













El gobierno de Álvaro Uribe entrega un país con la tasa de desempleo más alta de América Latina y una desigualdad preocupante. Las medidas que se tomaron no parecen haber sido efectivas. ¿Cómo debería enfrentar el próximo mandatario el tema económico?
No cabe duda de que el desempleo es uno de los problemas que hoy en día más preocupa a los colombianos. Así lo evidenció la Gran Encuesta de los Medios, que se publicó el miércoles 24 de marzo de 2010 en donde se calificó la escasez laboral como el principal problema que debe ser resuelto por el próximo presidente. Y se ratificó en su segunda versión, el 28 de abril. De las 21 posibles opciones de respuesta, entre las que estaban la seguridad y las relaciones internacionales, los encuestados no dudaron en designar la reactivación de la economía como la tarea urgente que deberá enfrentar el nuevo residente de la Casa de Nariño.
La infinita espera por encontrar un buen puesto de trabajo que les permita vivir de manera decente es la que tiene a los electores tratando de indagar o con la esperanza atinar a elegir un presidente capaz de reducir la tasa de desempleo más alta en América Latina: la de nuestro país que, de acuerdo con el Anuario Estadístico de 2009 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es del 14%. Y que, en el primer trimestre de este año, de acuerdo con el DANE, fue de 13%.
Es decir que en Colombia hay 2,5 millones de desempleados, sin contar con 6 millones de subempleados que, en medio de la eterna búsqueda laboral, contratos sin prestaciones o garantías que se acaban en un par de meses, entre otros contratiempos, esperan con ansias que el próximo mandatario ya no sólo le apueste a términos como “seguridad democrática” sino también a la generación de empleo.
De hecho, el propósito del actual gobierno que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 de disminuir la tasa de desempleo a menos de un dígito en 2010 (8,8%) no se ha cumplido. Mucho menos el de reducir la tasa de pobreza a 39% e indigencia a 8,0%. Y, si de desigualdad se trata, al finalizar el actual periodo hacemos parte del deshonroso grupo de países con muy alta desigualdad, de acuerdo con el informe Estado de las ciudades del mundo de la ONU.
Confianza inversionista
Las cifras demuestran que el proyecto bandera de los ocho años del gobierno Uribe, la confianza inversionista, a pesar de haber duplicado la inversión, no se ha traducido en reducción del desempleo, pobreza y, mucho menos, desigualdad.En general, la lógica de la confianza inversionista consiste en que se debe dar una serie de facilidades y garantías al sector privado para que pueda ganar rentabilidad y, por consiguiente, invertir. Al final, se supone que el aumento en la inversión se traducirá en generación de empleo.
¿Por qué el resultado final de la ecuación no es el esperado? Para César Ferrari, docente del departamento de Economía de la Universidad Javeriana, la reducción de la tasa de impuestos sólo ha beneficiado al sector primario (minería, petróleo y carbón) que no es intensivo en mano de obra y, por consiguiente, no genera empleo.
En cambio el sector manufacturero, explica Ferrari, que sí necesita de mano de obra, no se ve beneficiado por las exenciones tributarias porque se ve afectado por la otra política que, simultáneamente, promueve el Gobierno: tasas de interés altas y tasa de cambio revaluadas.
Jorge Iván González, ex director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, agrega que el actual gobierno falló al darle exenciones a las grandes industrias sin exigirles nada a cambio: por ejemplo, en cuanto a generación de empleo. Además, advierte que las facilidades para el sector primario consolidaron la actividad extractiva pero no se avanzó en un proceso de industrialización.
Alejandro Gaviria, decano de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, añade que la principal razón de que la confianza inversionista no genere oportunidad laboral estriba en el sesgo antiempleo del modelo: “se encarece la contratación de mano de obra, se abarata la acumulación de capital y se subsidia la informalidad laboral, lo que termina cerrando un círculo vicioso bastante complicado”.
¿Modelo económico?
En general, los economistas consultados consideran que los mayores problemas de la política desarrollada por el gobierno Uribe son la escasa claridad en los objetivos y la falta de coherencia y consistencia de la política económica. De hecho, Salomón Kalmanovitz, decano de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, manifestó en su columna de El Espectador del 14 de febrero de este año que no estaba seguro de que “el chamboneo y la incoherencia con que se han aplicado las políticas públicas de la administración Uribe ameriten agruparlas como un modelo económico”.
A su vez, Alejandro Gaviria afirmó en su columna de El Espectador del 21 de marzo de 2009 que los economistas opinan que “los problemas de la economía son en buena medida producto de la improvisación, del activismo desordenado que caracteriza al Gobierno. Los economistas critican la tendencia del Presidente de crearle un subsidio a cada problema, señalan la falta de coherencia de la política económica: la suma de muchas partes y la falta de un todo coherente”.
De hecho, Gaviria explicó a Cien Días que “el modelo económico de los últimos ocho años ha tenido dos elementos principales: la promoción de la inversión sustentada en las exenciones tributarias y el incremento de los subsidios focalizados entre los cuales sobresalen el Régimen Subsidiado y Familias en Acción. El modelo tiene dos manos: una derecha que reparte favores tributarios y una izquierda que entrega subsidios. En esencia tiene dos problemas: puede ser insostenible fiscalmente y al mismo tiempo es cuestionable socialmente pues no parece capaz de lograr una mejoría sistemática de las condiciones de vida de la población”.
Y agrega que la recuperación de la inversión es una fortaleza de la política impulsada por Uribe. “Pero la inversión no debe ser un fin en sí mismo. El empleo, no la inversión, debería ser el objetivo de muchas decisiones económicas. Como no lo ha sido, la principal debilidad del modelo es la generación de empleo formal”.
Según Ferrari, los últimos ocho años ha habido un interés casi exclusivo por la baja de inflación sin consideración de los otros objetivos básicos de política económica que son crecimiento elevado y sostenido y distribución del ingreso. “Es una percepción equivocada de lo que se debe hacer en política económica y, precisamente, esa es la debilidad más grande del modelo”.
Retos para el siguiente gobierno
En general, los expertos consultados por Cien Días consideran que la principal tarea que deberá emprender el próximo mandatario es la creación de una nueva reforma tributaria. Según González, es necesario volver a cobrar impuestos, en particular a los estratos altos, para crear condiciones de infraestructura y programas sociales que aumenten la calidad de vida, generen un ambiente favorable a la inversión y, simultáneamente, promuevan la producción interna (mediana y pequeña empresa), de tal manera que se genere empleo.
Adicionalmente, Kalmanovitz considera que se debe “mantener el gasto creciendo por debajo del crecimiento del producto para reducir el déficit fiscal progresivamente e impedir que la deuda pública se torne explosiva. A su vez, es necesario eliminar los parafiscales para los salarios más bajos y mantenerlos para los más altos, hacer que el salario mínimo no se eleve por encima de la inflación y buscar el empleo de jóvenes primerizos con contratos de aprendizaje por debajo del mínimo. Además, se debería subsidiar el empleo y quitar todas las gabelas para el capital y aumentar los subsidios para la construcción de vivienda de interés social y para la clase media”.
Gaviria añade que el próximo presidente “deberá iniciar su mandato eliminando
las exenciones a la inversión, especialmente en los sectores de minería, hidrocarburos y servicios públicos. Además, tendrá que revisar con cuidado el gasto militar y contener el crecimiento de los subsidios a la informalidad”. En síntesis “el próximo mandatario deberá tener claros sus objetivos y ver todo el panorama pues, al final, lo que cuenta es el mix de políticas: no un solo incentivo sino la combinación de varios”, enfatiza Ferrari.
¿Alguien puede salvarnos?
Durante la campaña electoral por la presidencia de la República no ha habido un gran debate económico. La opinión pública se ha visto bombardeada por eslóganes, alianzas y hasta información sobre la salud de los candidatos, pero no sobre lo que realmente cuenta: qué piensan hacer para reducir el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
Para González, el más claro en materia económica es Rafael Pardo, candidato liberal, quien dijo al diario El Espectador que, de llegar a la Casa de Nariño, eliminará las “exenciones a las empresas existentes y las concentrará en las nuevas” de tal manera que “sean estímulo para la generación de empleo, más que a la importación de bienes de capital” pues, afirma en su página web que “en Colombia es más costoso emplear gente que hacer inversiones de capital y esto tiene que cambiar”.
Además, propone bajar el impuesto de renta de las sociedades y aumentar el de las personas que reciban dividendos. Adicionalmente, intervendrá para que los Fondos de Pensiones sean quienes financien los proyectos de infraestructura del Estado e impulsará un adecuado recaudo de impuestos que permitan la aplicación de una política redistributiva. A final de cuentas, cree en la inversión pública como una posibilidad fundamental para generar empleo.
Con su lema Trabajar, Producir y Progresar Noemí Sanín, candidata conservadora, busca acompañar y fomentar la creación de empresa y la responsabilidad social para, posteriormente, generar empleo. Sin embargo, en lo que hasta el momento ha divulgado a la opinión pública, no parece tener un plan económico sólido sino una serie de iniciativas encaminadas a financiar a las pequeñas y medianas empresas que, desde una perspectiva más amplia, no quieren separarse ni reformar las medidas que hasta ahora ha tomado Uribe: no eliminará los subsidios sociales ni económicos actuales y tampoco abandonará las políticas dirigidas a estimular la inversión extranjera. No queda claro qué hará en materia de recaudación de impuestos.
Por la misma línea se encuentra Juan Manuel Santos, candidato del partido de la U. No propone una reforma sustancial en cuanto a políticas de redistribución, sino que se centra en premiar los emprendimientos de empresarios pequeños, medianos y grandes para que creen puestos de trabajo bien remunerados. El candidato considera que existen cinco “sectores locomotora” de nuestra economía: infraestructura, agro, vivienda, innovación y minería. Este último, un sector beneficiado por la confianza inversionista que ha demostrado no ser generador de empleo. Como novedad, propone crear el Ministerio del Trabajo y el Desarrollo Laboral para que se responsabilice por la política de empleo y capacitación para el trabajo.
En la otra orilla, se encuentra Gustavo Petro, candidato por el Polo Democrático Alternativo, quien tiene una propuesta más radical que sus contenedores, pues busca democratizar el crédito a partir de la creación de cuatro bancos públicos: el de la mujer, el Banco del Joven, el Banco de Vivienda y el Banco Agrario. A su vez, propone crear las comunidades solidarias de empleo con capacidad para emitir moneda virtual, de tal forma que se democratice el poder de emisión. Además, propone crear un crédito agrario y construir un modelo de desarrollo económico alrededor de la producción de alimentos y la industria agroalimentaria.
Por su parte, Antanas Mockus, candidato del Partido Verde propone crear una política económica ordenada, eficiente y equilibrada que promueva la educación, tecnología, ciencia, innovación, emprendimiento y cultura como motores de desarrollo del país. A su vez, considera necesario recuperar la política productiva para el sector servicios, industria y comercio, así como fortalecer el mercado interno a través de la protección de industrias nacientes.
Mockus afirma que para generar empleo es necesario crecer de manera sostenida a un ritmo de más del 4% anual y, simultáneamente, un gran esfuerzo público y privado en educación, así como apoyo para convertir el talento y el conocimiento en alternativas de vida y generación de ingresos. Por eso, propone orientar los recursos y las políticas públicas de tal manera que promuevan procesos de formalización laboral y empresarial.
Cada propuesta, entonces, tiene una manera diferente de resolver un mismo problema. Algunos, a través del fortalecimiento de la creación de empresa, otros añaden la orientación de los recursos públicos hacia una política redistributiva. Lo que es claro para los economistas consultados por Cien Días es que, más allá de la contienda electoral basada en rumores y discusiones diarias, el siguiente mandatario deberá enfrentar de manera urgente el tema económico, sobre todo en materia de desempleo y, para lograrlo, tendrá que tener todo el panorama claro como una totalidad y no una visión de caballo cerril que le impida ser capaz de ver todo el bosque.◙
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* Periodista del equipo de comunicación CINEP/PPP
Publicado en la revista virtual Cien Días vistos por CINEP/PPP No 69, mayo de 2010
Por Lucía Camargo Rojas*
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), manifestó sus impresiones a Cien Días acerca de las pasadas elecciones legislativas y sus recomendaciones para las presidenciales. Asegura que las del 30 de mayo serán diferentes a las de hace cuatro años porque la competencia es muy cerrada.
¿Qué anomalías se produjeron en la etapa preelectoral de las pasadas elecciones legislativas?
Se pueden delimitar tres anomalías generales: inscripción de cédulas, financiación ilegal de las campañas políticas y participación en política de funcionarios públicos.
En materia de inscripción de cédulas las irregularidades se efectuaron a través del proceso que se conoce como la zonificación de votantes. Este es generalmente el primer eslabón de la cadena de acciones que permite controlar, por parte de los capitanes y líderes de zona, la votación de los ciudadanos.
Por otro lado, constatamos cómo la financiación ilegal de las campañas se convirtió en el factor con mayor capacidad de distorsión de los procesos electorales en Colombia pues hace que los costos se incrementen de forma descontrolada y, además, es la base económica para la compra y venta de votos en cualquiera de sus modalidades.
Por último, está la participación en política de funcionarios públicos, que va de la mano, en la mayoría de los casos, con la presión de los subalternos para el respaldo a determinadas campañas. La excesiva publicidad por parte de algunos candidatos, como la presión a electorales bajo la amenaza de la pérdida al acceso a programas gubernamentales subsidiados, fueron las otras dos conductas con mayor visibilidad en la contienda electoral.
¿Qué irregularidades se presentaron el día de las elecciones?
El día de las elecciones se consuman varias de las conductas irregulares que se inician o acuerdan en el período preelectoral. Así, la MOE pudo constatar cómo ese día se efectuó el pago final del voto, se contrataron menores de edad para verificar o “campanear” la intención de los votos previamente negociados, se repartió propaganda al interior de los puestos de votación, se suplantaron votantes y jurados de votación, se manipuló la votación de los adultos mayores y, al momento del preconteo, los jurados de votación, delegados de la Registraduría o digitadores previamente negociados alteraron los resultados electorales.
Entre todos los mecanismos de fraude que ha observado la MOE ¿Cuál es el más efectivo?
La manipulación de los formularios electorales se convirtió en el mecanismo de fraude más efectivo porque puede modificar totalmente el resultado: un candidato puede tener 10 votos y pasar a 100, o haber obtenido 140 y terminar con 15. Más que la suma específica de un voto se termina pagando unos jurados quegarantizan una mayor modificación de los resultados.
Un ejemplo se dio en el municipio de Buenaventura, en el que una persona votó 14 veces con diferentes cédulas y la misma huella dactilar. En este caso es indudable que se debió haber pagado a los jurados.
¿Cómo ha visto la transparencia en el proceso electoral de las elecciones para presidencia?
Las elecciones para la Presidencia de la República funcionan de manera totalmente diferente que las de Congreso. En primer lugar, el porcentaje de abstención disminuye porque hay mayor presión del voto de opinión.
En segundo lugar, el proceso electoral de este año es completamente diferente a los dos últimos porque hay una competencia muy cerrada: uno con una muy fuerte plataforma de opinión y otro con una sólida maquinaria partidista. En cambio, en las pasadas elecciones era evidente que la estructura de favorabilidad se inclinaba en más de un 50% por Álvaro Uribe. Por lo tanto, no había un riesgo de fraude tan alto en las urnas.
Para la MOE, que se creó en 2006, esta sería la primera vez que se observan unas elecciones en las que no hay un solo candidato favorito. En esa medida, nos encontramos evidenciando cuáles serían las irregularidades que se podrían presentar. Hasta el momento, la única anomalía que hemos observado y denunciado es la participación en política de funcionarios públicos.
Además, como es la primera vez que observamos una elección en donde Uribe no es candidato y en que la diferencia es estrecha, estamos muy atentos para identificar las pautas que nos sirvan para posteriores observaciones y recomendaciones.
¿Han detectado irregularidades en la financiación de las campañas para presidencia?
En primer lugar, es necesario aclarar que, en materia de control de financiación, hay una gran diferencia entre la campaña al Congreso y la presidencial.
A pesar de que el Consejo Nacional Electoral establece topes de financiación para las elecciones de Congreso los partidos entregan informes de la misma sólo hasta después de las elecciones. En otros países, en cambio, el origen, monto y destino de la financiación de las campañas se sabe antes de las elecciones y no después. Este hecho posibilita que lleguen recursos ilegales a las
campañas provenientes de otro tipo de mafias que no pasan por el sistema y que no aparecen en la contabilidad. Además, también se da otra forma de financiación ilegal a través de empresas que contratan con el Estado y que una vez gana el candidato tienen la garantía de que volverán a ser contratadas.
En cambio, en la campaña presidencial los candidatos reciben un anticipo de 5000 millones de pesos por parte del Estado que les evita tener que buscar financiación por otra parte. A esto se le agrega que con el antecedente del proceso 8000 las campañas han establecido los más altos niveles de control, lo que demuestra cómo este proceso marcó la forma de hacer política en las campañas para presidencia.
¿Qué recomendaciones hace la MOE para las elecciones del 30 de mayo y, en general, para el proceso electoral colombiano?
Claramente estamos abocados a una reforma política en donde se replantee la financiación de las campañas y el diseño del sistema electoral.
En ese sentido, el Congreso tiene que tomar la decisión de generar las medidas necesarias: informes previos del origen de los recursos de las campañas, una formación muy fuerte a los jurados para hacer más transparente el proceso y un estricto control a los jurados de votación.
¿Podría haber jurados comprados en las elecciones para presidencia?
Creo que la única forma de prevenir que en las elecciones de presidencia los jurados cambien los resultados consiste en que la Fiscalía investigue esas mesas en donde hubo anomalías para las elecciones de Congreso, de tal forma que los nuevos jurados se den cuenta que incumplir la ley se castiga. Lamentablemente, en este momento no hay investigación por parte de la Fiscalía ni sanción por parte de la justicia. Si hubiera sanción los jurados recibirían el mensaje y se impediría que alteraran los resultados.
Luego de todo el proceso de observación que ha realizado la MOE, ¿qué recomendaciones tienen para el proceso de elección del presidente del próximo 30 de mayo y para futuros procesos electorales en Colombia?
En primer lugar, la Registraduría debería cerciorarse de que los jurados de votación que incumplieron la ley en las elecciones para Congreso no sean los mismos que estén en las presidenciales. Esto es muy difícil de controlar porque a medida que los municipios son más pequeños los jurados son los mismos.
Por otro lado, la Registraduría debe hacer un proceso fuerte a la hora de formar a los jurados de votación. Aunque en este momento se encuentre haciendo el ejercicio de capacitación no es suficiente que se haga tan sólo faltando un mes para las elecciones y, mucho menos, en condiciones cuestionables como, por ejemplo, salones para 200 personas.
Finalmente, el Estado debe encargarse de sancionar a los funcionarios públicos que incurran en las elecciones.
¿Aparte de hacer las denuncias, qué más hace la MOE para fomentar unas elecciones transparentes?
Nosotros presentamos la información que recopilamos a los partidos y la ciudadanía y, a su vez, le entregamos recomendaciones a las autoridades. También hacemos un seguimiento permanente del tema en el Congreso y le suministramos información a los congresistas para que se pueda impulsar una reforma política que mejore el sistema electoral. A final de cuentas, ese es nuestro objetivo principal.◙
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* Periodista del equipo de comunicación CINEP/PPP.
Foto: CCB
Cuando Roberto Canessa partió, junto con otros 39 pasajeros y 4 tripulantes, hacia Santiago de Chile en el avión Fairchild Fokker F27, nunca imaginó que tendría que enfrentar una de las situaciones más difíciles de su vida.Lucía Camargo Rojas
Publicado en www.bogotaemprende.com en noviembre de 2009.
Foto: CCB
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