o sin paramilitares: devolver las tierras a sus dueños. En ese sentido, tampoco obedece directamente a una política dirigida en el logro de la paz. Esto no significa que no sea un instrumento útil, porque en el fondo está aproximándose a una de los puntos neurálgicos del conflicto: tenencia y uso de la tierra. De tal manera que si no fue diseñada con el propósito de lograr caminos hacia la paz no deja de ser un tema central que habrá que tenerse en cuenta en el momento de una posible negociación.
Carlos Medina: La ley de víctimas y la de tierras no contribuyen a aclimatar el proceso de paz con las guerrillas. Por el contrario, van a ser tomadas por los grupos armados como una razón más para desarrollar sus guerras o como una bandera para adelantar procesos de paz que busquen la mayor integralidad de las leyes y una profundidad de las mismas en la atención a las víctimas y a la distribución de la propiedad de la tierra en el país.
Estas dos leyes son un proceso de ajuste y de legitimación de dos fenómenos que se produjeron en el desarrollo de la guerra paramilitar en los últimos años. La política de restitución de tierras apenas devolverá dos millones de hectáreas de las 10 millones que fueron expropiadas a campesinos y medianos propietarios. Estos terrenos, además, van a ser difíciles de ocupar porque van a contar con presiones de sus ex propietarios, que las adquirieron por la vía del testaferrato cualificado y de la guerra. Así, esta ley no va a resolver ningún problema en materia de tierras y va a demandar a futuro una reforma agraria integral, que sigue siendo bandera de los grupos insurgentes tanto de las Farc como el ELN. Por otro lado, aunque la ley de víctimas también busca en un proceso de reparación de la población que fue víctima de la violencia, tiene una gran discusión sobre los topes económicos y fiscales con que se puede llegar a la reparación, sobre la fecha a partir de la cual se reconoce la condición de víctima y sobre la misma condición de víctima que aún debe ser clarificada.
En ese sentido, frente a los actores armados estas leyes no resuelven el problema sino que lo profundizan. Sin embargo, de alguna manera sanan una situación ante la opinión pública.
María Victoria Llorente: La ley de víctimas no se puede entender como una ley para hacer la paz con los grupos armados. Se hace porque este país tiene una enorme cantidad de víctimas con las que el país tiene una deuda muy grande. Creo que esa es una iniciativa de justicia social que pasa por encima de la agenda de paz con los grupos armados.
Esa iniciativa no necesariamente afecta la negociación con los grupos. Es más, no veo al país muy inclinado a aceptar que el gobierno se siente a negociar una ley de víctimas con las Farc.
3. Además de la ley de víctimas y tierras, ¿qué otras reformas considera usted necesarias para "aclimatar" un posible diálogo con los grupos armados?
Alfredo Rangel: La oferta que ha hecho el gobierno es suficiente. Si la guerrilla está decidida a dejar las armas optará por la paz.
Carlos Lozano Guillén: Se requieren reformas políticas importantes, incluyendo el estatuto de la oposición, es decir, las plenas garantías para que los partidos actúen en el escenario político en igualdad de condiciones. Otras reformas indispensables para lograr el Estado Social de Derecho son la participación ciudadana y la concertación, letra muerta en la carta política de 1991.
Álvaro Leyva Durán: No creo que para poder solucionar el conflicto sea necesario “aclimatar”. La solución debe ser de carácter político con o sin secuestros y con o sin ley dirigida a favorecer a las víctimas. Pienso que es casi una equivocación pretender que para llegar a la paz hay que crear un ambiente distinto de la guerra. Lo que hay que hacer, si uno quiere, es buscar la paz. ¿Cómo? Las circunstancias lo señalan. ¿Difícil? Dificilísimo pero esa es la obligación del Estado: lograr la paz y no mantenerse en pie de guerra. Y para lograrla hay que lanzarse y buscarla y allanar los caminos. Esperar a que se den las condiciones subjetivas y objetivas es una quimera. Pretender que para hablar de paz se requiera que no haya confrontación ni guerra es un contrasentido, porque precisamente de lo que se trata es de crear escenarios que eviten esa confrontación y esa guerra.
Carlos Medina: No sé qué tipo de reformas podrían darse para que se facilite un proceso, pero tendrían que ser el resultado de procesos de diálogo amplio de las comunidades afectadas, de la sociedad civil y en general de la sociedad colombiana con el gobierno nacional. En ese caso el gobierno debería hacer explícita su voluntad política de recoger las inquietudes de la población, actores armados y otros sectores de la sociedad para llegar a acuerdos consensuados.
María Victoria Llorente: En esas negociaciones hay dos agendas. Una es la de las reformas y la otra es la de los intereses individuales de quienes se están desmovilizando. Entonces, en esa agenda pública hay varias consideraciones que no son solamente la de las reformas que el país requiere y los reclamos históricos de la guerrilla sino qué está dispuesta la sociedad a aceptar como agenda. Y eso pasa, obviamente, por qué tan legítimos son esos grupos para la sociedad.
Actualmente en el ámbito nacional las Farc presentan una crisis de legitimidad. Entonces esa es una pregunta que no es fácil de responder ni yo veo muy claro cuál sería esa agenda que el país aceptaría. Quizás el gobierno tendría que empeñarse en tratar de dilucidar cuál sería la agenda posible.
4. ¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condiciones? ¿Por qué?
Alfredo Rangel: Por lo pronto no hay ningún hecho que dé a entender que las Farc y el ELN estén dispuestos a aceptar las condiciones que pide el gobierno para poder asumir ese diálogo. Esta actitud de los grupos guerrilleros no es promisoria en el corto plazo. Mientras no se convenzan de que su debilitamiento es irreversible –y que además va a aumentar a medida que pase el tiempo– van a insistir en el camino de la fuerza y eso les va a restar posibilidades de llegar a una negociación fructífera.
Carlos Lozano Guillén: No tienen alternativa. Pero es indispensable que sea un verdadero diálogo en donde ambas partes aseguren el pleno conocimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a través de acciones iniciales como la disminución de la intensidad del conflicto y acuerdos humanitarios. El diálogo debe ser útil, constructivo y sin condiciones. El gobierno no debe exigir que el diálogo esté precedido de la desmovilización y otros inamovibles ni insistir en que es la paz de los vencidos.
Carlos Medina: Las Farc y el ELN han hecho explícito su interés de marchar hacia un proceso de paz que de una solución política del conflicto armado. Sin embargo, como investigador, me preocupa identificar si esa voluntad explícita es real o si, por el contrario, constituye una herramienta de la lucha política pero no una salida al conflicto. Las fuerzas insurgentes deben tomar la decisión explícita, en su interior, de marchar hacia un proceso de paz que comprometa realmente a la organización en la transformación de sus formas hacia la lucha institucional y democrática en un abandono de la lucha armada y de la guerra.
Creo que ese proceso no se ha dado al interior de las organizaciones y que, por el contrario, todavía tienen en alta estima la vía armada como instrumento de la confrontación política. Por lo tanto, creo que ellos mantendrán durante muchos años el discurso de la solución política negociada sin que hayan tomado la decisión del abandono de las armas y que esos procesos de paz tendrían unas características específicas.
5. ¿Considera usted que luego de ocho años de seguridad democrática nos encontramos en un nuevo
escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y Políticas?
¿Qué implicaciones tiene eso en las condiciones de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN?
Alfredo Rangel: Después de ocho años de seguridad democrática la correlación de fuerzas ha cambiado a favor del Estado y en contra de la guerrilla, situación que en este nuevo gobierno va a continuar. Eso coloca en manos del gobierno la posibilidad de realizar un diálogo en sus condiciones y no en las de la guerrilla. Así que la única posibilidad que tienen los grupos armados es aceptar las condiciones puestas por el gobierno (en una agenda muy recortada con respecto a la del Caguán). Además, la guerrilla deberá acoplarse a la exigencia del gobierno a abrir compromisos de verdad, justicia y reparación que son ineludibles.
Carlos Lozano Guillén: Estamos en una nueva etapa del conflicto en la cual las causas siguen siendo las mismas y, como no se modificaron, el conflicto persiste. Lo que sí es evidente es que el marco del conflicto cambió porque ahora la iniciativa o la ofensiva la tiene el Gobierno. En ese sentido, la seguridad democrática le propinó duros golpes a la guerrilla, a pesar de que no logró su objetivo declarado de aplastarla.
Álvaro Leyva Durán: No creo que haya un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y políticas. Aquí lo que hay es un regreso a la guerra de guerrillas clásica. Mientras que hay unos acomodamientos y unos desgastes. Esa es la guerra de baja intensidad de la que se hablaba antiguamente y que causa muertes, desorden, violaciones de los derechos y el tránsito de los guerrilleros y los alzados por todo el territorio nacional.
Ese desgaste no implica que se termine el conflicto. Puede que se esté en otra fase, pero es el mismo conflicto y hay que resolverlo no importa en qué fase se esté. Incluso, ciertos logros que se exhiben como avances en seguridad tienen implicaciones en la manera como la guerrilla continúa. Por ejemplo, si hoy las guerrillas secuestran menos es porque tienen otros ingresos por el narcotráfico que, para mí, hoy es el núcleo esencial del problema. El día en que realmente se logre un diálogo real y se toque el tema del narcotráfico se cambiaría la correlación ya no de fuerzas sino de argumentos y discursos de toda esta confrontación armada.
Carlos Medina: No. Creo que no hay un equilibrio de fuerzas militares y políticas sino una ventaja significativa del establecimiento, del gobierno y del Estado colombiano sobre la insurgencia y sobre otras fuerzas como resultado de los logros alcanzados por la política de seguridad democrática que aunque tiene todos los cuestionamientos del mundo, alcanzó éxitos significativos. Nadie va a desconocer que esta política fue una estrategia relativamente exitosa en la lucha contra el narcotráfico, la insurgencia y el paramilitarismo. Pero también generó nuevos fenómenos como la reingeniería de la guerrilla para poder enfrentar la nueva estrategia militar, el posconflicto paramilitar que se manifiesta a través de las bandas criminales y el surgimiento de un modelo neoparamilitar que se extiende por todo el país y que tiene mucha fuerza en las zonas donde el paramilitarismo fue muy fuerte.
En ese sentido, creo que habrá necesidad de que se tomen en consideración esas circunstancias específicas del orden público para poder garantizar una atmósfera de diálogo en la cual las comunidades hagan explícita manifestación de las presiones que tienen de estos nuevos grupos. Además, creo es que es necesario construir un mapa de riesgos en términos de los grupos y bandas criminales y del neoparamilitarismo que esté articulado al mapa político nacional pero también al mapa de consolidación de los procesos de paz que se puedan ir construyendo. Áreas muy importantes del país deben contar con especial atención por parte de las instituciones de derechos humanos, los organismos internacionales y las brigadas de paz que ayuden a construir una atmósfera democrática de seguridad, de convivencia y de bienestar en las regiones para que sean centro de atención y desarrollo de procesos de paz.
María Victoria Llorente: Hoy en día las Fuerzas militares y de Policía sí están mucho mejor preparadas que hace quince años. Hay una ventaja muy grande e irreversible. El problema es que independiente de esa superioridad militar, que es absoluta y evidente, las Farc todavía tienen mucha capacidad de daño en muchas zonas del país. Pese al continuo asedio al que la organización está sometida, mantiene todavía una línea de mando que no es menor. Creería que si se termina de descomponer al secretariado la organización se dispersaría y probablemente se generaría un problema criminal grande.
6. ¿Cree que la opinión pública ha cambiado su percepción acerca de un posible diálogo con los grupos
armados en este último año? ¿Cree que la opinión
pública está lista para ver un diálogo de paz con los grupos armados?
Alfredo Rangel: La opinión pública aceptaría hoy diálogos de paz siempre y cuando la guerrilla de pruebas indudables de que tiene la intención de abandonar la lucha armada y dejar la violencia para atacar a la sociedad civil y al Estado. Si diera ese paso creo que la opinión pública acogería con beneplácito la posibilidad de un diálogo de paz.
Carlos Lozano Guillén: Creo que sí. De hecho, hay sectores del establecimiento que se muestran proclives a los diálogos de paz pues son conscientes del fracaso de la seguridad democrática y reconocen la recomposición de las guerrillas, quienes han asimilado los golpes y aún tienen capacidad política y militar. Estos hechos contradicen la supuesta creación de un “Estado de opinión” belicista que se promueve a través de encuestas de dudosa calidad científica.
Álvaro Leyva Durán: Parte del problema nacional es que aquí se pone el termómetro a la opinión pública para establecer lo que hay que hacer, mientras que hay unas obligaciones de carácter moral y de certeza intelectual, en la medida en que uno tenga la seguridad de que se acerca al bien común, que tienen que estar más allá del termómetro de la opinión. Un hecho importante y lleno de jugosas noticias hace cambiar a la opinión pública, que es básicamente coyuntural. De tal manera que si se inician unas conversaciones secretas, por ejemplo, y llega un día en que aparecen todos los secuestrados, la opinión pública cambiaría de postura porque se le dio una buena noticia.
Carlos Medina: La opinión pública no ha cambiado su percepción porque está atada a los medios de comunicación y sectores políticos que son absolutamente contrarios a los procesos paz. La opinión pública es el ciudadano común y corriente que se construye sobre el principio de la presión informativa de los medios y que no se ha movido de la lógica de aversión a las Farc y a un posible proceso de paz. Creo que todavía pesan mucho los ocho años del gobierno del presidente Uribe en materia de opinión ciudadana frente al problema de los procesos de paz. En ese sentido, hoy la opinión ciudadana no vería con buenos ojos un proceso de diálogo. Para lograrlo, habría que hacer una pedagogía de medios muy fuerte que retomara el entusiasmo de la ciudadanía hacia un proceso de paz. Hay que educar a la opinión ciudadana, al ciudadano de a pie que todavía no está preparado para encontrarse con eso.
María Victoria Llorente: Creo que hay dos niveles en cuanto a un posible cambio de opinión. Uno es el nivel de los líderes de opinión. Ahí se está empezando a hablar mucho de la negociación como una posible salida. Pero ese cambio no se da en la opinión pública general. No hay nada que odien más los colombianos que las Farc. En ese sentido, ha habido un cambio en los líderes de opinión que no se refleja en la opinión generizada. No creo que la opinión pública esté lista para ver un diálogo de paz. Hay que hacer una tarea de preparación en la que los líderes de opinión ayuden a empezar a generar la conciencia. Todavía está en el ambiente el modo uribista de catalogar a esas organizaciones y eso hay que superarlo.
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*Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa hacen parte del equipo de comunicación del CINEP/PPP
Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 72, abril de 2011
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¿Atentado contra los DESC?
En el Congreso se está tramitando la ley de sostenibilidad fiscal, una reforma que supeditaría el gasto en materia de Derechos Sociales Económicos y Culturales a la capacidad de pago que tenga el Estado. Una pelea entre quién se queda con el primer lugar: ¿los derechos o los fines económicos?
¿Atentado contra los DESC?
En el Congreso se está tramitando la ley de sostenibilidad fiscal, una reforma que supeditaría el gasto en materia de Derechos Sociales Económicos y Culturales a la capacidad de pago que tenga el Estado. Una pelea entre quién se queda con el primer lugar: ¿los derechos o los fines económicos?
Por Lucía Camargo Rojas*
”Hay que ahorrar en épocas de vacas gordas para poder gastar en las de vacas flacas”, dice el refrán. Una sabia verdad popular que utilizan economistas y amas de casa a la hora de administrar su dinero y que parece ser el argumento fundamental del proyecto de ley que el anterior ministro de hacienda, Óscar Iván Zuluaga, presentó al Congreso el 20 de julio de 2010, a tan sólo 20 días de que se posesionara el actual Presidente de la República, Juan Manuel Santos.
El Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 “Por el cual se establece la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” busca, fundamentalmente, elevar a categoría de derecho constitucional la sostenibilidad fiscal, es decir, supeditar el gasto social a la capacidad de pago que tenga el Estado. Así, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial tendrían que tomar decisiones de acuerdo a la regla fiscal, una ecuación que determinará el límite del gasto. Palabras más, palabras menos si, por ejemplo, la Corte Constitucional sentencia que un ciudadano tiene derecho a que se le realice una cirugía tendría que revisar si el Estado puede pagarla. Si el gasto de la operación no se ajusta a la regla fiscal, la Corte no podría ordenarla. Con este acto, entonces, se condiciona toda la política social a la disponibilidad de recursos.
La iniciativa que presentó el anterior ministro de hacienda -y que es respaldada por el actual gobierno, al punto de que es una de sus proyectos bandera junto con el de regalías, víctimas y tierras- supone que el Estado debe obligarse a ahorrar en el presente para asegurar que a futuro pueda tener recursos suficientes para garantizar la promoción de los derechos sociales y los demás objetivos que se proponga. Así, en la ponencia se argumenta que “en la medida en que se asegure la sostenibilidad fiscal, mayores serán las posibilidades de hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales, y aumentará igualmente el número de personas con acceso a los bienes y servicios básicos” pues se considera que la sostenibilidad fiscal es un requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho.
El por qué del proyecto
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Mujer tras la tierra
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Fotografìa: Archivo particular Ishmael Beach
Soldado de la infancia
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Arún Gandhi. Fotografía: Federico Ríos-El Espectador
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Claude Anshin Thomas. Fotografìa: David Campuzano-El Espectador
El Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 “Por el cual se establece la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” busca, fundamentalmente, elevar a categoría de derecho constitucional la sostenibilidad fiscal, es decir, supeditar el gasto social a la capacidad de pago que tenga el Estado. Así, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial tendrían que tomar decisiones de acuerdo a la regla fiscal, una ecuación que determinará el límite del gasto. Palabras más, palabras menos si, por ejemplo, la Corte Constitucional sentencia que un ciudadano tiene derecho a que se le realice una cirugía tendría que revisar si el Estado puede pagarla. Si el gasto de la operación no se ajusta a la regla fiscal, la Corte no podría ordenarla. Con este acto, entonces, se condiciona toda la política social a la disponibilidad de recursos.
La iniciativa que presentó el anterior ministro de hacienda -y que es respaldada por el actual gobierno, al punto de que es una de sus proyectos bandera junto con el de regalías, víctimas y tierras- supone que el Estado debe obligarse a ahorrar en el presente para asegurar que a futuro pueda tener recursos suficientes para garantizar la promoción de los derechos sociales y los demás objetivos que se proponga. Así, en la ponencia se argumenta que “en la medida en que se asegure la sostenibilidad fiscal, mayores serán las posibilidades de hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales, y aumentará igualmente el número de personas con acceso a los bienes y servicios básicos” pues se considera que la sostenibilidad fiscal es un requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho.
El por qué del proyecto
¿Por qué el gobierno Uribe presentó esta propuesta? ¿Por qué el gobierno Santos la respalda? Según Ricardo Bonilla, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional (CID), la idea de la sostenibilidad fiscal surgió alrededor de la famosa bonanza minera y la necesidad de administrar con prudencia los nuevos ingresos que obtendría el país. “En la medida en que entró más dinero a Colombia la tasa de cambio se revaluó. La idea del marco fiscal surge para controlar la entrada de esos ingresos y para administrarlos de manera efectiva, por ejemplo, en proyectos de inversión, evitando gastar de forma desmesurada”.
Argumento con el que concuerda César Giraldo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, quien explicó en el Programa Espacio Debates Económicos de la UN que el gobierno quiere impedir que se dé la denominada “enfermedad holandesa”: fenómeno que se presentó en los Países Bajos a mediados del siglo pasado y que consistió en que el auge de la exportación minera generó un flujo de divisas tan fuerte que se desestimularon las actividades productivas internas.
Así, el proyecto de sostenibilidad fiscal busca impedir que los ingresos extraordinarios que han entrado en el país en los últimos dos años (y que se espera continúen al menos tres más) terminen por hacer que Colombia sólo viva de la renta petrolera y suspenda otro tipo de actividades productivas. La propuesta, entonces, consiste en que si el ingreso de la producción minero-energética sobrepasa cierto límite, el Estado debe recibir esos recursos y guardarlos en un fondo de estabilización, de tal manera que pueda ahorrarlos y no gastarlos.
Hasta ahí tanto los proponentes de la ley, como los analistas y los congresistas que tienen que aprobarla concuerdan. Es necesario esterilizar esos ingresos extraordinarios y ahorrar en época de bonanza. Sin embargo, el cómo se va a ahorrar y el que la medida se convierta en un derecho es lo comienza a tener inconsistencias y a generar dudas.
Sostenibilidad fiscal ¿Un derecho fundamental?
Como el Acto Legislativo 016 de 2010 busca reformar la constitución, tiene que pasar por ocho debates en dos vueltas que deben cumplirse en dos periodos distintos. El 6 de octubre de 2010 el proyecto pasó con 24 votos a favor y 4 en contra en primer debate, a pesar de las críticas de miembros de Partido de la U, como el vicepresidente de la Cámara Roosvelt Rodríguez y el representante Carlos Eduard Osorio quienes expresaron su preocupación porque con la iniciativa los principios fundamentales de los ciudadanos quedarán supeditados al “derecho” del Estado de responder sólo en la medida en que haya excedentes para cumplirlos.
Días después le fue negada la propuesta en segundo debate al ministro de hacienda y actual abanderado del proyecto, Juan Carlos Echeverry por 62 votos contra 57 por lo que la iniciativa se aplazó para la última semana de octubre y el 29 de ese mismo mes fue aprobada en primera vuelta. Y es que entre los congresistas ya se empiezan a vislumbrar reparos al proyecto. Uno de los más férreos opositores ha sido el representante a la cámara por el Partido Verde, Alfonso Prada, quien ha sostenido que “las medidas que se piensan tomar se están encaminando hacia limitaciones de tipo constitucional que ponen en peligro, entre otras cosas, el alcance de los derechos sociales y económicos”.
En su ponencia para primer debate Prada explica: “Este proyecto de reforma a la Constitución Política va en contravía del paradigma de Estado constitucional y social de derecho, consagrado en la carta de 1991, cambia la jerarquía natural de los principios y me atrevería a decir que constituye por ello una sustitución a la esencia de nuestra Constitución, la que sería cambiada para poner la sociedad al servicio de la economía y no al revés, la técnica y los instrumentos de la organización y estructura del Estado al servicio de la sociedad, de los colombianos y de su dignidad”. Por eso considera que no se debe partir de un análisis de sostenibilidad fiscal para determinar el grado de garantía de los derechos, sino que se debe comenzar por estudiar el mandato constitucional para adecuar a dicha exigencia la sostenibilidad fiscal.
Prada pone de manifiesto que la propuesta de ley de sostenibilidad fiscal presupone una visión tecnicista, economista y pragmática del Estado en la que se subordinan los derechos y su garantía a la consecución de los fines económicos. “Esta última concepción acarrearía un Cambio de Paradigma de Estado contrario a lo establecido por la Constitución de 1991, que es un paradigma de Estado Social de Derecho, cuyo eje normativo y columna vertebral son los Derechos Fundamentales y su garantía”.
Incluso Prada cuestiona el que se catalogue a la sostenibilidad fiscal como un derecho pues, en ese caso habría que preguntarse si sería social, económico, cultural, o colectivo y si la premisa de que es “un requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” es suficiente para que se le denomine como “derecho”.
Prada, así como Giraldo, sostienen que con esta ley lo que se pretende es inclinar la balanza hacia el principio de sostenibilidad fiscal y poner en segundo lugar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). De hecho, para Libardo Herreño, investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), el problema más grave de esta propuesta de ley consiste en que terminaría por recortar las alas a la tutela social y a las competencias de la Corte Constitucional para decidir fallos con contenido económico, especialmente los relacionados con los DESC. “Los jueces tendrían entonces que considerar primero las consecuencias de los fallos económicos que producen mediante tutela, antes que proteger los derechos”.
¿Sólo recorte a los DESC?
Con la medida, además, el gobierno quiere disminuir el déficit fiscal y para hacerlo concluye que hay que recortar el gasto en materia de DESC. Para analistas como Herreño, la iniciativa presupone que el déficit proviene del gasto desbordado en materia de DESC cuando existen otros rubros como el gasto militar, el gasto de Gobierno Central, la corrupción y el pago de la deuda publica que también contribuyen al déficit y a los que no se les piensa imponer la regla fiscal.
De hecho, en la editorial de Portafolio del 19 de octubre de 2010 se explica que “el sesgo del proyecto radica en que no contiene de manera explícita la misma obligación para otras aprobaciones que pueda hacer el Congreso, como, por ejemplo, deducciones tributarias a los inversionistas, contratos de estabilidad jurídica o subsidios a agricultores. Parecería, por lo tanto, que dentro de la lógica del plan la única amenaza a la sostenibilidad fiscal fueran los gastos para atender los derechos sociales y económicos, mientras que otros rubros del gasto público aprobados por el Congreso, incluido el de defensa, no tendrían que ser medidos con este rasero”.
Esa es una de las razones por las que en la Cámara de Representantes se introdujo la siguiente frase al proyecto: "En todo caso el gasto destinado a la concreción de los fines del Estado Social de Derecho tendrán carácter prioritario". La editorial de Portafolio aclara que esa precisión es fundamental, pero pregona porque se imponga a cualquier apropiación de recursos públicos la misma restricción que se quiere aplicar a los gastos sociales.
El debate
Así, por un lado el debate radica en que si se va a ahorrar, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos sociales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero por otro la propuesta de sostenibilidad fiscal termina por evidenciar una contradicción en la misma Constitución: por una parte promulga los derechos y por otra establece que tiene que primar la estabilidad social y macroeconómica. Lo que estaría tratando de hacer el Acto Legislativo 016 de 2010, entonces, es lograr que la economía tenga el sartén por el mango y esté por encima de los derechos.
“Por eso es preocupante que se eleve la sostenibilidad fiscal a un derecho constitucional”, explica Libardo Herreño. “Es un simple instrumento de política económica que sirve para ordenar las finanzas públicas y eso se puede hacer mediante una ley ordinaria, orgánica, que ayude a ahorrar en tiempos de bonanza”.
Según la economista de Viva la ciudadanía, Martha Yaneth Sandoval, “para adoptar y operativizar la regla fiscal propuesta no se requiere de una reforma constitucional que eleve al rango de derecho la sostenibilidad fiscal. Lo que se requiere es una reforma de la ley orgánica del presupuesto, que hasta ahora no ha sido puesta a consideración del Congreso por parte del Gobierno Nacional”.
Si lo que se quiere es ahorrar, pregonan algunos, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos sociales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero eso no significa que ese debate sea necesario darlo en la Constitución. Como bien se cuestionó en la Editorial de El Espectador del 20 de octubre sobre el tema: “¿es la constitución el lugar para resguardar la política económica del país?”. Más aún, ¿qué implicaciones, a largo plazo, puede tener esta reforma? La cuestión es simple: ya los ciudadanos no podrían exigir sus derechos, pues todo estaría supeditado a si hay o no recursos para pagar. La tutela moriría y la Corte Constitucional no podría emitir fallos a favor de los derechos, por ejemplo, los de las víctimas del conflicto armado, porque quedaría supeditada al límite del gasto. Como se ve, la propuesta no es de poca monta y debería generar discusión entre la misma opinión pública. Al fin y al cabo, a la larga, son los ciudadanos los más afectados. Se espera que los congresistas realmente analicen la situación con detenimiento, así como la Corte y la misma ciudadanía. Es un tema de interés público que, antes que nada, debería generar debate.◙
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* Lucía Camargo es Periodista del equipo de comunicación del CINEP-Programa por la Paz
Referencias:
El Espectador (2010), “Sostenibilidad fiscal: un debate pendiente” en El Espectador, 20 de octubre. Portafolio (2010), “Sostenibilidad fiscal sin riesgos” en Portafolio, 19 de octubre.
“Proyecto Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 451 del 23 de julio de 2010.
“Ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 723 del 30 de septiembre de 2010.
“Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 734 del 4 de octubre de 2010.
Sandoval Salazar, Martha Yaneth (2010), “El derecho a la sostenibilidad fiscal limita el alcance de la Corte Constitucional” en Caja de Herramientas, No 137, Viva la ciudadanía, septiembre-diciembre, pp. 8-9.
Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 71, noviembre 2010.
Para ver el artículo en PDF haga click aquí.
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Campesina en las alturas
Por: Lucía Camargo Rojas
Olga Zapana Alania vive en el distrito de Condoriri en Perú. Hace parte de un grupo de mujeres ahorristas que le ha permitido tener recursos líquidos para mejorar sus productos y pagar la educación de sus hijos.
Vive a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Para soportar el frío que hace en esas alturas, usa prendas elaboradas con la lana de la alpaca. Tanto así que emana olor a lana, a tierra, a campo. En el encuentro Mujer rural y acceso a la tierra Olga Zapana Alanía se distinguía fácilmente. Es de estatura baja (mide menos de 1.60), tez morena y rasgos indígenas. Sus largas trenzas hacían juego con un diminuto gorro negro que se apresuraba a ponerse para las fotos y con sus largas faldas que apenas dejaban ver sus pies. Era la primera vez que se alejaba de su país.Pasó del Distrito de Conduriri, provincia El Collao, departamento de Puno, en Perú, a los 2.800 metros bogotanos. No sintió frío.
En el encuentro escuchó cómo varias de las asistentes relataron sus luchas cotidianas para obtener unas cuántas hectáreas. Se sorprendió de que todavía en otras partes del mundo sea necesario luchar por la tierra. En su región todos los campesinos son dueños del terreno en que trabajan. “Cuando yo era pequeña los gamonales llegaron y se apoderaron de nuestras tierras. No sé de dónde venían. Maltrataban a los campesinos. Pero cuando yo estaba joven pude comprar mi tierra y los grandes hacendados se fueron. Todo por la reforma agraria. ‘La tierra es de quienes la trabajan’, decía el gobierno. Nosotros hemos aprovechado y ahora tenemos nuestros propios terrenos para vivir”.
“A la tierra le damos cariño”
Olga Zapana lleva cincuenta años trabajando en el campo. Ella misma afirma que tiene una larga trayectoria en la materia. “Nosotros vivimos en armonía con la naturaleza. Creemos que las plantas, animales y seres vivos son como una persona. Por eso, así como la tierra nos da productos y nos corresponde cuando la trabajamos, cultivamos y sembramos, nosotros le correspondemos brindándole cariño. Por ejemplo, para sembrar papa, le damos al suelo su inciensito, su coquita y una grasita que tiene la alpaca, porque sabemos que a la tierra le gusta y se lo damos a cambio de los frutos que ella nos brinda” explica con convicción Olga.
Cuenta que en su región se dedican a la crianza de alpacas —mamíferos característicos del Ecuador, Bolivia y Perú, que se valoran por sus lanas, a partir de las cuales se hacen mantas y ponchos indígenas tradicionales—. Así aprovechan la carne del animal para venderla o consumirla y utilizan su lana para hacer sus propias prendas o comercializarlas.
Además, las familias que conforman su comunidad —y que comparten 30 hectáreas —reparten su tiempo entre la crianza de alpacas, el trabajo de los pastos y la creación de artesanías. Los productos que resultan de su trabajo los venden en un local que es propiedad de todos y en el que se reúnen para organizarse y capacitarse.
“Nosotros habíamos estado durmiendo. Pero despiertos”
Y es que se han capacitado para funcionar de manera más productiva gracias al apoyo del proyecto Sierra Sur, implementado por PRORURAL/ Ministerio de Agricultura del Perú con financiamiento del FIDA, de la Fundación Capital que promueve la movilización del ahorro popular y del que Olga tuvo oportunidad de hablar en su intervención en el segundo panel del conversatorio. Tomó el micrófono, respiró profundo y con voz pausada y fuerte, como si fuera un quejido, dictaminó: “Nosotros hemos aprendido muchas cosas con Sierra Sur. En realidad nosotros habíamos estado durmiendo. Pero despiertos”.
Así, Olga relató cómo unos técnicos los capacitaron y les enseñaron a mejorar los pastos para criar a sus animales y a no utilizar los materiales plásticos. Además, contó cómo en su comunidad han creado un grupo de mujeres ahorristas. “Antes de que llegara Sierra Sur nosotros quisimos ahorrar. Pero no sabíamos cómo porque mi comunidad queda muy lejos. No sabíamos cómo tener una cuenta bancaria”, explicó.
Hoy en día, cada una de las mujeres del grupo de ahorristas al que Olga pertenece tiene su propia cuenta en el banco y ahorra de acuerdo con sus posibilidades. “Con ese dinero vamos a pagar la educación de nuestros hijos y a mejorar nuestra artesanía. Y también nos ayudará a salir de apuros”, explica.
El proyecto Sierra Sur propone a las comunidades una estrategia integral que facilita dinámicas internas. Abre convocatorias para grupos de ahorro de mujeres, así como para que diferentes equipos obtengan recursos que les permitan contactar directamente servicios de asistencia técnica.
Tanto Olga como sus compañeras han sido usuarias activas del proyecto que, según ellas mismas, les ha ayudado a posicionarse como iguales ante los varones de su comunidad. “Nosotras, como mujeres campesinas, no nos valoramos. Nos falta autoestima. Pensamos que el varón siempre tiene la razón. Pero desde que nos empezamos a organizar en los grupos de mujeres ahorristas, los hombres nos comenzaron a valorar más. Así nosotras estamos haciendo respetar nuestros derechos. Estamos demostrando que nosotras somos tan iguales como el varón”.
¿Quién trabajará la tierra?
Olga está orgullosa de su actual papel en su comunidad. Tanto ella como sus compañeras tienen muchos retos. Quieren ahorrar para la educación de sus hijos y mejorar la calidad y venta de sus productos. Hasta tienen en mente recuperar sus tradiciones: música, danza, canto y alimentación, así como todo lo que les puedan enseñar sus abuelos sobre el cuidado y respeto por la naturaleza.
Sin embargo, a Olga le preocupa el futuro de la tierra que trabaja con tanto esmero. “Creemos que en algún momento no va a haber nadie que trabaje la tierra. Ya no va a haber ganado, ya no va a haber chacra. ¿Qué vamos a hacer si los jóvenes no saben hacer eso? A los jóvenes no se los educa para trabajar la tierra. Sólo están encerrados en cuatro paredes. No hay práctica. Por eso creemos que la educación debería cambiar: 50% campo, 50% teoría. No saben hacer nada y así han crecido. Sólo escriben. Eso no nos deja avanzar”, comenta.
“Yo tengo tres hijos. Ellos no manejan la tierra. Entre ellos mismos deciden irse al pueblo porque no valoran el campo. Le estoy enseñando a trabajar el campo al menor que ya está en la universidad. Él dice: ‘yo nunca voy a dejar mi tierra’. A él sí le gusta. Yo le enseño a que sepa de todo: criar ganado, hacer chacra. Creo que hace falta que a nuestros hijos nosotros mismos les enseñemos eso. Para mí, hoy en día la educación no es para la vida”, concluye.
Publicado en Mujer rural. Derechos, desafíos y perspectivas. Memorias Conversatorio Internacional 7, 8 y 9 de julio de 2010. CINEP/PPP, ILC, FIDA.
Incluso Prada cuestiona el que se catalogue a la sostenibilidad fiscal como un derecho pues, en ese caso habría que preguntarse si sería social, económico, cultural, o colectivo y si la premisa de que es “un requisito indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho” es suficiente para que se le denomine como “derecho”.
Prada, así como Giraldo, sostienen que con esta ley lo que se pretende es inclinar la balanza hacia el principio de sostenibilidad fiscal y poner en segundo lugar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). De hecho, para Libardo Herreño, investigador del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), el problema más grave de esta propuesta de ley consiste en que terminaría por recortar las alas a la tutela social y a las competencias de la Corte Constitucional para decidir fallos con contenido económico, especialmente los relacionados con los DESC. “Los jueces tendrían entonces que considerar primero las consecuencias de los fallos económicos que producen mediante tutela, antes que proteger los derechos”.
¿Sólo recorte a los DESC?
Con la medida, además, el gobierno quiere disminuir el déficit fiscal y para hacerlo concluye que hay que recortar el gasto en materia de DESC. Para analistas como Herreño, la iniciativa presupone que el déficit proviene del gasto desbordado en materia de DESC cuando existen otros rubros como el gasto militar, el gasto de Gobierno Central, la corrupción y el pago de la deuda publica que también contribuyen al déficit y a los que no se les piensa imponer la regla fiscal.
De hecho, en la editorial de Portafolio del 19 de octubre de 2010 se explica que “el sesgo del proyecto radica en que no contiene de manera explícita la misma obligación para otras aprobaciones que pueda hacer el Congreso, como, por ejemplo, deducciones tributarias a los inversionistas, contratos de estabilidad jurídica o subsidios a agricultores. Parecería, por lo tanto, que dentro de la lógica del plan la única amenaza a la sostenibilidad fiscal fueran los gastos para atender los derechos sociales y económicos, mientras que otros rubros del gasto público aprobados por el Congreso, incluido el de defensa, no tendrían que ser medidos con este rasero”.
Esa es una de las razones por las que en la Cámara de Representantes se introdujo la siguiente frase al proyecto: "En todo caso el gasto destinado a la concreción de los fines del Estado Social de Derecho tendrán carácter prioritario". La editorial de Portafolio aclara que esa precisión es fundamental, pero pregona porque se imponga a cualquier apropiación de recursos públicos la misma restricción que se quiere aplicar a los gastos sociales.
El debateAsí, por un lado el debate radica en que si se va a ahorrar, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos sociales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero por otro la propuesta de sostenibilidad fiscal termina por evidenciar una contradicción en la misma Constitución: por una parte promulga los derechos y por otra establece que tiene que primar la estabilidad social y macroeconómica. Lo que estaría tratando de hacer el Acto Legislativo 016 de 2010, entonces, es lograr que la economía tenga el sartén por el mango y esté por encima de los derechos.
“Por eso es preocupante que se eleve la sostenibilidad fiscal a un derecho constitucional”, explica Libardo Herreño. “Es un simple instrumento de política económica que sirve para ordenar las finanzas públicas y eso se puede hacer mediante una ley ordinaria, orgánica, que ayude a ahorrar en tiempos de bonanza”.
Según la economista de Viva la ciudadanía, Martha Yaneth Sandoval, “para adoptar y operativizar la regla fiscal propuesta no se requiere de una reforma constitucional que eleve al rango de derecho la sostenibilidad fiscal. Lo que se requiere es una reforma de la ley orgánica del presupuesto, que hasta ahora no ha sido puesta a consideración del Congreso por parte del Gobierno Nacional”.
Si lo que se quiere es ahorrar, pregonan algunos, no sólo se debe limitar el gasto de los derechos económicos sociales y culturales, sino también el de otros rubros. Pero eso no significa que ese debate sea necesario darlo en la Constitución. Como bien se cuestionó en la Editorial de El Espectador del 20 de octubre sobre el tema: “¿es la constitución el lugar para resguardar la política económica del país?”. Más aún, ¿qué implicaciones, a largo plazo, puede tener esta reforma? La cuestión es simple: ya los ciudadanos no podrían exigir sus derechos, pues todo estaría supeditado a si hay o no recursos para pagar. La tutela moriría y la Corte Constitucional no podría emitir fallos a favor de los derechos, por ejemplo, los de las víctimas del conflicto armado, porque quedaría supeditada al límite del gasto. Como se ve, la propuesta no es de poca monta y debería generar discusión entre la misma opinión pública. Al fin y al cabo, a la larga, son los ciudadanos los más afectados. Se espera que los congresistas realmente analicen la situación con detenimiento, así como la Corte y la misma ciudadanía. Es un tema de interés público que, antes que nada, debería generar debate.◙
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* Lucía Camargo es Periodista del equipo de comunicación del CINEP-Programa por la Paz
Referencias:
El Espectador (2010), “Sostenibilidad fiscal: un debate pendiente” en El Espectador, 20 de octubre. Portafolio (2010), “Sostenibilidad fiscal sin riesgos” en Portafolio, 19 de octubre.
“Proyecto Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 451 del 23 de julio de 2010.
“Ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 723 del 30 de septiembre de 2010.
“Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010 Cámara” en Gaceta del Congreso 734 del 4 de octubre de 2010.
Sandoval Salazar, Martha Yaneth (2010), “El derecho a la sostenibilidad fiscal limita el alcance de la Corte Constitucional” en Caja de Herramientas, No 137, Viva la ciudadanía, septiembre-diciembre, pp. 8-9.
Publicado en Cien días vistos por CINEP/PPP No 71, noviembre 2010.
Para ver el artículo en PDF haga click aquí.
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Campesina en las alturas
Por: Lucía Camargo Rojas
Olga Zapana Alania vive en el distrito de Condoriri en Perú. Hace parte de un grupo de mujeres ahorristas que le ha permitido tener recursos líquidos para mejorar sus productos y pagar la educación de sus hijos.
Vive a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Para soportar el frío que hace en esas alturas, usa prendas elaboradas con la lana de la alpaca. Tanto así que emana olor a lana, a tierra, a campo. En el encuentro Mujer rural y acceso a la tierra Olga Zapana Alanía se distinguía fácilmente. Es de estatura baja (mide menos de 1.60), tez morena y rasgos indígenas. Sus largas trenzas hacían juego con un diminuto gorro negro que se apresuraba a ponerse para las fotos y con sus largas faldas que apenas dejaban ver sus pies. Era la primera vez que se alejaba de su país.Pasó del Distrito de Conduriri, provincia El Collao, departamento de Puno, en Perú, a los 2.800 metros bogotanos. No sintió frío.
En el encuentro escuchó cómo varias de las asistentes relataron sus luchas cotidianas para obtener unas cuántas hectáreas. Se sorprendió de que todavía en otras partes del mundo sea necesario luchar por la tierra. En su región todos los campesinos son dueños del terreno en que trabajan. “Cuando yo era pequeña los gamonales llegaron y se apoderaron de nuestras tierras. No sé de dónde venían. Maltrataban a los campesinos. Pero cuando yo estaba joven pude comprar mi tierra y los grandes hacendados se fueron. Todo por la reforma agraria. ‘La tierra es de quienes la trabajan’, decía el gobierno. Nosotros hemos aprovechado y ahora tenemos nuestros propios terrenos para vivir”.
“A la tierra le damos cariño”
Olga Zapana lleva cincuenta años trabajando en el campo. Ella misma afirma que tiene una larga trayectoria en la materia. “Nosotros vivimos en armonía con la naturaleza. Creemos que las plantas, animales y seres vivos son como una persona. Por eso, así como la tierra nos da productos y nos corresponde cuando la trabajamos, cultivamos y sembramos, nosotros le correspondemos brindándole cariño. Por ejemplo, para sembrar papa, le damos al suelo su inciensito, su coquita y una grasita que tiene la alpaca, porque sabemos que a la tierra le gusta y se lo damos a cambio de los frutos que ella nos brinda” explica con convicción Olga.
Cuenta que en su región se dedican a la crianza de alpacas —mamíferos característicos del Ecuador, Bolivia y Perú, que se valoran por sus lanas, a partir de las cuales se hacen mantas y ponchos indígenas tradicionales—. Así aprovechan la carne del animal para venderla o consumirla y utilizan su lana para hacer sus propias prendas o comercializarlas.
Además, las familias que conforman su comunidad —y que comparten 30 hectáreas —reparten su tiempo entre la crianza de alpacas, el trabajo de los pastos y la creación de artesanías. Los productos que resultan de su trabajo los venden en un local que es propiedad de todos y en el que se reúnen para organizarse y capacitarse.
“Nosotros habíamos estado durmiendo. Pero despiertos”
Y es que se han capacitado para funcionar de manera más productiva gracias al apoyo del proyecto Sierra Sur, implementado por PRORURAL/ Ministerio de Agricultura del Perú con financiamiento del FIDA, de la Fundación Capital que promueve la movilización del ahorro popular y del que Olga tuvo oportunidad de hablar en su intervención en el segundo panel del conversatorio. Tomó el micrófono, respiró profundo y con voz pausada y fuerte, como si fuera un quejido, dictaminó: “Nosotros hemos aprendido muchas cosas con Sierra Sur. En realidad nosotros habíamos estado durmiendo. Pero despiertos”.
Así, Olga relató cómo unos técnicos los capacitaron y les enseñaron a mejorar los pastos para criar a sus animales y a no utilizar los materiales plásticos. Además, contó cómo en su comunidad han creado un grupo de mujeres ahorristas. “Antes de que llegara Sierra Sur nosotros quisimos ahorrar. Pero no sabíamos cómo porque mi comunidad queda muy lejos. No sabíamos cómo tener una cuenta bancaria”, explicó.
Hoy en día, cada una de las mujeres del grupo de ahorristas al que Olga pertenece tiene su propia cuenta en el banco y ahorra de acuerdo con sus posibilidades. “Con ese dinero vamos a pagar la educación de nuestros hijos y a mejorar nuestra artesanía. Y también nos ayudará a salir de apuros”, explica.
El proyecto Sierra Sur propone a las comunidades una estrategia integral que facilita dinámicas internas. Abre convocatorias para grupos de ahorro de mujeres, así como para que diferentes equipos obtengan recursos que les permitan contactar directamente servicios de asistencia técnica.
Tanto Olga como sus compañeras han sido usuarias activas del proyecto que, según ellas mismas, les ha ayudado a posicionarse como iguales ante los varones de su comunidad. “Nosotras, como mujeres campesinas, no nos valoramos. Nos falta autoestima. Pensamos que el varón siempre tiene la razón. Pero desde que nos empezamos a organizar en los grupos de mujeres ahorristas, los hombres nos comenzaron a valorar más. Así nosotras estamos haciendo respetar nuestros derechos. Estamos demostrando que nosotras somos tan iguales como el varón”.
¿Quién trabajará la tierra?
Olga está orgullosa de su actual papel en su comunidad. Tanto ella como sus compañeras tienen muchos retos. Quieren ahorrar para la educación de sus hijos y mejorar la calidad y venta de sus productos. Hasta tienen en mente recuperar sus tradiciones: música, danza, canto y alimentación, así como todo lo que les puedan enseñar sus abuelos sobre el cuidado y respeto por la naturaleza.
Sin embargo, a Olga le preocupa el futuro de la tierra que trabaja con tanto esmero. “Creemos que en algún momento no va a haber nadie que trabaje la tierra. Ya no va a haber ganado, ya no va a haber chacra. ¿Qué vamos a hacer si los jóvenes no saben hacer eso? A los jóvenes no se los educa para trabajar la tierra. Sólo están encerrados en cuatro paredes. No hay práctica. Por eso creemos que la educación debería cambiar: 50% campo, 50% teoría. No saben hacer nada y así han crecido. Sólo escriben. Eso no nos deja avanzar”, comenta.
“Yo tengo tres hijos. Ellos no manejan la tierra. Entre ellos mismos deciden irse al pueblo porque no valoran el campo. Le estoy enseñando a trabajar el campo al menor que ya está en la universidad. Él dice: ‘yo nunca voy a dejar mi tierra’. A él sí le gusta. Yo le enseño a que sepa de todo: criar ganado, hacer chacra. Creo que hace falta que a nuestros hijos nosotros mismos les enseñemos eso. Para mí, hoy en día la educación no es para la vida”, concluye.
Publicado en Mujer rural. Derechos, desafíos y perspectivas. Memorias Conversatorio Internacional 7, 8 y 9 de julio de 2010. CINEP/PPP, ILC, FIDA.
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Mujer tras la tierra
Por: Lucía Camargo Rojas
Maria Elvira Espinosa es una campesina del Tolima que desde que nació ha sido desplazada de su tierra. Lleva más de 40 años luchando por ser dueña del terreno en que trabaja.
Cuando Maria Elvira Espinosa tenía apenas un día de nacida sus padres tuvieron que sacarla corriendo de su hogar en Pastales, departamento del Tolima. La violencia del 48 hizo que a su familia no le quedara más remedio que trasladarse a Ibagué y dejar sus tierras. “Mi papá era campesino. No sabía nada más que recolectar café y sembrar plantas” recuerda Maria Elvira. Así que toda la familia lo ayudó a trabajar unas tierras en Ibagué que algunos amigos les prestaban o arrendaban. Por eso, tanto ella como sus hermanos iban muy poco a la escuela. Sólo estudiaron hasta quinto de primaria. Años después se fue a vivir con un compañero a Santander en donde, durante 16 años, trabajaron las tierras de otros. En ese momento la violencia la representaban los paramilitares, quienes le mataron a un hijo y le quitaron la posibilidad de seguir su labor en el campo. Corría el año 88. Tuvieron que deambular por el departamento buscando sobrevivir. “En esa época el conflicto en Santander era tenaz. Trabajamos en algunas fincas pero eso no era rentable. Entonces en el 90 decidimos venir a Bogotá para probar suerte”, comenta.
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La mujer de pantalones
Por: Lucía Camargo Rojas
Mientras vivieron en Santander hicieron parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR). Sin embargo, su continuo desplazamiento hizo que perdieran el contacto. Afortunadamente se reencontraron en Bogotá, ya para el año 1992, y volvieron a vincularse a la organización. Mientras tanto, el marido de María Elvira se dedicó a trabajar en un cultivo de flores en Madrid, Cundinamarca.
Paralelamente, un grupo de campesinos del Sur del Cesar a los que los paramilitares también les habían arrebatado sus tierras y a quienes les mataron dos líderes, arribaron a Bogotá en 1996 en busca de una solución por parte del Estado. Durante ocho meses se tomaron el INCORA y la Defensoría del Pueblo. Fue tal su insistencia que, según María Elvira “El INCORA ya no se los aguantaba más y les entregó lo que hoy se llama Hacienda la Miel, Barrio Nueva Esperanza, en Ibagué”.
Como este grupo de campesinos había trabajado de la mano con ANUC - UR se estableció que cinco de los miembros de esta organización recibieran una parte de las tierras de la Hacienda la Miel. Una de las beneficiadas fue María Elvira, quien como cabeza de familia —su antiguo compañero se había ido— tuvo participación en la entrega de los predios.
Sin embargo, la luna de miel duró muy poco pues el INCORA les puso unas condiciones que, a largo plazo, resultaron muy difíciles de cumplir. Lo primero que les exigieron fue que trabajaran como una empresa comunitaria. “Eso para el campesino es muy duro porque uno está acostumbrado a trabajar de manera individual. Además, al final los recursos los terminan manejando los hombres y a las mujeres las dejan por fuera. Trabajamos de esa manera durante cinco años pero no funcionó, entre otras razones, porque unos laboraban más que otros. Eso se nos salió de las manos”, explica María Elvira.
Así que hace cinco años decidieron dividirse las tierras. Cada uno quedó con entre cinco y siete hectáreas. “El problema es que es un terreno en el que se ha sembrado gran variedad de productos. En un tiempo fue algodonero, luego se prestó para la ganadería y después sirvió para sembrar caña. Son tierras que están demasiado cansadas. Necesitan mucha tecnología y abonos para recuperarse. Eso nos ha constado mucho trabajo porque se necesita mucho material extra y toca pedirle dinero al banco para que la tierra se pueda mover y queda uno endeudado. Además, los bancos sólo prestan cierta cantidad que no es suficiente”.
Para rematar, el INCORA no les entregó las escrituras inmediatamente sino que les exigía que pagaran el 30% del valor de los predios, dinero que el grupo de campesinos se rehusó a pagar. Así que para obtener los documentos decidieron aceptar la oferta de una compañía privada que les ofreció pagar el valor que hacía falta a cambio de que la dejaran instalar una recicladora de basura en los predios.
“Así fue como supuestamente adquirimos las escrituras. A cambio de tener una compañía extraña en el terreno. Pero no somos los dueños de las tierras porque tenemos que esperar 10 años después de firmar el contrato para ser los propietarios legales. Y eso que ya nosotros llevamos 13 años viviendo allí. Todavía nos falta esperar cinco años más”, explica María Elvira.
Entonces, su lucha por tener una tierra legalmente y poderla trabajar sigue en pie. Cree que el Estado no debió haberles exigido ese dinero. “No deberíamos pagar nada a cambio de las tierras que habíamos perdido antes”. Además, se queja de que las capacitaciones que les hacen son muy esporádicas y que no los ayudan a crecer y consolidarse. Es muy difícil que les presten recursos y los intereses son muy altos. Por eso considera que a pesar de que es claro que la tierra es un derecho, a la hora de la verdad, no se cumple. “Uno se da cuenta de que el Estado es sordo. Si uno exige, inmediatamente lo tildan de revolucionario”.
“Me gustaría que las cosas cambiaran, que los campesinos pudieran trabajar su propia tierra en vez de formar cordones de miseria en las ciudades. No solamente les serviría a ellos sino a todos. Así viviríamos mejor. Uno sufre sabiendo que hay ‘tantas tierras en pocas manos y muchas manos sin tierra’”, concluye.
Publicado en Mujer rural. Derechos, desafíos y perspectivas. Memorias Conversatorio Internacional 7, 8 y 9 de julio de 2010. CINEP/PPP, ILC, FIDA.
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La mujer de pantalones
Por: Lucía Camargo Rojas
Edilia Mendoza se ha dedicado a luchar para que otros puedan tener sus propias tierras y trabajarlas, a pesar de que a ella misma se las han arrebatado varias veces.
Es tan fuerte su convicción de que se debe trabajar en grupo y unidad para lograr la igualdad de derechos que no se atreve a hablar en singular, a pesar de que está relatando su historia de vida. Es tal su desapego a las cosas para sí misma y tal su deseo de que los demás prosperen que lucha para otorgarles a otros lo que ella misma no tiene. Su misión está tan arraigada en su mente que no duda en llamar “compañero” a quienquiera que haya trabajado con ella. No importa si es un campesino del Sur de Bolívar. No importa si es un representante de Indonesia en un encuentro internacional.
Es Edilia Mendoza. Una mujer fuerte, robusta, que parece no tenerle miedo a nada y quien ha sido desplazada siete veces de los hogares que ha construido en distintas comunidades. “Y cada vez que vuelvo a intentarlo me persiguen más y me amenazan”, explica. Sin embargo, ella persiste. “Soy una convencida de los casos perdidos”, es viuda y su salud es delicada, pero lucha fervientemente por la consecución de tierras y los otros derechos para los campesinos, así como por la garantía del derecho a la salud de los colombianos.
Historia
Toda su infancia Edilia la vivió en el campo en una provincia del departamento de Santander. Recuerda cómo su padre siempre se interesaba por las condiciones de vida de cada una de las comunidades que visitaban: que todos tuvieran acceso al agua, a las tierras y a la educación. De su madre heredó la tradición indígena guane, así como la solidaridad, la organización y el respeto. Estos fueron ejemplos que ella siguió en cada una de las actividades que emprendió posteriormente.
Iba al colegio e inmediatamente regresaba a trabajar el campo junto con su familia. Inculcada por su padre, a los 10 años comenzó a trabajar en las Juntas de Acción Comunal. Así, con el correr de los años se destacó por ser líder estudiantil y participar en varias huelgas. Explica que, en un principio, “me tentaron en el lado del sector sindical. Pero mi contacto con el campo hizo que me llamara más la atención el trabajo con campesinos y campesinas”.
Por eso, sin dudarlo, se vinculó al movimiento campesino en una movilización que se dio en el Sur del Cesar, el Sur del Magdalena y el Sur de Bolívar en el año 83, que se conoció como el ‘encuentro de los tres sures’. “Ahí fue la primera vez que me golpearon. Un policía me lastimó con un bolillo que tenía una puntilla. Me cortó toda la pierna. Tengo todavía esa señal de mi primera participación en el trabajo campesino”, explica con orgullo. Esa fue su entrada a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) en donde participó como secretaria durante tres años, en Barrancabermeja. Luego lideró un comité femenino y, más adelante, llegó a la dirección campesina, municipal, regional y nacional.
Recorrió el Sur de Bolívar, la Costa Atlántica, el Magdalena Medio y Casanare y otros departamentos por varios años. Realizaba caminatas de 11 y hasta 17 horas para ir a capacitar y a aprender de las comunidades y dirigir varias tomas de terrenos. En ese proceso aprendió sobre el sistema jurídico para ayudar a las diferentes familias y comunidades a recuperar sus tierras.
Y no sólo las tierras, sino también la libertad. Así, mientras estuvo en el Sur de Bolívar también trabajó por la defensa de los presos políticos. “Recuerdo mucho el caso de un hombre a quien yo no conocía y al que habían llevado a la cárcel. El comité de derechos humanos del pueblo estaba muy preocupado por él porque había sido detenido injustamente y lo torturaban. Su esposa me dijo: ‘Búscalo con todo el corazón y el alma que él está aquí’”.
Así que Edilia no descansó hasta que vio en libertad al preso. Todos los días, durante dos meses, visitó la cárcel y le exigió a la policía que lo entregaran. Mientras tanto, el hombre oía a una mujer que luchaba fuertemente por sacarlo de allí y de quien apenas lograba ver los pantalones por una pequeña abertura. Él tuvo fe de que esa señora lo ayudaría.
Esa mujer, Edilia, que prefería vestir de pantalón en pleno Sur de Bolívar porque todo el tiempo debía subirse a camiones y volquetas, finalmente logró liberarlo. “Nos lo entregaron vuelto nada pero vivo”, recuerda la protagonista de esta historia.
No retroceder
“Yo le aprendí a los campesinos y campesinas netos del Sur de Bolívar y Santander a no retroceder. A defender la vida de quien fuera campesino y campesina en el mundo, sin conocerlo y conociéndolo, y lo he hecho. Hice una promesa y hasta el momento la he cumplido”, dice Edilia con firmeza.
En 1993 participó por Colombia en la fundación de la Vía Campesina a nivel mundial, que se llevó a cabo en Mons, Bélgica, en donde le entregaron las llaves de la ciudad. Ese mismo año intervino en el Parlamento Europeo y explicó su postura en cuanto a la violación de derechos humanos en Colombia. También ayudó a constituir la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC y la Articulación Global de los Pueblos del Mundo – AGP y entre el 2005 y el 2008 representó a Suramérica en el Comité Internacional de Derechos de la Vía Campesina, en la construcción de la Convención de los Derechos de los campesinos y campesinas.
“En el año 2008 realicé el último trabajo con el Comité Internacional, que consistió en una misión humanitaria a África. Visité una zona entre Mauritania y Senegal, en la que había un conflicto de tierras y aguas. Colaboré con otros delegados y delegadas de los continentes para que se firmara un acta entre las partes en la que el Estado se comprometía a designar una parte del presupuesto nacional para colaborar con la participación y acceso a la tierra de las mujeres rurales, a solucionar el conflicto por el agua, y ayuda para los niños huérfanos con sida en África”, dice con tranquilidad.
Su lucha en la vida consiste en reivindicar los derechos de los campesinos. Ha visto en carne propia muchas inequidades, injusticias, corrupción y manipulación. Actualmente está coordinando con un equipo de campesinas y campesinos la presentación de la ley alterna de reforma agraria y desarrollo rural.
Sus mayores satisfacciones han sido contribuir con otras organizaciones de campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y ambientalistas, enfrentar las leyes que afectan a los campesinos e impulsar otras, como la ley de mujer rural. También, acompañar a diferentes comunidades a retornar a sus tierras y recuperar su vivienda, su dignidad y sus raíces, sobre todo para no perder la identidad y pertenencia campesina. “Lo que hay que encontrar es un sitio para poder morir” dice Edilia, quien se considera, ante todo, una campesina y defensora de los derechos humanos.
Publicado en Mujer rural. Derechos, desafíos y perspectivas. Memorias Conversatorio Internacional 7, 8 y 9 de julio de 2010. CINEP/PPP, ILC, FIDA.
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Libertad de prensa 2002-2010
A pesar de que el número de periodistas asesinados disminuyó en la era Uribe, se incrementaron las amenazas a los comunicadores por parte de organismos al margen de la ley, gobiernos nacionales y locales y las instituciones de seguridad del Estado.
Por Lucía Camargo Rojas*
Libertad de prensa 2002-2010
A pesar de que el número de periodistas asesinados disminuyó en la era Uribe, se incrementaron las amenazas a los comunicadores por parte de organismos al margen de la ley, gobiernos nacionales y locales y las instituciones de seguridad del Estado.
Por Lucía Camargo Rojas*
A pocos días de que el presidente Uribe dejara su puesto, aún se podía leer un cuadro en la sala de espera de la Secretaría de Prensa de la Casa de Nariño que contenía las percepciones en materia de libertad de prensa del entonces primer mandatario: “Es nuestro deber proteger de manera eficaz la libertad y la vida de los periodistas (…). Nuestra patria ganó hace tiempo la batalla formal a favor de la libertad de prensa, pero fenómenos como la criminalidad se han constituido en obstáculos materiales para el ejercicio de esa libertad”.
Y es que si uno vuelve al año 2002 y revisa cómo era el panorama en esa época para los periodistas observa que, en su momento, esas afirmaciones de Uribe tenían razón de ser. Según las cifras de la Fundación para la libertad de Prensa (FLIP), en la década del 90 Colombia tenía un promedio de asesinatos de seis comunicadores por año.
De hecho, en el año 2002, de acuerdo con la FLIP, fueron asesinados 10 periodistas. Sin embargo, la cifra fue reduciéndose a medida que Uribe avanzó en su gobierno y se llegó a uno en 2010 (ver recuadro).
Por supuesto, el gobierno Uribe ha otorgado esta reducción a la política de seguridad democrática y las diferentes instituciones que monitorean el tema concuerdan en esa afirmación. Sin embargo, el Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana ha sido enfático en anunciar que se están presentando otros atentados a la libertad de prensa que también son alarmantes: las amenazas, que en 2000 fueron de 90%, en 2003 de 93% y en 2007 en 92%. De las cuales se destaca como alto grado de amenaza la acción intimidatoria de la libertad de prensa por parte de organizaciones al margen de la ley (ver recuadro).
Sin embargo, el Observatorio de la Sabana señala con preocupación que los comunicadores colombianos califican al Gobierno Nacional como una amenaza intermedia para la libertad de prensa. “Y es que, a diferencia de otros gobiernos, el presidente Álvaro Uribe Vélez se ha embarcado en situaciones conflictivas con varios periodistas que le han merecido, en repetidas ocasiones, llamados de atención a la cordura por parte de organizaciones como Human Rights Watch” (Gómez y Hernández, 2009, 31).
Una de las más recordadas, es el reclamo en tono airado que Uribe le hizo al director de la revista Semana, Alejandro Santos, por la publicación de infiltraciones del paramilitarismo en el DAS. Luego de que se publicó la revista, el primer mandatario la calificó como “frívola y graciosa” (Ver publicaciones de Semana y Caracol al respecto).
Además, el observatorio califica como una amenaza intermedia a los gobiernos nacionales y locales y los organismos de seguridad del Estado después de que en la encuesta que aplicó en 2007 se revelara que para los periodistas la Policía Nacional representaba el 55% de las amenazas, el Ejército Nacional el 52%, el DAS el 45%, la Armada Nacional el 41% y la Fuerza Aérea el 35%.
Incluso, en mayo de 2010, Reporteros sin fronteras reveló un informe en el que describió detalladamente la “casería de brujas” que Uribe Vélez llevó a cabo en contra de 16 periodistas y una decena de medios de comunicación por sus críticas hacia el gobierno y su proyecto de “seguridad nacional”. El documento señala las denominadas “chuzadas del DAS” a los comunicadores, pero también espionaje, actos de sabotaje e intimidación, así como “propaganda negra” que estigmatizaba a esas voces opositoras como “Enemigos del Estado”.
A su vez, Reporteros sin fronteras, en su informe anual de 2009, introdujo, por primera vez, la cifra de periodistas obligados a abandonar su país, como consecuencia de amenazas, e incluyó a Colombia como uno de los lugares en que los comunicadores se ven forzados al exilio. Sin embargo, César Mauricio Velásquez, secretario de prensa en el segundo mandato del gobierno Uribe, asegura que “en Colombia no hemos tenido en los últimos ocho años ningún régimen especial para condicionar la libertad de prensa. Todo lo que se ha hecho con la prensa es bajo el estado constitucional y bajo el estado institucional y ordinario. No se ha hecho ninguna medida extraordinaria que atente libertades y mucho menos la libertad de expresión, prensa y opinión”.
Las conclusiones del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana son muy distantes a esa afirmación. Para ellos la libertad de prensa permanece en estado crítico y su evolución ha sido negativa en los últimos diez años. “Un alto porcentaje de periodistas está amenazado de muerte; a los tradicionales actores armados que amenazaban (guerrilla y paramilitares) se ha sumado, como factor de riesgo, organismos de seguridad del Estado; grupos ilegales se han asociado con políticos en alguna regiones para asesinar y amenazar al periodismo; y los gobiernos nacional, regional y locales a quienes se reclamaría absoluto respeto por la libertad de prensa, se convirtieron en factor desestabilizador del ejercicio periodístico por medio de presiones y sutiles manipulaciones” (Gómez y Hernández, 2009, 33).
Así, aunque la reducción de asesinatos ha sido significativa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez las amenazas a los periodistas continúan, no sólo desde los grupos al margen de la ley, sino también desde los organismos del Estado. Una situación preocupante que sigue sin dar garantías a los comunicadores para ejercer su profesión libremente.
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*Periodista del equipo de comunicación CINEP/PPP
Referencias:
Gómez, Juan Carlos y Hernández-Rodríguez, Juan Camilo, 2009, ‘Libertad de prensa en Colombia: entre la amenaza y la manipulación’, en revista Palabra Clave, Vol. 12 No. 1, Bogotá, Facultad de Comunicación, Universidad de la Sabana.
Reporteros sin fronteras, 2009, Guerras y elecciones cuestionadas: temas de mayor peligro para los periodistas.
Reporteros sin fronteras, 2010, “Chuzadas”. Las grandes orejas de inteligencia contra la prensa colombiana, mayo.
Publicado en revista virtual Cien días vistos por CINEP/PPP Agosto 2010 No 70
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Por Lucía Camargo Rojas*
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), manifestó sus impresiones a Cien Días acerca de las pasadas elecciones legislativas y sus recomendaciones para las presidenciales. Asegura que las del 30 de mayo serán diferentes a las de hace cuatro años porque la competencia es muy cerrada.
¿Qué anomalías se produjeron en la etapa preelectoral de las pasadas elecciones legislativas?
Se pueden delimitar tres anomalías generales: inscripción de cédulas, financiación ilegal de las campañas políticas y participación en política de funcionarios públicos.
En materia de inscripción de cédulas las irregularidades se efectuaron a través del proceso que se conoce como la zonificación de votantes. Este es generalmente el primer eslabón de la cadena de acciones que permite controlar, por parte de los capitanes y líderes de zona, la votación de los ciudadanos.
Por otro lado, constatamos cómo la financiación ilegal de las campañas se convirtió en el factor con mayor capacidad de distorsión de los procesos electorales en Colombia pues hace que los costos se incrementen de forma descontrolada y, además, es la base económica para la compra y venta de votos en cualquiera de sus modalidades.
Por último, está la participación en política de funcionarios públicos, que va de la mano, en la mayoría de los casos, con la presión de los subalternos para el respaldo a determinadas campañas. La excesiva publicidad por parte de algunos candidatos, como la presión a electorales bajo la amenaza de la pérdida al acceso a programas gubernamentales subsidiados, fueron las otras dos conductas con mayor visibilidad en la contienda electoral.
¿Qué irregularidades se presentaron el día de las elecciones?
El día de las elecciones se consuman varias de las conductas irregulares que se inician o acuerdan en el período preelectoral. Así, la MOE pudo constatar cómo ese día se efectuó el pago final del voto, se contrataron menores de edad para verificar o “campanear” la intención de los votos previamente negociados, se repartió propaganda al interior de los puestos de votación, se suplantaron votantes y jurados de votación, se manipuló la votación de los adultos mayores y, al momento del preconteo, los jurados de votación, delegados de la Registraduría o digitadores previamente negociados alteraron los resultados electorales.
Entre todos los mecanismos de fraude que ha observado la MOE ¿Cuál es el más efectivo?
La manipulación de los formularios electorales se convirtió en el mecanismo de fraude más efectivo porque puede modificar totalmente el resultado: un candidato puede tener 10 votos y pasar a 100, o haber obtenido 140 y terminar con 15. Más que la suma específica de un voto se termina pagando unos jurados quegarantizan una mayor modificación de los resultados.
Un ejemplo se dio en el municipio de Buenaventura, en el que una persona votó 14 veces con diferentes cédulas y la misma huella dactilar. En este caso es indudable que se debió haber pagado a los jurados.
¿Cómo ha visto la transparencia en el proceso electoral de las elecciones para presidencia?
Las elecciones para la Presidencia de la República funcionan de manera totalmente diferente que las de Congreso. En primer lugar, el porcentaje de abstención disminuye porque hay mayor presión del voto de opinión.
En segundo lugar, el proceso electoral de este año es completamente diferente a los dos últimos porque hay una competencia muy cerrada: uno con una muy fuerte plataforma de opinión y otro con una sólida maquinaria partidista. En cambio, en las pasadas elecciones era evidente que la estructura de favorabilidad se inclinaba en más de un 50% por Álvaro Uribe. Por lo tanto, no había un riesgo de fraude tan alto en las urnas.
Para la MOE, que se creó en 2006, esta sería la primera vez que se observan unas elecciones en las que no hay un solo candidato favorito. En esa medida, nos encontramos evidenciando cuáles serían las irregularidades que se podrían presentar. Hasta el momento, la única anomalía que hemos observado y denunciado es la participación en política de funcionarios públicos.
Además, como es la primera vez que observamos una elección en donde Uribe no es candidato y en que la diferencia es estrecha, estamos muy atentos para identificar las pautas que nos sirvan para posteriores observaciones y recomendaciones.
¿Han detectado irregularidades en la financiación de las campañas para presidencia?
En primer lugar, es necesario aclarar que, en materia de control de financiación, hay una gran diferencia entre la campaña al Congreso y la presidencial.
A pesar de que el Consejo Nacional Electoral establece topes de financiación para las elecciones de Congreso los partidos entregan informes de la misma sólo hasta después de las elecciones. En otros países, en cambio, el origen, monto y destino de la financiación de las campañas se sabe antes de las elecciones y no después. Este hecho posibilita que lleguen recursos ilegales a las campañas provenientes de otro tipo de mafias que no pasan por el sistema y que no aparecen en la contabilidad. Además, también se da otra forma de financiación ilegal a través de empresas que contratan con el Estado y que una vez gana el candidato tienen la garantía de que volverán a ser contratadas.
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En cambio, en la campaña presidencial los candidatos reciben un anticipo de 5000 millones de pesos por parte del Estado que les evita tener que buscar financiación por otra parte. A esto se le agrega que con el antecedente del proceso 8000 las campañas han establecido los más altos niveles de control, lo que demuestra cómo este proceso marcó la forma de hacer política en las campañas para presidencia.
¿Qué recomendaciones hace la MOE para las elecciones del 30 de mayo y, en general, para el proceso electoral colombiano?
Claramente estamos abocados a una reforma política en donde se replantee la financiación de las campañas y el diseño del sistema electoral.
En ese sentido, el Congreso tiene que tomar la decisión de generar las medidas necesarias: informes previos del origen de los recursos de las campañas, una formación muy fuerte a los jurados para hacer más transparente el proceso y un estricto control a los jurados de votación.
¿Podría haber jurados comprados en las elecciones para presidencia?
Creo que la única forma de prevenir que en las elecciones de presidencia los jurados cambien los resultados consiste en que la Fiscalía investigue esas mesas en donde hubo anomalías para las elecciones de Congreso, de tal forma que los nuevos jurados se den cuenta que incumplir la ley se castiga. Lamentablemente, en este momento no hay investigación por parte de la Fiscalía ni sanción por parte de la justicia. Si hubiera sanción los jurados recibirían el mensaje y se impediría que alteraran los resultados.
Luego de todo el proceso de observación que ha realizado la MOE, ¿qué recomendaciones tienen para el proceso de elección del presidente del próximo 30 de mayo y para futuros procesos electorales en Colombia?
En primer lugar, la Registraduría debería cerciorarse de que los jurados de votación que incumplieron la ley en las elecciones para Congreso no sean los mismos que estén en las presidenciales. Esto es muy difícil de controlar porque a medida que los municipios son más pequeños los jurados son los mismos.
Por otro lado, la Registraduría debe hacer un proceso fuerte a la hora de formar a los jurados de votación. Aunque en este momento se encuentre haciendo el ejercicio de capacitación no es suficiente que se haga tan sólo faltando un mes para las elecciones y, mucho menos, en condiciones cuestionables como, por ejemplo, salones para 200 personas.Finalmente, el Estado debe encargarse de sancionar a los funcionarios públicos que incurran en las elecciones.
¿Aparte de hacer las denuncias, qué más hace la MOE para fomentar unas elecciones transparentes?
Nosotros presentamos la información que recopilamos a los partidos y la ciudadanía y, a su vez, le entregamos recomendaciones a las autoridades. También hacemos un seguimiento permanente del tema en el Congreso y le suministramos información a los congresistas para que se pueda impulsar una reforma política que mejore el sistema electoral. A final de cuentas, ese es nuestro objetivo principal.◙
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* Periodista del equipo de comunicación CINEP/PPP.
Publicado en la revista virtual Cien Días vistos por CINEP/PPP Mayo 2010 No 69.
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Fotografìa: Archivo particular Ishmael BeachIshmael Beach, sobreviviente de la guerra civil de Sierra Leona, es hoy un importante defensor de los niños que han sido afectados por el conflicto.
Ishmael Beach apenas tiene 28 años y ya lo han invitado a representar, en numerosas ocasiones, a organizaciones como Unicef y Human Rights Watch en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de intervenir a favor de los niños que han sido afectados por la guerra alrededor del mundo.
Y es que los menores son la constante preocupación de este joven, quien se ha dedicado exclusivamente a que ellos sean los protagonistas de la agenda de los distintos gobiernos. Una lucha que tiene su origen en su propia experiencia, pues Ishmael es uno de los tantos niños del mundo que se han visto inmersos en la brutalidad de una guerra.
Durante su infancia, Beach vivió en un pueblo pacífico de Sierra Leona sin mayores preocupaciones. Aunque no tenían electricidad, él era feliz rodeado de su familia, sus compañeros de colegio y los constantes partidos de fútbol. Sin embargo, esa tranquilidad se disolvió con el estallido de una guerra civil y el posterior asesinato de sus seres queridos.
Junto con otros niños que también quedaron solos en medio de las balas, Ishmael buscó refugio en la base militar. Pero allí se necesitaban con urgencia más soldados, así que los pequeños fueron forzados a pelear en una guerra que no era la suya.
Dos años después, Ishmael fue removido del ejército por la Unicef y fue llevado a un hogar de rehabilitación en Freetown, la capital de Sierra Leona, en el que vivió hasta el año 1996. Su vida dio otro giro cuando ganó una competencia que le permitió contar su historia, y la de los demás niños de Sierra Leona, en Naciones Unidas. Allí Laura Simms, una narradora profesional, lo oyó y decidió adoptarlo. Así que en 1998 Beach se trasladó a vivir con su nueva familia a la ciudad de Nueva York.
Durante dos años se dedicó a finalizar sus estudios de bachillerato en el Colegio Internacional de Naciones Unidas y posteriormente estudió Ciencia Política en el Oberlin College, en Ohio. Durante esta época universitaria decidió escribir un libro en el que pudiera contar los detalles de su experiencia y enfatizara en la posibilidad que tienen los niños de salir de la guerra y recuperar sus vidas.
“Los niños que no tienen familia o un lugar a dónde llegar son muy vulnerables y fáciles de manipular por las personas que están involucradas en un conflicto armado. Por ejemplo, cuando estuve en la guerra, mis compañeros se convirtieron en mi familia, pues, como había perdido a mis padres y hermanos, traté de reemplazarlos. Sin embargo, así como son de vulnerables, los niños también tienen la posibilidad de cambiar el rumbo si se les ayuda a tiempo”, explica Beach.
Y su historia da fe de ello. Pues, hoy en día, desde su propia fundación y organizaciones como Naciones Unidas sigue luchando por lograr que los niños de Sierra Leona, y del mundo entero, puedan tener una vida digna. Por ejemplo, incentivó a los habitantes de su país natal a construir un colegio con sus propias manos, de tal forma que todos sintieran que eran dueños de lo que hacían.
Gracias a su experiencia es capaz de afirmar que países como Francia e Inglaterra están adelantando avances interesantes en materia de derechos de los niños, al igual que diversas ONG y personas particulares. Sin embargo, es enfático en afirmar que aún falta mucho por hacer.
“Es necesario crear leyes más severas y voy a luchar hasta el cansancio para lograrlo. Creo que los países que están en guerra son los más reacios a ayudar porque no quieren ser acusados de que no están cuidando a los niños”, afirma este joven, quien, a pesar de viajar por todo el mundo buscando donaciones y reviviendo la historia de miles de niños, quiere, algún día, volver a vivir en Sierra Leona, país que, finalmente, considera como su hogar.
Lucía Camargo Rojas
Publicado en El Espectador, domingo 22 de febrero de 2009.
Arún Gandhi. Fotografía: Federico Ríos-El EspectadorArún Gandhi enseña y defiende la filosofía de uno de los hombres más importantes de la historia.
Cuenta Arún Gandhi que cuando tenía 12 años era discriminado por no tener la piel ni muy blanca ni muy negra. En ese entonces vivía en Durban, Sudáfrica, ciudad que lo vio nacer en 1934. La tortura duró hasta que su familia lo envió a vivir con su abuelo, Mohandas Karamchand, más conocido como Mahatma, en la India. Faltaban apenas 24 meses para que mataran al gran pensador y político.
El pequeño Arún llegó lleno de rabia. Ansiaba ser grande y fuerte para castigar a quienes lo habían maltratado y excluido. Un día, sin embargo, oyó al maestro hablar sobre la electricidad. En ese instante aprendió su primera lección acerca de la no violencia.La rabia, dijo el abuelo, es como la electricidad. Es buena si se utiliza de manera inteligente, pero hace daño si no se sabe manejar bien.
El director y fundador del Instituto Gandhi para la no Violencia de la Universidad de Rochester, entidad que nació en 1991 y está dedicado al estudio de la filosofía de Mahatma Gandhi, sonríe mientras relata la historia. Acto seguido, se apresura a precisar que la no violencia de ningún modo significa una actuación pacifista. “Mi amoroso abuelo fue muy activo. No actuar es el pacifismo”.
El nieto de uno de los hombres más importantes de la historia es, como su reconocido pariente lo fue, un ser sencillo, de modos suaves. Visitó Colombia para asistir a un seminario en la Universidad Nacional, en Bogotá, sobre la violencia en la sociedad actual.
Dice no conocer mucho del conflicto colombiano, excepto por lo que publican los medios de comunicación de Estados Unidos, donde está radicado. No obstante, asegura que la ideología de su abuelo es muy útil para el país, porque le apuesta a construir una sociedad que sea más compasiva, donde el gobierno sea consciente de las necesidades de todas las personas y ayude a suplirlas, de tal forma que la brecha entre ricos y pobres se elimine y así exista un equilibrio.
Una sociedad donde exista la “violencia pasiva”, que es aquella que sirve para mejorar lo que esté mal. Gandhi se refiere entonces al episodio del avión que no logró el objetivo de los terroristas en el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. La idea de los atacantes era estrellar la aeronave contra el Pentágono —la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos—, hecho que los pasajeros alcanzaron a evitar. Finalmente, el aparato cayó en un campo abierto. “Seguramente, muchas vidas se salvaron”.
Las historias del abuelo
Aún Gandhi recuerda a su abuelo como un hombre considerado, noble y muy inteligente. Ejemplo de ello es otra anécdota con la que el nieto terminó de comprender que debía manejar mejor su rabia.
Mahatma Gandhi tenía varios programas para educar a mujeres y a niños, pero no los recursos para financiarlos (porque el gobierno británico no le colaboraba), por eso decidió vender sus propios autógrafos para conseguir dinero. Cada mañana, gente de varias religiones se acercaba a orar con él y el deber de Arún consistía en recolectar los cuadernos de los participantes y el dinero correspondiente para que, a continuación, el maestro los firmara.
“Un día pensé: Si todos tienen su autógrafo, yo, que soy su nieto, también puedo tenerlo. Así que le di mi cuaderno, junto con los otros, esperando que no se percatara de que no lo había pagado”. Sin embargo, Gandhi se dio cuenta y le preguntó: “¿Por qué este cuaderno no tiene dinero?”, a lo que Arún respondió: “es mi libro”. Mahatma Gandhi le dijo: “Yo no hago excepciones, ni siquiera con mis nietos. Si quieres un autógrafo, no sólo debes pagarlo, sino también ganar el dinero para hacerlo”. Arún le recriminó y le dijo que se lo tenía que dar. “Vamos a ver quién gana”, respondió quien más tarde sería Premio Nobel de Paz.
Desde ese momento, el joven ingresaba a cada una de las reuniones de su abuelo con los políticos británicos y le exigía un autógrafo que Mahatma Gandhi, por supuesto, no estaba dispuesto a darle. “Pensé que si lo intentaba varias veces se iba a cansar y me lo iba a terminar dando”, explica Arún. “No recuerdo que en ningún momento se haya puesto bravo conmigo. Con esa experiencia me di cuenta de que si él podía controlar su rabia, es posible hacer una gran diferencia a nivel de la violencia”.La misma diferencia que, más de seis décadas después de aprendida, defiende el nieto de Gandhi.
Laura Ardila Arrieta y Lucía Camargo Rojas
Publicado en El Espectador, domingo 12 de octubre de 2008.
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Claude Anshin Thomas. Fotografìa: David Campuzano-El EspectadorClaude Anshin Thomas es un ex combatiente de Vietnam que se ha dedicado a profesar un mensaje de paz en el mundo entero.
Con su hablar pausado, su túnica negra y su contextura delgada nadie imaginaría que el Monje Claude Anshin Thomas fue un combatiente en la guerra de Vietnam, un adicto a las drogas y un narcotraficante en Irak. Todas esas experiencias le cambiaron la vida y, aunque no se las desea a nadie, sí considera que fueron fundamentales para formarlo e incentivarlo a predicar la idea de la no violencia en el mundo entero.
Claude Anshin combatió en Vietnam en 1966 como miembro del ejército de Estados Unidos. Cuando se le pregunta por esta experiencia contesta de manera pausada: “¿Alguna vez ha matado a alguien? ¿Ha visto explotar un edificio? Para lograrlo, uno tiene que deshumanizarse y dejar de confiar en los demás. Es un tipo de experiencia que tiene unas consecuencias de las que nunca se puede escapar”.
Tanto así que después de haber dejado la Armada terminó como un mendigo en la calle y se convirtió en un adicto a las drogas y, más adelante, sin saber cómo, se vio inmiscuido en el mundo del narcotráfico. “Me sentía atrapado, sin ninguna posibilidad de cambiar. Intenté suicidarme pero sobreviví. Así que simplemente seguí viviendo”.
Sin embargo, sólo hasta que un conocido lo convenció de buscar ayuda médica pudo dejar su adicción a las drogas. “De pronto fui capaz de tener pensamientos propios. Descubrí que no era necesario evadir mi experiencia, sino que podía tener una relación distinta con esos recuerdos”. Al poco tiempo, una de las trabajadoras sociales que le ayudaba le recomendó visitar a un monje budista especializado en trabajar con veteranos de guerra. Así, se inmiscuyó en el mundo del budismo y hace 14 años se ordenó como monje. “No me imagino viviendo de otra manera”, afirma.
Mensaje de la no violencia
En la actualidad Anshin recibe invitaciones de Gobiernos de todo el mundo para dictar charlas sobre violencia, guerra y resolución de conflictos. Así como para enseñar técnicas de meditación basadas en la práctica zen. A nuestro país fue invitado por Acción Social, con el objetivo de que visitara diferentes entidades relacionadas con estas temáticas y dictará un retiro espiritual.
Para Anshin el mensaje más importante que puede transmitir a otras personas consiste en hacerles ver que las raíces de la violencia están en su interior. Por lo tanto, si son conscientes de éstas puede darse una transformación que, en el caso de la guerra, por ejemplo, no implica la ausencia de conflicto, sino el ser capaces de no estar de acuerdo, sin tener que matar a otros para defender ideas o posiciones. Precisamente esta semana Anshin visitó a un grupo de soldados y ex guerrilleros colombianos y compartió su experiencia con ellos. Anshin quedó muy impactado, pues comprendió que “el sufrimiento de estos jóvenes sólo demuestra que la violencia nunca es la solución, así aparente serlo”.
Lucía Camargo Rojas
Publicado en El Espectador, jueves 25 de septiembre de 2008.
