El gobierno Santos ha declarado en varias ocasiones que tiene la llave para abrir las puertas de la paz con los grupos armados. ¿Estamos en una época más proclive a la paz? Cien días entrevistó a cinco analistas de distintas corrientes de pensamiento para medir si, según los expertos, nos acercamos o nos alejamos a una posibilidad real en materia de diálogo.
Por Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa*
1. ¿Nota algún cambio en materia de paz y negociación con los grupos armados, especialmente con las guerrillas, en gobierno Santos con respecto a gobierno Uribe?
Alfredo Rangel: Creo que en política de paz hay más continuidad que cambio entre Uribe y Santos. Considero que ha sido una política de Estado que ha permanecido intacta. Los dos mandatarios han dejado la puerta de los diálogos abierta para la guerrilla y han exigido las mismas condiciones para que los diálogos se ejecuten: cese unilateral de hostilidades, declaración inequívoca de su voluntad de abandonar la lucha armada, cese del secuestro y abandono del narcotráfico.
Carlos Lozano Guillén: No existe ningún cambio de fondo, tal vez sí de forma, pero en lo fundamental Santos continúa la línea de guerra de la seguridad democrática. Su lenguaje es más prudente, a la vez que anuncia que tiene en la mano la llave de la paz para abrir la puerta cuando lo considere conveniente. Pero insiste en las mismas condiciones y exigencias a la guerrilla, cuando buena parte de la degradación del conflicto es atribuible al Estado, cuya naturaleza violenta es evidente. La salida política negociada exige gestos recíprocos y voluntad de ambas partes. No es suficiente que el presidente tenga una actitud más decente que la de su predecesor, tiene que romper las ataduras a las presiones uribistas y militaristas y la herencia de los últimos ocho años.
Álvaro Leyva Durán: Hay un cambio fundamental. En la administración Uribe se negó el conflicto interno, mientras que el gobierno Santos no lo ha hecho. Incluso, José Obdulio Gaviria escribió un libro dedicado a demostrar que en Colombia no había conflicto interno. Al negarlo, se evitó la aplicación del DIH y eso trajo todas las consecuencias propias de una confrontación sin reglas de juego como, por ejemplo, que se haya cometido tanta barbaridad so pretexto de que lo que había era exclusivamente terrorismo y delincuencia común.
En cambio en el actual gobierno hay un mayor respeto por los derechos humanos y una intención de aplicar el DIH en la medida de lo posible, hechos que denotan la existencia de un conflicto interno. Eso implica que ya se están abriendo espacios a una solución distinta a la de las armas y, por lo tanto, que hay una puerta abierta antes inexistente. Ojalá se pueda hacer uso de ella. De
hecho, para mí, desde que Uribe no gobierna todos los días son una posibilidad de diálogo.
Carlos Medina: Santos ha sido cuidadoso en el manejo del tema de la paz. Sabe que tiene que tomar distancia de la postura radical del ex presidente Uribe sin erosionar el nivel de legitimidad
con el que llegó al poder. Es consciente de que tiene detrás de sí importantes sectores de la oposición de la extrema derecha que aspiran a que no se produzcan diálogos con la guerrilla y a que se mantenga la estrategia de guerra que fue implementaba a través de la política de la seguridad democrática.
Pero creo que podría estar interesado en un proceso de paz si encuentra que hay voluntad explícita de los grupos insurgentes, en particular de la guerrilla de las Farc, para adelantar un diálogo que pueda llevarse a feliz término y que no genere falsas expectativas que posteriormente tenga que pagar políticamente cuando, imagino, aspire a la reelección. Por esa razón considero que va a ser cauteloso y que va ir creando los consensos y los acuerdos internos en el bloque de la Unidad Nacional que le permitan tomar decisiones al respecto de un posible proceso de paz.
María Victoria Llorente: No hay cambios fundamentales en términos de las condiciones. Se mantiene el discurso de Uribe en cuanto a que la guerrilla tiene que mostrar hechos. En eso Santos mantiene la misma lógica. Pero sí ha habido un cambio muy importante porque se ha des-radicalizado el ambiente.
Además, hay una diferencia grande, y es que el presidente aclaró que si va a haber un tema de la paz, que yo todavía no lo veo muy claro, lo manejará él. Es decir, será una gestión exclusiva del presidente, distinto a como se manejó en el gobierno anterior. Eso permitirá no generarle ruido a los procesos, ni tantos intereses y personas con agendas propias que puedan interferir en cualquier eventualidad.
2. ¿Cree que la ley de víctimas y tierras que está promoviendo el gobierno Santos le apuntan finalmente a la posibilidad de paz con los grupos armados, especialmente con las guerrillas?
Alfredo Rangel: La ley de víctimas es una iniciativa del Estado colombiano para reparar el daño que los grupos armados irregulares han realizado contra la población civil. Esa ley de víctimas es una iniciativa que, a nivel internacional, no tiene ningún antecedente en la historia de los conflictos armados internos de las últimas décadas. Que se ejecute es independiente de la posibilidad de realizar diálogos con las guerrillas.
Carlos Lozano Guillén: La ley de víctimas y la ley de tierras son parte de las reformas que generan condiciones de salida política del conflicto, pero a pesar de ser pasos positivos, son insuficientes. La ley de tierras elude lo fundamental, que es la reforma agraria. Cualquier solución al problema de la tierra pasa por “tocar” la tenencia y la concentración de su propiedad. La existencia del latifundio es una deuda histórica del capitalismo en Colombia con el campo y el conflicto armado. Y es precisamente lo que elude la llamada ley de tierras con todo lo importante que significa quitarle las tierras a las mafias y devolverlas a sus dueños que fueron víctimas del despojo. Por su parte, la ley de víctimas afronta varios obstáculos que le impiden lograr sus objetivos: la falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral, la limitación en el universo de las víctimas, la ausencia de la consulta previa y de medidas que garanticen el acceso a la verdad y la justicia, y la ley de sostenibilidad fiscal.
Álvaro Leyva Durán: No creo que esa haya sido la intención en el diseño. La ley de víctimas tiene que ver con el proceso de Uribe en torno a las llamadas fuerzas paramilitares y se desprende de la de Justicia y Paz. De tal manera que no corresponde a una visión dirigida a la solución con la guerrilla. Por su parte, la ley de tierras es una necesidad sentida con o sin guerrilla, con o sin paramilitares: devolver las tierras a sus dueños. En ese sentido, tampoco
obedece directamente a una política dirigida en el logro de la paz. Esto no significa que no sea un instrumento útil, porque en el fondo está aproximándose a una de los puntos neurálgicos del conflicto: tenencia y uso de la tierra. De tal manera que si no fue diseñada con el propósito de lograr caminos hacia la paz no deja de ser un tema central que habrá que tenerse en cuenta en el momento de una posible negociación.
Carlos Medina: La ley de víctimas y la de tierras no contribuyen a aclimatar el proceso de paz con las guerrillas. Por el contrario, van a ser tomadas por los grupos armados como una razón más para desarrollar sus guerras o como una bandera para adelantar procesos de paz que busquen la mayor integralidad de las leyes y una profundidad de las mismas en la atención a las víctimas y a la distribución de la propiedad de la tierra en el país.
Estas dos leyes son un proceso de ajuste y de legitimación de dos fenómenos que se produjeron en el desarrollo de la guerra paramilitar en los últimos años. La política de restitución de tierras apenas devolverá dos millones de hectáreas de las 10 millones que fueron expropiadas a campesinos y medianos propietarios. Estos terrenos, además, van a ser difíciles de ocupar porque van a contar con presiones de sus ex propietarios, que las adquirieron por la vía del testaferrato cualificado y de la guerra. Así, esta ley no va a resolver ningún problema en materia de tierras y va a demandar a futuro una reforma agraria integral, que sigue siendo bandera de los grupos insurgentes tanto de las Farc como el ELN. Por otro lado, aunque la ley de
víctimas también busca en un proceso de reparación de la población que fue víctima de la violencia, tiene una gran discusión sobre los topes económicos y fiscales con que se puede llegar a la reparación, sobre la fecha a partir de la cual se reconoce la condición de víctima y sobre la misma condición de víctima que aún debe ser clarificada.
En ese sentido, frente a los actores armados estas leyes no resuelven el problema sino que lo profundizan. Sin embargo, de alguna manera sanan una situación ante la opinión pública.
María Victoria Llorente: La ley de víctimas no se puede entender como una ley para hacer la paz con los grupos armados. Se hace porque este país tiene una enorme cantidad de víctimas con las que el país tiene una deuda muy grande. Creo que esa es una iniciativa de justicia social que
pasa por encima de la agenda de paz con los grupos armados.
Esa iniciativa no necesariamente afecta la negociación con los grupos. Es más, no veo al país muy inclinado a aceptar que el gobierno se siente a negociar una ley de víctimas con las Farc.
3. Además de la ley de víctimas y tierras, ¿qué otras reformas considera usted necesarias para "aclimatar" un posible diálogo con los grupos armados?
Alfredo Rangel: La oferta que ha hecho el gobierno es suficiente. Si la guerrilla está decidida a dejar las armas optará por la paz.
Carlos Lozano Guillén: Se requieren reformas políticas importantes, incluyendo el estatuto de la oposición, es decir, las plenas garantías para que los partidos actúen en el escenario político en igualdad de condiciones. Otras reformas indispensables para lograr el Estado Social de Derecho son la participación ciudadana y la concertación, letra muerta en la carta política de 1991.
Álvaro Leyva Durán: No creo que para poder solucionar el conflicto sea necesario “aclimatar”. La solución debe ser de carácter político con o sin secuestros y con o sin ley dirigida a favorecer a las víctimas. Pienso que es casi una equivocación pretender que para llegar a la paz hay que crear un ambiente distinto de la guerra. Lo que hay que hacer, si uno quiere, es buscar la paz. ¿Cómo? Las circunstancias lo señalan. ¿Difícil? Dificilísimo pero esa es la obligación del Estado: lograr la paz y no mantenerse en pie de guerra. Y para lograrla hay que lanzarse y buscarla y allanar los caminos. Esperar a que se den las condiciones subjetivas y objetivas es una quimera. Pretender que para hablar de paz se requiera que no haya confrontación ni guerra es un contrasentido, porque precisamente de lo que se trata es de crear escenarios que eviten esa confrontación y esa
guerra.
Carlos Medina: No sé qué tipo de reformas podrían darse para que se facilite un proceso, pero tendrían que ser el resultado de procesos de diálogo amplio de las comunidades afectadas, de la sociedad civil y en general de la sociedad colombiana con el gobierno nacional. En ese caso el gobierno debería hacer explícita su voluntad política de recoger las inquietudes de la población, actores armados y otros sectores de la sociedad para llegar a acuerdos consensuados.
María Victoria Llorente: En esas negociaciones hay dos agendas. Una es la de las reformas y la otra es la de los intereses individuales de quienes se están desmovilizando. Entonces, en esa agenda pública hay varias consideraciones que no son solamente la de las reformas que el país requiere y los reclamos históricos de la guerrilla sino qué está dispuesta la sociedad a aceptar como agenda. Y eso pasa, obviamente, por qué tan legítimos son esos grupos para la sociedad.
Actualmente en el ámbito nacional las Farc presentan una crisis de legitimidad. Entonces esa es una pregunta que no es fácil de responder ni yo veo muy claro cuál sería esa agenda que el país aceptaría. Quizás el gobierno tendría que empeñarse en tratar de dilucidar cuál sería la agenda posible.
4. ¿Cree que las FARC y el ELN estarían dispuestos a establecer un diálogo de paz? ¿En qué condiciones? ¿Por qué?
Alfredo Rangel: Por lo pronto no hay ningún hecho que dé a entender que las Farc y el ELN estén dispuestos a aceptar las condiciones que pide el gobierno para poder asumir ese diálogo. Esta actitud de los grupos guerrilleros no es promisoria en el corto plazo. Mientras no se convenzan de que su debilitamiento es irreversible –y que además va a aumentar a medida que pase el tiempo– van a insistir en el camino de la fuerza y eso les va a restar posibilidades de llegar a una negociación fructífera.
Carlos Lozano Guillén: No tienen alternativa. Pero es indispensable que sea un verdadero diálogo en donde ambas partes aseguren el pleno conocimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) a través de acciones iniciales como la disminución de la intensidad del conflicto y acuerdos humanitarios. El diálogo debe ser útil, constructivo y sin condiciones. El gobierno no debe exigir que el diálogo esté precedido de la desmovilización y otros inamovibles ni insistir en que es la paz de los vencidos.
Álvaro Leyva Durán: Estoy absolutamente convencido de que eso es así. Lo que pasa es que hay que buscar las condiciones y no anticiparlas. Naturalmente cada momento de la guerra lleva a una condición diferente a la que pudo haberse dado para adelantar unos diálogos hace un año. Lo que sí creo es que sin diálogo no hay paz. Y no veo cómo se pueda entrar a conversar si no se lanza uno a buscar el mecanismo para hacerlo. Por lo tanto, las circunstancias tienen que ver con
el modo y los lugares. Llega un momento en que con una vocación de decisión desde el Estado, se buscarán los instrumentos propicios. Por eso hay que conversar. Si no hay una primera conversación todo lo demás es especulación.
Carlos Medina: Las Farc y el ELN han hecho explícito su interés de marchar hacia un proceso de paz que de una solución política del conflicto armado. Sin embargo, como investigador, me preocupa identificar si esa voluntad explícita es real o si, por el contrario, constituye una herramienta de la lucha política pero no una salida al conflicto. Las fuerzas insurgentes deben tomar la decisión explícita, en su interior, de marchar hacia un proceso de paz que
comprometa realmente a la organización en la transformación de sus formas hacia la lucha institucional y democrática en un abandono de la lucha armada y de la guerra.
Creo que ese proceso no se ha dado al interior de las organizaciones y que, por el contrario, todavía tienen en alta estima la vía armada como instrumento de la confrontación política. Por lo tanto, creo que ellos mantendrán durante muchos años el discurso de la solución política negociada sin que hayan tomado la decisión del abandono de las armas y que esos procesos de paz tendrían unas características específicas.
María Victoria Llorente: La lógica de que sentarse a negociar a cualquier precio se perdió después del Caguán. Aquí no volverá a haber ese escenario para la guerrilla. Ni el escenario de las negociaciones que se hicieron con las guerrillas a principios de los 90 en los que se dio favorabilidad jurídica y política. El problema es cómo lograr encontrar unos incentivos políticos y
jurídicos adecuados, o que sean aceptables para estos grupos y para el país, y una agenda política de interés para las Farc. Me parece que es muy difícil pero no imposible. Soy una convencida de que esa sigue siendo la salida por la cual tenemos que trabajar pero sin romanticismos, porque esto no es solamente una cosa de voluntades.
5.
¿Considera usted que luego de ocho años de seguridad
democrática nos encontramos en un nuevo
escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y Políticas?
¿Qué implicaciones tiene eso en las condiciones de un nuevo diálogo con las FARC y el ELN?
Alfredo Rangel: Después de ocho años de seguridad democrática la correlación de fuerzas ha cambiado a favor del Estado y en contra de la guerrilla, situación que en este nuevo gobierno va a continuar. Eso coloca en manos del gobierno la posibilidad de realizar un diálogo en sus condiciones y no en las de la guerrilla. Así que la única posibilidad que tienen los grupos armados es aceptar las condiciones puestas por el gobierno (en una agenda muy recortada con respecto a la del Caguán). Además, la guerrilla deberá acoplarse a la exigencia del gobierno a abrir compromisos de verdad, justicia y reparación que son ineludibles.
Carlos Lozano Guillén: Estamos en una nueva etapa del conflicto en la cual las causas siguen
siendo las mismas y, como no se modificaron, el conflicto persiste. Lo que sí es evidente es que el marco del conflicto cambió porque ahora la iniciativa o la ofensiva la tiene el Gobierno. En ese sentido, la seguridad democrática le propinó duros golpes a la guerrilla, a pesar de que no logró su objetivo declarado de aplastarla.
Álvaro Leyva Durán: No creo que haya un nuevo escenario del equilibrio de Fuerzas Militares y políticas. Aquí lo que hay es un regreso a la guerra de guerrillas clásica. Mientras que hay unos acomodamientos y unos desgastes. Esa es la guerra de baja intensidad de la que se hablaba antiguamente y que causa muertes, desorden, violaciones de los derechos y el tránsito de los guerrilleros y los alzados por todo el territorio nacional.
Ese desgaste no implica que se termine el conflicto. Puede que se esté en otra fase, pero es el mismo conflicto y hay que resolverlo no importa en qué fase se esté. Incluso, ciertos logros que se exhiben como avances en seguridad tienen implicaciones en la manera como la guerrilla continúa. Por ejemplo, si hoy las guerrillas secuestran menos es porque tienen otros ingresos por el narcotráfico que, para mí, hoy es el núcleo esencial del problema. El día en que realmente se logre un diálogo real y se toque el tema del narcotráfico se cambiaría la correlación ya no de fuerzas sino de argumentos y discursos de toda esta confrontación armada.
Carlos Medina: No. Creo que no hay un equilibrio de fuerzas militares y políticas sino una ventaja significativa del establecimiento, del gobierno y del Estado colombiano sobre la insurgencia y sobre otras fuerzas como resultado de los logros alcanzados por la política de seguridad democrática que aunque tiene todos los cuestionamientos del mundo, alcanzó éxitos significativos. Nadie va a desconocer que esta política fue una estrategia relativamente exitosa en la lucha contra el narcotráfico, la insurgencia y el paramilitarismo. Pero también generó nuevos fenómenos como la reingeniería de la guerrilla para poder enfrentar la nueva estrategia militar, el posconflicto paramilitar que se manifiesta a través de las bandas criminales y el surgimiento de un modelo neoparamilitar que se extiende por todo el país y que tiene mucha fuerza en las zonas donde el paramilitarismo fue muy fuerte.
En ese sentido, creo que habrá necesidad de que se tomen en consideración esas circunstancias específicas del orden público para poder garantizar una atmósfera de diálogo en la cual las comunidades hagan explícita manifestación de las presiones que tienen de estos nuevos grupos. Además, creo es que es necesario construir un mapa de riesgos en términos de los grupos y bandas criminales y del neoparamilitarismo que esté articulado al mapa político nacional pero también al mapa de consolidación de los procesos de paz que se puedan ir construyendo. Áreas muy importantes del país deben contar con especial atención por parte de las instituciones de derechos humanos, los organismos internacionales y las brigadas de paz que ayuden a construir una atmósfera democrática de seguridad, de convivencia y de bienestar en las regiones para que sean centro de atención y desarrollo de procesos de paz.
María Victoria Llorente: Hoy en día las Fuerzas militares y de Policía sí están mucho mejor preparadas que hace quince años. Hay una ventaja muy grande e irreversible. El problema es que independiente de esa superioridad militar, que es absoluta y evidente, las Farc todavía tienen mucha capacidad de daño en muchas zonas del país. Pese al continuo asedio al que la organización está sometida, mantiene todavía una línea de mando que no es menor. Creería que si se termina de descomponer al secretariado la organización se dispersaría y probablemente se generaría un problema criminal grande.
6.
¿Cree que la opinión pública ha cambiado su percepción
acerca de un posible diálogo con los grupos
armados en este último año? ¿Cree que la opinión
pública está lista para ver un diálogo de paz con los grupos armados?
Alfredo Rangel: La opinión pública aceptaría hoy diálogos de paz siempre y cuando la guerrilla de pruebas indudables de que tiene la intención de abandonar la lucha armada y dejar la violencia para atacar a la sociedad civil y al Estado. Si diera ese paso creo que la opinión pública acogería con beneplácito la posibilidad de un diálogo de paz.
Carlos Lozano Guillén: Creo que sí. De hecho, hay sectores del establecimiento que se muestran proclives a los diálogos de paz pues son conscientes del fracaso de la seguridad democrática y reconocen la recomposición de las guerrillas, quienes han asimilado los golpes y aún tienen capacidad política y militar. Estos hechos contradicen la supuesta creación
de un “Estado de opinión” belicista que se promueve a través de encuestas de dudosa calidad científica.
Álvaro Leyva Durán: Parte del problema nacional es que aquí se pone el termómetro a la opinión pública para establecer lo que hay que hacer, mientras que hay unas obligaciones de carácter moral y de certeza intelectual, en la medida en que uno tenga la seguridad de que se acerca al bien común, que tienen que estar más allá del termómetro de la opinión. Un hecho importante y lleno de jugosas noticias hace cambiar a la opinión pública, que es básicamente coyuntural. De tal manera que si se inician unas conversaciones secretas, por ejemplo, y llega un día en que aparecen todos los secuestrados, la opinión pública cambiaría de postura porque se le dio una buena noticia.
Carlos Medina: La opinión pública no ha cambiado su percepción porque está atada a los medios de comunicación y sectores políticos que son absolutamente contrarios a los procesos paz. La opinión pública es el ciudadano común y corriente que se construye sobre el principio de la presión informativa de los medios y que no se ha movido de la lógica de aversión a las Farc y a
un posible proceso de paz. Creo que todavía pesan mucho los ocho años del gobierno del presidente Uribe en materia de opinión ciudadana frente al problema de los procesos de paz. En ese sentido, hoy la opinión ciudadana no vería con buenos ojos un proceso de diálogo. Para lograrlo, habría que hacer una pedagogía de medios muy fuerte que retomara el entusiasmo de la ciudadanía hacia un proceso de paz. Hay que educar a la opinión ciudadana, al ciudadano de a pie que todavía no está preparado para encontrarse con eso.
María Victoria Llorente: Creo que hay dos niveles en cuanto a un posible cambio de opinión. Uno es el nivel de los líderes de opinión. Ahí se está empezando a hablar mucho de la negociación como una posible salida. Pero ese cambio no se da en la opinión pública general. No hay nada que odien más los colombianos que las Farc. En ese sentido, ha habido un cambio en los líderes de opinión que no se refleja en la opinión generizada. No creo que la opinión pública esté lista para ver un diálogo de paz. Hay que hacer una tarea de preparación en la que los líderes de opinión ayuden a empezar a generar la conciencia. Todavía está en el ambiente el modo uribista de catalogar a esas organizaciones y eso hay que superarlo.
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Lucía Camargo Rojas y Margareth Figueroa hacen parte del equipo de comunicación del CINEP/PPP
